El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha visto obligado a modular sus posiciones iniciales y a plantear un esquema de ayudas más generoso para desbloquear la negociación para la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor más allá del próximo 30 de septiembre, encallada en los últimos días entre otras cosas por la insistencia del ministro en utilizar el esquema de exoneraciones a las cuotas sociales de los trabajadores en empresas en problemas para favorecer la movilización de las plantillas. Escrivá insistía en ofrecer una exención mayor a las empresas por los trabajadores activados que por los que permanecían 'hibernados' a la espera de que el repunte de la actividad animara a los empresarios a incorporarlos al tajo. El empeoramiento de la situación económica y la presión de los agentes sociales le han hecho cambiar de opinión, según aseguran fuentes del diálogo social conocedoras de la última propuesta presentada por el Gobierno.
El último documento remitido por el Gobierno a los agentes sociales a última hora del jueves aparca el particular esquema de incentivos orientado a la movilización de las plantillas impuesto por José Luis Escrivá en la prórroga de los ERTE del pasado mes de junio y recupera el espíritu del esquema de ayudas inicial. Los llamados 'ERTE de rebrote', creados en junio para dar acceso al esquema de ayudas públicas de los ERTE por causa de fuerza mayor a las empresas de cualquier sector que eventualmente se vieran afectadas por las medidas de restricción a la apertura o la movilidad que pudieran adoptar las autoridades fuera del estado de alarma, continuarán ofreciendo una exoneración del 80% en las cuotas de los trabajadores de las empresas que cumplan los requisitos para acogerse a este sistema, cuya finalización está programada a día de hoy para el próximo 30 de septiembre.
El principal cambio que plantea la propuesta gubernamental afecta, no obstante, a la figura original de los ERTE por causa de fuerza mayor. En los últimos días la negociación había virado hacia un terreno en el que el Gobierno pretendía, a juicio de los agentes sociales, rebajar los costes del mecanismo para el erario público por la doble vía de reducir el alcance de su cobertura, reduciéndola a un puñado de sectores, y de recortar las ayudas que ofrece a las empresas vía exoneración en las cotizaciones, con el objetivo declarado de animarlas a activar a sus plantillas.
Cambio de filosofía por el deterioro de la economía
El planteamiento, que fuentes sindicales y empresariales coinciden en atribuir al ministro Escrivá, ya empapó el esquema que salió de la prórroga del pasado mes de junio, en el que se decidió prolongar el mecanismo de cobertura de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre. En dicha prórroga, que convenció a los agentes sociales solo a medias, se estableció un esquema de exoneraciones decrecientes en el tiempo bajo el bien entendido de que la reactivación de la economía debía llevar a las empresas a incorporar poco a poco a la totalidad de las plantillas que habían estado cubiertas por los ERTE. Y además se dispuso que las empresas tendrían una ayuda mayor por los trabajadores incorporados a la actividad - exoneración del 60% en las empresas de más de 50 trabajadores y del 40% en las que tengan una plantilla inferior a ese umbral -, que por los que permanecieran 'hibernados', entre el 35% y el 25%.
El esquema no convenció a los agentes sociales. "Hasta nosotros asumimos que cuando una empresa incorpora a un trabajador es porque le resulta rentable. No entendemos el motivo por el que esa situación se debe bonificar", aseguraban entonces y aseguran ahora desde los sindicatos. La insistencia en mantener ese esquema, que desde el diálogo social se interpreta como una maniobra para reducir el coste para el erario público del mecanismo, fue uno de los desencadenantes de que las negociaciones encallaran esta semana a menos de 15 días para que venza la vigencia de un mecanismo que se ha convertido en el principal emblema del 'escudo social' del Gobierno frente a la crisis.
La oposición de empresarios y sindicatos a ese modelo y el deterioro de la evolución de la economía respecto a lo inicialmente previsto, que han refrendado los últimos informes publicados esta semana, han convencido a Escrivá de cambiar el paso. La última propuesta remitida a los agentes sociales plantea una exoneración única del 85% para las empresas de menos de 50 trabajadores, que se aplicará por igual a activos e inactivos, y del 75% para las de mayor tamaño, que convencen más tanto a empresarios como a sindicatos, que admiten ver el acuerdo más cerca tras esta propuesta.
Los escollos que aún quedan por salvar
Fuentes del diálogo social entienden, no obstante, que será difícil que se pueda cerrar un acuerdo para la prórroga de los ERTE de causa de fuerza mayor antes del próximo martes, como pretendía el Gobierno para aprobar el asunto en el próximo Consejo de Ministros. El motivo es que quedan aún algunos escollos por salvar, sobre todo en la negociación con CEOE, que ya manifestó de forma explícita su descontento con la negociación en su Junta Directiva del pasado miércoles.
El banco sindical admite su satisfacción por la aceptación por parte del Ejecutivo de dos de sus principales reivindicaciones: la no aplicación del recorte del 70% al 50% de la base reguladora de la prestación para los trabajadores inmersos en un ERTE que se preveía en la regulación inicial del mecanismo - se mantendrá la prestación en el 70% - y el mantenimiento del llamado 'contador a cero', que impide que la permanencia en un ERTE consuma los derechos a prestación adquiridos por los trabajadores antes de que sobreviniera la pandemia y que el Ejecutivo preveía levantar. Cerrados esos dos puntos, los sindicatos maniobran ahora para intentan convencer al ministro Escrivá para que retire las exoneraciones en cuota a los trabajadores ya activados y aproveche esos recursos para establecer algún tipo de ayuda similar en los ERTE por causas económicas (ETOP).
La principal preocupación en CEOE, además del mantenimiento de la cláusula que impide despedir por causas objetivas que el Gobierno pretende mantener hasta el 31 de enero, es la posible reducción del perímetro de actuación de los ERTE por causa de fuerza mayor. La propuesta planteada por el Gobierno, con el respaldo de los sindicatos, plantea restringir el uso de los ERTE por causa de fuerza mayor a un puñado de sectores que se consideran como los más afectados por la crisis.
El criterio mantenido hasta ahora por el Gobierno es marcar el perímetro con la definición de una serie de códigos CNAE (el catálogo oficial que recoge la organización sectorial del tejido productivo) que incluye hoteles, agencias de viaje, determinados medios de transporte y el ramillete de actividades vinculadas al sector del turismo, el ocio y el entretenimiento que han sufrido con especial virulencia la crisis, y después hacerlo extensible a las empresas que participen en la cadena de valor de esos sectores y a las que tengan una dependencia demostrable de los mismos, bajo el requisito de que más de un 50% de su facturación dependa de empresas con los códigos CNAE establecidos.
La solución no convence a la CEOE, que entiende que el instrumento debe estar disponible para todas las empresas en dificultades y no solo para las de determinados sectores. La organización empresarial tampoco acepta que la valoración de la dependencia o la vinculación a la cadena de valor dependa de la Autoridad Laboral, sino de criterios objetivos marcados en la norma.
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