Docente, taxista, coach... el pluriempleo se 'hace fuerte' entre los funcionarios

Los empleados públicos han decidido dar un paso adelante y aprovechar la puerta entreabierta que deja la Administración para poder desempeñar otra actividad pública o en el sector privado. Según la estadística que proporciona el Portal de Transparencia, ya hay 6.349 'funcionarios' que compatibilizan su trabajo en la Administración con un empleo en el sector privado con el fin de obtener un extra económico -sobre todo entre los niveles más bajos y peor pagados del sector público-, con un puesto de docente asociado o participando en un negocio familiar para sacarlo adelante.

Sueldos bajos, la obligación de estar disponibles en todo momento para el servicio, jornadas largas mal pagadas y una movilidad mayor que otros empleados públicos hacen que los efectivos del Ministerio de Defensa y sus organismos dependientes sean los más insatisfechos y los que en mayor proporción buscan una segunda actividad. De hecho, también son los primeros que se apuntan a los concursos de traslado, provocando auténticas desbandadas cuando se convocan. 

De los 4.875 efectivos públicos que tienen un empleo en el sector privado, 732 -el 15%- son soldados, marineros, cabos o sargentos. El sueldo básico bruto de soldados y marineros apenas supera los 1.000 euros brutos y al cumplir los 45 años, tras acumular algunos complementos, son despedidos. Por eso buscan un complemento retributivo o un 'plan B' para cuando tengan que dejar su puesto. Repartidores, comerciales, camareros o ayudantes de camarero y atención telefónica son algunos de los trabajos variopintos, y con sueldos bajos, que encuentran estos profesionales. En una situación similar se encuentran los repartidores de correos, con sueldos mileuristas, que están empleados como ayudantes de cocina, repartidores o recepcionistas.

Una buena parte de los que han logrado una actividad privada compatible son profesionales liberales -médicos, abogados, ingenieros...-, que han decidido montar su propio estudio, despacho o clínica. Entre las salidas mayoritarias para el resto están las de conductor de taxi, actividades relacionadas con la formación y la investigación, consultoría, coaching o asesoría, además de conferenciantes y preparadores de oposiciones. Estas actividades las desempeñan desde jefes de departamento y técnicos superiores, a bomberos y policías.

La salida mayoritaria de los funcionarios que quieren desarrollar otra actividad en el sector público es la de profesor asociado a tiempo parcial, aunque también hay quien ha logrado un cargo de alcalde o concejal. Los que logran estos puestos de profesores son licenciados de prácticamente todos los departamentos de la Administración. Esta actividad complementaria apenas supone, en el mejor de los casos, poco más de 600 euros al mes. El 40% del personal docente e investigador contratado en las universidades españolas es profesor asociado

Las limitaciones de la Ley de 1984

La ley de 1984 que regula el régimen de incompatibilidades en las administraciones públicas prohíbe la actividad privada en empresas con las que haya tenido alguna relación desde su puesto público, obliga a que el trabajo sea a tiempo parcial o con un horario que no supere la mitad del habitual que desarrolle en el sector público, no permite desempeñar cargos en empresas que trabajen para el sector público y, fundamental, que "no perciba complementos específicos o equiparables cuya cuantía supere el 30% de su retribución básica excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad".

Esta limitación afecta claramente a los niveles más altos de la Administración, especialmente al subgrupo a A1, aunque tienen la posibilidad de acceder a la reducción de dicho concepto retributivo para poder obtener el reconocimiento de compatibilidad. Pese a todo, el Tribunal Supremo, a finales de 2019, daba un balón de oxígeno a modo de soporte jurídico para obtener la compatibilidad, ya que la Sala Tercera establecía que "para denegar su concesión deben percibir un complemento que remunere expresamente la incompatibilidad".

Cinco años antes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona abogaba por flexibilizar la Ley de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, ante la demanda de un policía local que quería desarrollar en paralelo su actividad en el Ayuntamiento de Barcelona con la de abogado. El juez daba la razón al agente al entender que las congelaciones y rebajas salariales aplicadas a lo largo de los últimos años habían supuesto una pérdida de su poder adquisitivo de hasta un 20%, que lo hicieron retroceder a los niveles retributivos de diez años antes. 

"Cuando las retribuciones de los funcionarios son usadas, congeladas y reducidas por los Gobiernos de la Nación como un elemento más de política económica, ya no puede seguir sosteniéndose una aplicación a rajatabla de la Ley de Incompatibilidades de 1984", añadía la sentencia... y es que muchos de los trabajos que buscan los empleados públicos son para completar sus salarios y las pérdidas de poder adquisitivo.