La vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias pone este martes sobre la mesa del Consejo de Ministros un amplio informe sobre la implementación de la Agenda 2030 en España, una suerte de declaración de intenciones no vinculante pero que pretende servir al Gobierno como hoja de ruta en el ámbito social y económico durante los próximos 10 años. Una de las propuestas planteadas en el documento con más impacto en materia de protección social -y también desde el punto de vista presupuestario- pasaría por acometer una reforma íntegra del sistema de protección por desempleo para ampliar la cobertura a un mayor número de parados, una iniciativa que ha defendido públicamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que en la práctica supondría una importante inyección adicional de recursos públicos.
Sobre el papel, una vez superada la primera "etapa crítica" de esta crisis, la mejora de estas ayudas será fundamental para no dejar "a nadie atrás". Así consta en el informe 'Reconstruir lo común, la implementación de la Agenda 2030 en España' al que ha tenido acceso La Información y que debate hoy el Consejo de Ministros. "Es necesario acometer una reforma del sistema de protección con un nuevo modelo de subsidio que aporte mayor seguridad jurídica, y que refuerce y extienda la protección para dar cobertura a todas las personas que lo precisen", insta el documento que examina el nivel de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU y que incluye los retos derivados de la crisis sanitaria, económica y social y la respuesta del Gobierno para hacer frente a sus consecuencias.
Se trata, por tanto, del primer informe oficial en el que el Ejecutivo rinde cuentas sobre su gestión de la pandemia, desde la perspectiva, eso sí, de la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que Iglesias "se adelanta" así a la vicepresidenta económica Nadia Calviño, llevando al Consejo de Ministros su propio "plan de reconstrucción". A lo largo de más de 200 páginas se recopilan los objetivos de la coalición progresista para la próxima década, como "aumentar la progresividad y capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal", "fortalecer nuestros sistemas de protección social" o "reconstruir un nuevo modelo productivo, apoyado en una reindustrialización verde, sostenible y conectada". Transformaciones estructurales que son más necesarias tras la crisis de la Covid-19, tal y como sostiene el argumentario redactado por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.
En este contexto, se insta a "mejorar la cobertura y profundizar en la protección por desempleo" para no dejar "a nadie atrás". La idea que subyace en este enunciado fue puesta sobre la mesa de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica el pasado 11 de junio por la ministra de Trabajo, quien anunció la intención del Gobierno de llevar a cabo esta reforma porque, según aseguró, "hay márgenes y periferias de precariedad e informalidad difíciles de amparar". Por eso, apostó por "reformular el sistema de protección en su fase asistencial, con cambios en el subsidio de desempleo, simplificando su estructura, llegando a más gente y facilitando los criterios de acceso".
De este modo, la intención es aumentar la parte de la cobertura de la protección pública para personas desempleadas que no depende de la contribución del trabajador, sino de determinadas responsabilidades familiares y otros requisitos que establece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una vez que se ha consumido la prestación contributiva. Son ayudas que oscilan entre los 430 y los 712 euros mensuales y que en estos momentos cobran en torno a 1,2 millones de personas en España, según los datos más recientes del pasado mes de mayo.
"Hay márgenes y periferias
de precariedad e informalidad
difíciles de amparar"
Tanto en el área de Derechos Sociales como en el Ministerio de Trabajo, tándem principal del flanco de Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición con el PSOE, consideran que antes de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital existían situaciones de precariedad laboral en las que la prestación contributiva no llegaba y el subsidio se quedaba corto y por ello han empezado a presionar dentro del Consejo de Ministros para ampliar el paraguas de protección sobre el colectivo de los parados y amortiguar así parte del impacto de la crisis económica derivada de la pandemia.
Alcanzar una cobertura del 80%
Fuentes del Ministerio de Trabajo garantizan que todos estos cambios se tratarán en el ámbito del diálogo social, de manera que tanto la patronal como los sindicatos podrán hacer sus aportaciones. Hay que recordar que Díaz ya ha trasladado a los interlocutores un borrador de Real Decreto sobre políticas activas de empleo, sin embargo todavía no ha concretado qué cambios específicos pretende acometer en la reforma del sistema de protección por desempleo. Lo único que ha constatado, de momento, es que la tasa de cobertura (el porcentaje de personas registradas como paradas que disponen de prestación o subsidio) era en marzo de 2017 del 55% y en el mismo mes de este año había ascendido al 62,5%. Un avance insuficiente si se tiene en cuenta que antes de la crisis de 2008 la cobertura era del 80%.
Díaz propuso al Congreso avanzar hacia "un nuevo modelo de subsidio que procure mayor seguridad jurídica, que refuerce la protección, que mejore la cobertura, evitando los riesgos de conflicto competencial con otros programas de rentas y que nos pueda situar en línea con el modelo de protección social de los países de nuestro entorno". Todo ello, para "avanzar en un gran objetivo social, que es dar cobertura a todas las personas que lo precisen". Ahora la vicepresidencia de Iglesias recoge en su informe, con una redacción muy similar al discurso ofrecido por la titular de Trabajo, la necesidad de llevar a cabo esta reforma para no dejar "a nadie atrás" ante la profunda recesión que va a sufrir la economía española este año, según vaticinan todas las previsiones de organismos nacionales e internacionales.
En esta misión Iglesias y Díaz se encontrarán de frente con la vicepresidenta Calviño y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que a la espera de las ayudas europeas ya han iniciado el repliegue del escudo social para empezar a cerrar el grifo del gasto, por ejemplo en el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ampliados hasta septiembre, pero con cada vez menos descuentos en las cotizaciones sociales. En el Consejo de Ministros de este martes tendrán vía libre para hacer sus planteamientos ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que por la tarde continúa su ruta por Europa -hoy se ve con la canciller alemana, Ángela Merkel y por la noche viaja a Suecia- precisamente para intentar acercar posiciones de cara la negociación del fondo de recuperación que se llevará a cabo en la cumbre de los días 17 y 18 en Bruselas.
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