La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es la primera meta de la actual ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, tan pronto como revalide su cargo con al frente de la cartera tras la investidura de Pedro Sánchez. Ya lo había advertido durante la campaña electoral, pero este lunes lo ha confirmado en la primera reunión de su grupo parlamentario tras la firma de los acuerdos del PSOE con Junts, ERC y PNV. "Con carácter inmediato, vamos a convocar a los agentes sociales para seguir subiendo el SMI" ha anunciado, una noticia que celebran desde los sindicatos mientras que los empresarios no ocultan su rechazo a otro aumento.
El anuncio de esta convocatoria que podría darse en las próximas semanas, dado que la investidura tendrá lugar los días 15 y 16 de este mes, llega en un momento delicado para las relaciones entre el Gobierno y los empresarios. CEOE se ha mostrado muy crítica este lunes con los acuerdos alcanzados por el PSOE, incluido el cerrado con Sumar, condenando el "clima para los negocios cada vez más difícil" que perjudica al crecimiento económico, la creación de empleo y la atracción de inversores. Algo que suma a los desencuentros escenificados a lo largo del 2023, en el que los sindicatos, la patronal y el Gobierno solo han firmado un acuerdo para la seguridad en el trabajo; en cambio, la firma de los empresarios no apareció en el Estatuto del Becario o en la segunda parte de la reforma de las pensiones.
El último acuerdo a tres bandas sobre el SMI se dio en 2020, cuando las dos partes del diálogo social pactaron con el gobierno de coalición recién llegado a La Moncloa la subida del SMI hasta los 950 euros. La ocasión se retrató con una firma en la que participaron el entonces vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la titular de Trabajo e incluso el presidente del Gobierno, junto a los líderes sindicales y patronales. Sin embargo, los empresarios se apartaron del siguiente incremento con el que se alcanzaron los 1.000 euros, así como al sucesivo, con el que se fijaron los 1.080 euros en 14 pagas actuales.
Por lo que casi cuatro años después, el escenario es muy diferente y los empresarios ya condenan abiertamente el recurso a los incrementos del SMI como vía para subir los salarios de forma generalizada, una actuación que tachan de intervencionista. Desde CEPYME, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, reprochan que se recurra a esta facultad del Gobierno para elevar el salario mínimo en todo el país con el objetivo de alcanzar el 60% del sueldo medio, ya que este representa incluso el 80% en las provincias más afectadas por la despoblación con baja actividad económica.
En cada intervención, así como en el comunicado difundido este lunes para valorar los acuerdos cerrados por el PSOE de cara a la investidura, los empresarios recalcan que seguirán participando en el diálogo social con "lealtad institucional" en la línea del papel que les asigna la Constitución. No obstante, parece improbable que estos brinden su apoyo a un nuevo incremento que según ha indicado la ministra vendrá pautado nuevamente por la comisión de expertos nombrada por la cartera y en la que los agentes sociales no tienen representación. Desde que el grupo fue creado en 2021, la subida se ha llevado a cabo sin el beneplácito de las patronales.
El año pasado la Comisión Asesora para el Análisis del SMI de la que formaba parte el entonces director del gabinete económico de CCOO y ahora diputado de Sumar, Carlos Martín, propuso una horquilla que iba desde los 1.0320 a los 1.082 euros. Tras conocer el informe la CEOE abogó por una subida del 4% hasta los 1.040 euros, la cual era superior a la pactada en los convenios porque compartían la necesidad de ayudar a los trabajadores a hacer frente a la subida generalizada de precios. Sin embargo, la patronal no acudió a ninguna de las dos reuniones convocadas por Díaz para abordar la cuestión por no contar con una propuesta en firme y finalmente, el Ministerio se se decantó por aumentarlo hasta los 1.080 euros con el respaldo de los sindicatos.
