El Ministerio de Trabajo ha convocado este lunes una nueva reunión con las organizaciones sindicales y empresariales para abordar el anteproyecto de ley del trabajo a distancia. Tras una primera toma de contacto en la que quedaron patentes insalvables diferencias respecto al contenido de la norma y a la unilateralidad de Yolanda Díaz en esta cuestión, los interlocutores sociales llegan a este encuentro con la aspiración de que el Ministerio haya introducido en el texto algunas de sus aportaciones. "Si no es así, no habrá acuerdo posible", zanjan desde ambos lados del diálogo social.
Los agentes sociales vuelven a tomar el pulso de la negociación después de que el pasado 8 de julio una primera cita para iniciar este diálogo acabara con un duro comunicado de la patronal. En una nota conjunta, CEOE y Cepyme calificaron el texto elaborado por el Ministerio de Trabajo de manera unilateral como "desequilibrado", de enfoque "errático" y "apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores". Los empresarios consideran que con la redacción actual, esta norma "lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación". El enfoque de Díaz, a su juicio, "no aporta la confianza y la seguridad necesarias para generar inversiones y empleo".
En la reunión de hoy se espera que el Ministerio aporte un nuevo documento en el que integre las aportaciones de la patronal y los sindicatos, que durante la semana pasada enviaron a Trabajo sus alegaciones al anteproyecto de ley. Este gesto por parte de Yolanda Díaz será clave para que tanto los empresarios como los representantes sindicales se muestren dispuestos a abordar esta discusión, toda vez que el texto inicial fue elaborado por el equipo ministerial sin haberles sido consultado previamente. De hecho, el anteproyecto fue enviado al Consejo Económico y Social (CES), el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, en su versión inicial, algo que tampoco ha sentado bien a los interlocutores.
Los empresarios están inquietos por el devenir de esta regulación, sobre todo en lo que tiene que ver con los costes que van a tener que asumir y con la flexibilidad de horarios. El texto, en su versión inicial, fija que "el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado en su totalidad por la empresa" y recoge el derecho al horario flexible, de manera que la persona que se encuentre teletrabajando "podrá alterar el horario de prestación de servicios establecido respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y de descanso, salvo, en su caso, en cuanto a los tiempos de disponibilidad obligatoria o los límites que al respecto hubieran podido establecerse en el acuerdo de trabajo a distancia". Son temas que los empresarios consideran que deben tratarse en el seno de la negociación colectiva con los trabajadores.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado públicamente el anteproyecto de ley por considerar el teletrabajo como un derecho, asegurando que aunque "el teletrabajo ha llegado para quedarse, como una herramienta muy interesante para las empresas y para la conciliación familiar, la organización del empleo la hace la empresa". El líder empresarial considera que esta modalidad de trabajo a distancia es "una herramienta que ayuda, pero en ningún caso como un derecho, porque en ese momento no se contratará". "Por eso hay que hablarlo en el marco del diálogo social y la negociación colectiva", zanjaba en una entrevista con 20Minutos.
El posicionamiento de Garamendi viene inspirado en gran medida por las presiones que desde el Ibex 35 se han sucedido en los últimos días. Como se informó en estas páginas, los máximos responsables de las compañías del selectivo español se han puesto en contacto con la patronal para intentar frenar esta ley o, al menos, introducir modificaciones que amortigüen en gran medida el impacto que va a suponer para el desempeño de sus empresas la consideración del teletrabajo como un derecho voluntario, sufragado al 100% por el empresario y que permite horarios flexibles y negociables. En el Ibex consideran que, tal y como está planteada, la norma "rompe las relaciones laborales en la empresa".
Los sindicatos, por su parte, también han criticado que se les excluyera del diseño inicial del anteproyecto de ley. Asimismo, han mostrado sus reticencias respecto al contenido, en el caso de UGT, por considerar que la norma debe contemplar el teletrabajo como un derecho generalizado, en una ley que sirva de paraguas a la negociación colectiva, pero en ningún caso vinculado exclusivamente a la conciliación o los cuidados, porque a su juicio eso supondría convertirlo en una herramienta de discriminación laboral. CCOO, por su parte, considera que el anteproyecto es oportuno y necesario en el momento actual y ante la escasez de regulación al respecto y consideran esencial profundizar en la norma a través del diálogo social.
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