El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá negocia contrarreloj con la Agencia Tributaria para acelerar la implantación de un sistema de control lo más automatizado posible para verificar de forma rápida el cumplimiento por parte de los beneficiarios de la prestación especial por cese de actividad para los trabajadores autónomos de los requisitos que dan derecho a la prestación, singularmente la caída del 75% en su facturación trimestral respecto al periodo inmediatamente anterior y la acumulación de unos rendimientos netos inferiores a 5.818,75 euros, y de esa forma aflorar también posibles situaciones de fraude.
El tiempo se les echa encima. El próximo 20 de octubre vence el plazo administrativo que la Agencia Tributaria da a los trabajadores autónomos para que presenten sus declaraciones de IVA (modelo 303) e IRPF (modelo 130) correspondientes al tercer trimestre del año. Esas declaraciones tributarias constituyen según la regulación de la prestación el método de prueba que utilizará la Administración, en este caso las mutuas de accidentes de trabajo - que tienen encomendada la gestión de la prestación-, para intentar acreditar si en efecto los perceptores cumplen los dos requisitos básicos antes mencionados.
A menos de dos semanas de que llegue a esa fecha, Seguridad Social y Agencia Tributaria aún andan ocupadas en tratar de perfilar un procedimiento automático de verificación de los requisitos para percibir esa prestación, según aseguran fuentes internas al tanto de esos trabajos. Según estas mismas fuentes, la negociación tiene una gran complejidad no sólo porque se refiere a datos fiscales de particulares, cuya confidencialidad está protegida expresamente por la Ley General Tributaria, sino también porque la solución no sólo implica a las mutuas, como gestoras de la prestación, sino a otros cuatro organismos públicos: la Tesorería General de Seguridad Social, a la Agencia Tributaria, a la Intervención General de la Seguridad Social y la Gerencia Informática de la Seguridad Social.
La cercanía de la fecha límite ha disparado las consultas de trabajadores autónomos en las gestorías, según aseguran fuentes del colectivo. Acuden preocupados por las consecuencias que puede tener el incumplimiento de esos requisitos, pero también por la imagen distorsionada que la información recogida en sus declaraciones fiscales puede proporcionar del funcionamiento de su negocio durante el tercer trimestre del año, algo de lo que ya advirtieron en su día las principales organizaciones de autónomos.
La preocupación también existe al otro lado de la ventanilla. Fuentes de las mutuas admiten que a día de hoy no disponen de las herramientas necesarias para acreditar de forma fehaciente la caída del 75% en la actividad de los perceptores de esas ayudas. Según fuentes del sector, es cierto que hay profesionales por cuenta propia que han habilitado a las mutuas de forma expresa para poder tener acceso a sus datos fiscales y constatar de forma directa el cumplimiento o no de los requisitos, pero en los casos en que eso no ha sucedido a la mutua no le queda otra vía que requerir al beneficiario la presentación de los modelos 303 y 130 correspondientes a los dos últimos trimestres para realizar esa labor de verificación. El problema es que no disponen de las herramientas jurídicas para exigir esa información en caso de que el beneficiario en cuestión se resista a proporcionarla de forma voluntaria.
El asunto es problemático porque en su intento por agilizar la concesión de estas ayudas a los autónomos afectados por las restricciones a la actividad impuestas en la crisis sanitaria, y no generar un colapso como el acaecido en el SEPE con la gestión de los ERTE, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones optó por habilitar la concesión de la prestación especial a partir de una simple declaración responsable del trabajador autónomo. Una vez vencido el periodo para el que se solicitó la ayuda éste debía acreditar el cumplimiento de los requisitos y en caso de no cumplirlos, proceder a la devolución de la ayuda concedida por la Seguridad Social. En otras palabras, el Gobierno decidió adelantar la prestación y gestionar la eventual devolución ya a posteriori.
Ahora toca verificar el cumplimiento de los requisitos y tramitar la devolución de las prestaciones en los casos en que los trabajadores autónomos hayan acabado facturando más de lo que esperaban. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Seguridad Social, a mediados de septiembre más de 143.000 trabajadores autónomos continuaban percibiendo la prestación especial por cese de actividad vinculada a la crisis sanitaria - ya existe una prestación ordinaria por cese de actividad, que opera como una especie de seguro de paro para los autónomos- y se sospecha que una parte no pequeña de ellos podrían estar en el límite del cumplimiento de esos requisitos.
Fuentes del sector de las mutuas no esperan una avalancha de devoluciones en las próximas semanas por un incumplimiento masivo de requisitos por parte de los perceptores de la ayuda, pero esa perspectiva no coincide con la que se tiene en las gestorías. Desde el colectivo se advierte que hay muchos autónomos preocupados con ese proceso de verificación y con la posibilidad de que puedan no superarlo, y verse obligados a devolver la ayuda. El sindicato UPTA ya pidió hace varios meses al Gobierno rebajar el umbral de caída de la facturación a solo el 50% para evitar esta clase de problemas en el momento en que se reanudara la actividad con la nueva normalidad.
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