La candidatura de Teresa Ribera, actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, para ser comisaria de Energía empieza a ser una realidad. Parece ser la gran apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para las elecciones europeas del 9 de junio y en el sector dan por hecho su marcha a Bruselas.
Las principales empresas del sector asumen que Ribera dejará el Ministerio tras cinco años y medio en el cargo. Así lo aseguran a La Información fuentes de las principales empresas del sector. Por su parte, fuentes del Gobierno prefieren no hacer comentarios. La propia Ribera se ha mostrado como un "activo importante del PSOE y del Ejecutivo de cara a los comicios comunitarios. "Si acabo siendo yo la persona que tiene la suerte de poder desarrollar esas cosas, lo haré encantada de la vida. Y si es otra persona, ayudaré a la persona que esté", ha afirmado, aunque la decisión le trasciende y corresponde a Sánchez.
Durante más del lustro que ha ejercido como la titular de la cartera energética -y que lo seguirá haciendo si finalmente no se produce su marcha-, se han dado varios encontronazos con el sector. Es de sobra conocida la falta de entendimiento que ha imperado en los últimos años entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las empresas españolas del sector energético. El tira y afloja durante los últimos años ha sido constante y el enfrentamiento más sonado se produjo por el Real Decreto-ley (RDL) 17/2021, de 14 de septiembre. La normativa, que cayó el 31 de diciembre del año pasado, introdujo una minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones estaban percibiendo como consecuencia de la internalización en el precio de la electricidad del alza del gas.
Amenazas con paralizar inversiones en España
Ribera se citó personalmente con los presidentes de Endesa, Naturgy e Iberdrola tras la polémica. El máximo ejecutivo de la última, Ignacio Sánchez Galán, llegó incluso a amenazar con paralizar inversiones en España si el Gobierno no daba marcha atrás. Repsol también ha condicionado parte de sus inversiones en el negocio industrial la evolución del marco regulatorio y fiscal en España
Asimismo, desde el sector se echaron la mano a la cabeza con las subastas obligatorias de energía 'barata'. El Ejecutivo pretendía que las eléctricas dominantes subastaran electricidad entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales. Las empresas alegaron que la medida suponía "quitar energía a unos para vendérsela a otros". Mientras desde las eléctricas cargaban en contra de las pretensiones del Gobierno, Ribera se hacía fuerte en Bruselas y consiguió dar un giro histórico a la postura de la Comisión Europea. Nunca antes se había logrado algo como la 'excepción ibérica'.
En contra de la 'excepción ibérica'
Las grandes eléctricas también se rebelaron contra el mecanismo -que España compartió con Portugal- calificándolo de "intervencionismo", pero, según cálculos de Transición Ecológica, ha proporcionado un ahorro de más de 5.00 millones de euros a los consumidores españoles, además de estabilizar los precios de los mercados de futuros de la electricidad y ayudar a contener la inflación. El impuesto energético ha sido el último escollo que han librado Ribera y el sector, que lo recurrió en tromba e incluso Repsol -con la que Ribera ha tenido sus más y sus menos de manera directa- llegó a pedir cautelares.
Los directivos de las energéticas han repetido en varias ocasiones que desde el Gobierno se han mandado mensajes de que en el país hay "inseguridad jurídica". Sánchez Galán dijo públicamente que España tiene "el honor" de ser reconocido "sistemáticamente" como el país con más riesgo regulatorio de Europa. "El señor Galán, lo ha hecho siempre, defiende los intereses y beneficios de sus accionistas. Al Gobierno lo que le corresponde es defender los intereses de los consumidores españoles", le contestó Ribera en el Congreso de los Diputados.
La nuclear, ¿el último escollo?
La nuclear también ha sido motivo de 'conflicto' entre las energéticas y Ribera. Alargar o no la vida útil de las centrales viene copando parte del debate energético en los últimos meses y pese a que no hay constancia en el Ministerio de que los titulares de estas hayan solicitado la modificación del protocolo de cierre que se firmó en 2019, la patronal Foro Nuclear se ha encargado de los menesteres de sus representadas, entre las que se encuentran Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP y otras organizaciones. La 'tasa Enresa', con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos que está en manos de la empresa pública, ha sido también motivo de enfrentamiento.
