Una retribución mínima de 7,43 euros por cada hora de trabajo, de 89,16 euros mensuales si el contrato es de tres horas a la semana o de 148,6 euros si se trata de 20 horas al mes. El Ministerio de Trabajo ha decidido activar una 'campaña informativa' para garantizar que la escalada que ha experimentado el Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2017 a esta parte - con el controvertido paréntesis, aunque podría ser transitorio, de este año 2021 - ha llegado a las retribuciones que perciben las empleadas del hogar, singularmente difíciles de auditar, de fiscalizar y por tanto de regularizar por el predominio de la contratación por horas en el sector.
Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, sin embargo, cada vez disponen de programas informáticos más avanzados para cruzar la información disponible en sus propias bases de datos con las de otros organismos públicos como la Seguridad Social y la Agencia Tributaria y detectar así indicios de posibles irregularidades. De este modo, el Ministerio ya ha enviado 45.000 comunicaciones a empleadores para instar a la regularización de los salarios y cotizaciones de sus empleadas, en el caso de que no respondan a los parámetros salariales marcados por la legislación vigente y esa cifra, advierten desde el Ministerio, se irá ampliando de aquí al día 31 de marzo, cuando está previsto que finalice esta campaña...justo en vísperas del inicio de la Campaña de la Declaración de la Renta.
Según la información disponible, Trabajo no habría hecho más que empezar a transitar el camino que le va a tocar recorrer. Un informe publicado por UGT en septiembre de 2019 concluía que más de 400.000 trabajadoras del sector - alrededor de un 67% del total - se movían en un rango salarial por debajo del mileurismo y en el entorno del Salario Mínimo Interprofesional. El fenómeno era mucho más acusado entre las empleadas del hogar con relaciones laborales a tiempo parcial, donde este rango retributivo afectaba a cerca de un 80% de las empleadas en esta situación, en tanto que en el caso de las trabajadoras con una relación laboral a tiempo completo ese rango salarial afectaba a alrededor de un tercio del total. Bien es cierto que el informe se realizó a partir de información de la Encuesta de Población Activa y, por tanto, tenía en cuenta tanto a las trabajadoras en alta a la Seguridad Social como las que probablemente se muevan en la economía sumergida, donde el nivel de precariedad es mucho mayor.
Un colectivo en una situación de especial vulnerabilidad
La 'auditoría salarial' en la que se ha embarcado el Ministerio de Trabajo es una de las medidas que figuran en el borrador del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2021, 2022 y 2023, un amplio documento elaborado por el Ministerio, al que ha tenido acceso La Información, que desarrolla una cuarentena de objetivos aglutinados en torno a cuatro ejes: la mejora de la calidad en el empleo, la garantía de los derechos de los trabajadores y la lucha contra la precariedad; el refuerzo de las capacidades de actuación de la Inspección; la modernización del sistema para la prestación de un mejor servicio a los ciudadanos; y la promoción del trabajo decente y la cooperación internacional en la lucha contra el fraude.
La iniciativa de Trabajo se enmarca en el primer eje y constituye un plan pionero para mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras (en su mayoría son mujeres), que se encuentran en una situación de "especial vulnerabilidad" debido, según identifica el Ministerio, "a la no declaración de esta actividad en Seguridad Social, a sus remuneraciones por debajo del salario mínimo interprofesional o a los excesos de jornada". Trabajo explica que el plan busca no solo regularizar los salarios de este colectivo, adecuándolos al nivel del SMI, sino también procurar "una mejor respuesta a las denuncias de irregularidades".
La información estadística disponible apunta que unas 180.000 trabajadoras desempeñan su actividad de manera irregular, según se extrae del cruce de datos entre los registros de afiliación de la Seguridad Social de diciembre de 2020, donde aparecen dadas de alta 381.896 cotizantes -que son a las que afectará la regularización- frente a las 563.100 ocupadas en este sector que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del año.
Hasta el 31 de marzo para regularizar la situación
Los destinatarios de estas cartas tendrán hasta el día 31 de marzo para comunicar el sueldo de sus empleadas a la Tesorería General de la Seguridad Social y, a partir de ese momento, se enfrentarán a importantes sanciones si se detectan irregularidades. El Gobierno tiene previsto elevar los importes de las multas un 20% a partir del 1 de abril -la penalización máxima alcanzará los 224.830 euros, frente a 187.515 euros actuales-, aunque fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz insisten en que la campaña tiene carácter informativo y no sancionador.
Hay que tener en cuenta, además, que la regularización que pone en marcha ahora el Ministerio tiene como referencia la cuantía actualmente fijada para el SMI: para jornada completa, 950 euros al mes en 14 pagas (1.108,33 euros al mes con prorrateo de pagas extras), y para jornada por horas, 7,43 euros la hora. Pero el Gobierno tiene pendiente la actualización del SMI para este año, previo acuerdo con los agentes sociales, de modo que Trabajo indica que, cuando la subida llegue a producirse, los empleadores serán los responsables de comunicar a la Seguridad Social la variación del salario de los trabajadores, en el momento en que se ejecute la modificación normativa.
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