El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha lanzado una licitación urgente para la contratación de los servicios de asistencia técnica necesarios para darle un vuelco al sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado, una reforma comprometida con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuya implementación ya está en marcha pero está prevista en varias fases, hasta su total despliegue en 2023. De ahí que haya optado por el procedimiento de urgencia, para un contrato que asciende a 4,7 millones de euros que se van a financiar con cargo a los fondos europeos 'Next Generation EU'.
Así justifica la urgencia el Ministerio en la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Estado: "La licitación del contrato por la vía de tramitación urgente se deriva de una necesidad inaplazable, habida cuenta de la necesidad de contar con los resultados de los proyectos establecidos para el desarrollo de la política de inclusión y de la necesidad de contar con el hito establecido en el PRTR, Componente 22, Reforma 5, que implica la elaboración de un Plan de reorganización y simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado", un hito previsto para el tercer trimestre de 2022.
El departamento que dirige José Luis Escrivá busca una consultora que le proporcione la asistencia técnica necesaria para la realización de cuatro informes relativos a cuatro proyectos distintos: el primero de ellos, para la elaboración del propio 'Plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado'; el segundo, para la composición de un mapa de políticas de inclusión en España; el tercero, para la elaboración del manual del impacto normativo en inclusión; y el último, para la realización de una comparativa internacional sobre la definición de inclusión.
El Ministerio asegura que para el desarrollo de las actuaciones de inclusión es preciso contar con un análisis y una propuesta de reordenación y simplificación del sistema de prestaciones "que permita conocer la situación del modelo actual y las perspectivas futuras"; así como "con un mapa de impacto normativo en inclusión que pueda contribuir a la medición en esta materia de las propuestas normativas que se hagan en adelante"; y con "una comparativa internacional que ilustre y mejore los hallazgos de los informes". "La necesidad de realizar estas tareas con la celeridad requerida y el número de personas con la necesaria formación y capacidad requieren del apoyo en la realización de estas funciones por parte de una asistencia técnica que se materialice en un contrato de servicios", justifica.
Bruselas vigila de cerca que España, como el resto de países europeos, vaya cumpliendo con los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación para ir desembolsando los fondos. Y es en esa celeridad en la que se enmarca esta licitación urgente, pues el Ministerio de Inclusión se ha fijado un calendario exigente para esta reforma. A finales de este ejercicio tiene que haber aprobado ya la primera fase del procedimiento de reordenación del sistema de prestaciones, comenzando por la modificación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital para mejorar la situación de las familias con menores a cargo. El Plan completo debe estar listo en el tercer trimestre de 2022 y después tiene que ver la luz el desarrollo reglamentario del incentivo al empleo vinculado al IMV. Todo, para que en el tercer trimestre de 2023 se pueda producir la integración en el IMV de algunas prestaciones no contributivas.
En el denominado Componente 22, el Ministerio explica que "las prestaciones no contributivas y asistenciales presentan un alto nivel de fragmentación en nuestro país que, en muchos casos, las vuelve ineficientes en cuanto a cobertura de ingresos y generosidad para los hogares más vulnerables". En este sentido, recuerda que la puesta en marcha del IMV representa una reforma estructural que homogeneiza y moderniza los mecanismos de protección social existentes en España, si bien con el fin de evitar duplicidades para el ciudadano y lograr una mayor efectividad de la política de protección de la renta, "la implementación del IMV conlleva, asimismo, una progresiva reorganización del conjunto de prestaciones estatales de naturaleza no contributiva", añade.
Con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo de la situación de partida y avanzar hacia esa homogeneización de los mecanismos de protección social, el Ministerio lanza esta licitación, por la vía de urgencia, "por razones de interés público y ante la necesidad de contar con los trabajos realizados y cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia". Precisamente, el contrato será financiado con los fondos habilitados por la Comisión Europea para el mismo plan, por considerar que los 4,7 millones de euros suponen un gasto justificable en función de las indicaciones de la Autoridad Nacional de Control de los fondos y de la Dirección General de Racionalización de la Contratación y Contratación Centralizada.
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