El Banco Central Europeo (BCE) toca a retirada con sus medidas de estímulo, seguirá adelante con las subidas de tipos para atar en corto la inflación, y el hecho de que vaya a dejar de apoyar al Tesoro con sus adquisiciones de deuda -al mismo tiempo que suben los costes financieros- obliga al Gobierno a tender lazos con la banca, dado que las entidades nacionales están llamadas a ocupar buena parte del terreno que deja el emisor. La relación entre Moncloa y los bancos se ha tensado a raíz de la aprobación del impuesto extraordinario que ha entrado en vigor este año y con el que el Ejecutivo prevé recaudar 3.000 millones de euros entre este ejercicio y 2024.
Tanto la patronal del sector, como las propias entidades a título propio, han sido muy críticas con esta medida. La Asociación Española de Banca, patronal del sector, considera que el impuesto es un error porque merma la capacidad del sector de seguir apoyando a la economía y afecta a la propia estabilidad financiera y al papel como transmisoras de la política monetaria que tienen las entidades en un momento esencial para luchar contra la inflación. El tributo grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019.
La banca española elevó el año pasado su participación en las emisiones del Tesoro en 26.000 millones de euros, una vez que el Banco Central Europeo finalizó su programa de compra de deuda en julio como parte de sus esfuerzos para frenar el alza de los precios (la tasa anual de inflación en la Eurozona apenas se moderó hasta el 9,2% en diciembre). El emisor se retira y las entidades nacionales van ganando más peso, al haber alcanzado el 13% del volumen de deuda española en circulación, alrededor de 166.208 millones, tal y como confirmaba el jueves el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, durante la presentación del balance de financiación pública de 2022 y de la estrategia para 2023 (la emisión neta de deuda se mantendrá este año en 70.000 millones de euros).
Ese movimiento es el contrario del que se produjo tras la pasada crisis financiera, cuando a partir de 2015 el BCE empezó a comprar deuda y a compensar la menor participación de los inversores residentes. Antes, durante el shock de deuda soberana de 2012 las compras por parte de los bancos españoles hicieron de parapeto ante el ataque de los mercados a los países del Sur de Europa, de forma que estos llegaron a acaparar más del 30% de la deuda nacional. Actualmente el BCE ostenta cerca del 34% del stock de deuda española y los inversores extranjeros poseen un 41%.
En medio del proceso de normalización de la política monetaria el Tesoro reconoce que se producirá un aumento moderado de los costes de las emisiones y del coste medio de la deuda que, eso sí, se verá amortiguado por el alargamiento de la vida media de la misma (que actualmente se sitúa alrededor de los ocho años). Pese a esta mayor rentabilidad, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que hacer un esfuerzo para captar inversores, máxime teniendo en cuenta que el hecho de que este sea un año electoral puede provocar momentos de volatilidad y dudas en los mercados ante un contexto económico tan incierto.
Los factores que pueden tensar la estrategia del Tesoro
De momento, el secretario general del Tesoro reconocía el jueves que el elemento principal incertidumbre a corto plazo en el ámbito macroeconómico es la evolución inflación -la tasa anual de IPC se ha moderado en España hasta el 5,8% en diciembre y a nivel de la Eurozona se mantiene en niveles preocupantes, sobre todo con la escalada de la subyacente, que en el caso español ha superado ya a la tasa general tras dispararse al 6,9% el mes pasado-.
Otro de los factores que puede tensar la estrategia del organismo es el conflicto geopolítico provocado por la invasión de Ucrania. Si bien este ejercicio y a nivel internacional puede ser también clave la situación en China, segunda economía del planeta, al levantarse las restricciones más severas de su política de 'covid cero'; la intensidad de la recuperación en Estados Unidos o la posible llegada de una recesión a la Eurozona son dos de los asuntos que también vigila el Ejecutivo.
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