La ministra se desvincula 

Díaz mira a otro lado ante la crisis del SEPE y culpa a los recortes de Montoro

El Ministerio de Trabajo evita pronunciarse sobre las protestas de la plantilla y echa balones fuera respecto al agravio comparativo con los funcionarios de la Seguridad Social.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso
Díaz mira a otro lado ante la crisis del SEPE y culpa a los recortes de Montoro.
EUROPA PRESS

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, guarda silencio ante el estallido de la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que depende de su departamento. Los funcionarios han llegado al límite por la saturación laboral que está suponiendo la avalancha de solicitudes de prestaciones por desempleo que ha provocado la pandemia de la Covid-19 y así se lo han hecho saber a la responsable del área laboral del Gobierno, de la que a día de hoy no han obtenido respuesta. La Información ha preguntado al Ministerio por este asunto y han rechazado pronunciarse al respecto, no sin matizar que el origen de la situación que atraviesa la plantilla del SEPE está en los recortes que llevó a cabo el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante los sucesivos gobiernos del PP.

Tanto Díaz como el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, han recibido durante los últimos días centenares de quejas de funcionarios del organismo público. Según los escritos a los que ha tenido acceso este medio, denuncian una "brutal" carga de trabajo, estrés, presión e incluso "ataques de ansiedad", y amenazan con ir a la huelga si el Ejecutivo no pone solución a esta situación. Además, responsabilizan directamente a la ministra de haber hecho creer a los ciudadanos que iban a cobrar sus prestaciones en tiempo y forma, cuando a su juicio era consciente de que iba a suceder todo lo contrario debido al colapso que ha provocado la ingente cantidad de prestaciones que ha tenido que gestionar la mermada plantilla del SEPE.

En público, además de defender en reiteradas ocasiones el esfuerzo de los funcionarios del SEPE, la propia Díaz ha culpado de esta merma de la plantilla a los recortes del PP. En privado, su equipo difunde el detalle de la evolución de efectivos durante los periodos de Montoro como ministro de Hacienda, Hacienda y Administraciones Públicas y Hacienda y Función Pública, respectivamente, y señalan que "a 31 de diciembre de 2000, el SEPE tenía 10.136 efectivos y a 31 de diciembre de 2003, 7.307 efectivos"; añaden que "entre 2004 y 2011 el personal aumentó en 2.063 personas" y especifican que a finales de 2011 había 9.370 trabajadores y a 30 de junio de 2018 eran 7.639. Por último, concluyen que "a fecha de hoy, en el Servicio Público de empleo trabajan 8.321 personas".

Trabajo insiste en destacar que se han incorporado 1.000 efectivos de refuerzo tras el estallido de la pandemia, sin embargo, fuentes sindicales aseguran que la incorporación del personal interino está siendo muy paulatina y no llega a cubrir las necesidades reales del SEPE en estos momentos. Según las cifras que maneja la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a nivel interno, ahora mismo están incorporadas solo 820 de esas 1.000 personas. En cualquier caso, "el refuerzo es de un 10% de personal para un trabajo que supone un incremento del 500%", tal y como recordaba hace unos días Luis Deleito, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía del sindicato USO. 

El coordinador nacional de CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano, advierte de que más allá de las cifras, lo que necesita la plantilla es personal cualificado y capaz de tramitar las prestaciones por desempleo, un trabajo técnico y complejo que requiere conocimientos específicos. Galdeano hace hincapié en que "a consecuencia del parón del tejido productivo, ocho millones de personas solicitaron su prestación por desempleo de golpe y aun trabajando a destajo, todos los días de la semana, ha sido imposible tramitar todas las solicitudes". El coordinador sindical cuestiona al Ministerio de Trabajo cuando asegura que se han abonado el 98% de todas las prestaciones de los ERTE presentados desde el inicio de la pandemia, porque según los datos que él maneja aún no se han tramitado en torno a medio millón de prestaciones.

Reapertura de las oficinas

CSIF tenía previsto reunirse con el director general del SEPE el pasado jueves, pero finalmente el encuentro se canceló y se pospuso al próximo martes. Entre los asuntos a tratar, el tema principal será la fecha de la reapertura al público de las oficinas. El sindicato exigirá que las oficinas permanezcan cerradas hasta que se estabilice la carga de trabajo y se garanticen unas mínimas condiciones de seguridad no solo sanitaria, sino también física, pues la tensión entre los ciudadanos afectados por retrasos en los pagos de prestaciones es elevada y muchas oficinas ni siquiera disponen de servicio de vigilancia. En este sentido, los funcionarios piden no volver a sentarse de cara al público hasta el mes de septiembre.

Otro de los asuntos a tratar en la reunión será el agravio comparativo con los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los trabajadores del SEPE han denunciado las condiciones "radicalmente distintas" en las que sus compañeros van a enfrentarse a la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, con un plan de gratificaciones que fija en 21 euros la hora extraordinaria con un límite máximo de 3.600 euros por trabajador. El Ministerio de Trabajo, sin embargo, echa balones fuera sobre este asunto y asegura que el establecimiento de este tipo de compensaciones corresponde a los ministerios de Hacienda y Función Pública. Fuentes sindicales, por su parte, afirman que es Trabajo el que debe pedir la autorización pertinente a estos departamentos, como en el caso de la incorporación del millar de interinos.

Galdeano matiza que durante estos duros meses de jornadas maratonianas para hacer frente a la ingente carga de trabajo los funcionarios del SEPE nunca han solicitado ningún tipo de compensación económica que gratifique este sobreesfuerzo. Sin embargo, se han visto obligados a abordar esta cuestión tras conocer el plan de gratificaciones que se va a aplicar a los compañeros de la Seguridad Social "por hacerse cargo de la gestión de una sola medida extraordinaria (el IMV) que afecta a 850.000 personas, mientras el SEPE asumió hasta siete medidas de protección extraordinarias afectando a más de cinco millones de personas y de un día para otro, sin tan siquiera poder organizar a la plantilla y las herramientas que deberían acometer tal avalancha".

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