El Gobierno podría abordar los cambios que estudia aplicar en el gravamen extraordinario a la banca en la próxima reunión que tiene previsto mantener con responsables del sector sobre el Código de Buenas Prácticas. Antes, el Ejecutivo pretende pactar con los grupos parlamentarios esas modificaciones que, según avanzó el lunes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, podrían pasar por "ajustarlo" a elementos fundamentales de política económica como la evolución de los tipos de interés o el crédito que las propias entidades concedan a las pymes.
Fuentes próximas al Gobierno inciden en que el objetivo es buscar el equilibrio tanto de esta tasa, como de la que grava los beneficios extraordinarios de las energéticas, calibrarlas y ver si se terminan de hacer permanentes, lo que requerirá de esa negociación previa con los socios de Gobierno, puesto que en origen sólo iban a estar en vigor dos años. En principio, parece poco probable que esas conversaciones vayan a producirse antes de las elecciones vascas (21 de abril) y catalanas (12 de mayo).
La decisión del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de adelantar estas últimas llevó al Gobierno a renunciar a los Presupuestos Generales del Estado de 2024, dado que con ERC y Junts enfrascados en la batalla electoral, no podría disponer de los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Así, el tramo inicial del año ha quedado prácticamente en suspenso, a la espera de que las urnas arrojen algo de luz sobre los nuevos equilibrios de fuerzas en lo político.
De momento, en el asunto concreto de hacer permanentes las dos tasas (PSOE y Sumar pactaron en su acuerdo de coalición readaptarlas y mantenerlas), el Ejecutivo no tiene garantizado el respaldo de Junts y sí el de ERC. En su diseño inicial el impuesto temporal gravaba a las entidades que facturasen más de 800 millones de euros en 2019 con un tipo del 4,8% sobre los intereses y comisiones generados en territorio nacional por su actividad bancaria.
Ahora, el Gobierno trataría de tener con el sector financiero un gesto similar al que anunció con las energéticas, con las que comprometió rebajas en la cuota íntegra del tributo por las inversiones que las compañías hicieran en proyectos estratégicos. Fórmula para la que busca actualmente encaje legal.
Recomendaciones del FMI y propuestas sobre la mesa
Tras su última misión a España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Gobierno revisar tanto este impuesto como el de las energéticas si los convertía en permanentes. El organismo apuntaba que las bases imponibles "deberían ajustarse a una definición más clara de beneficios excepcionales" para minimizar los efectos distorsionadores de estas figuras y que ambos tributos "podrían rediseñarse para alcanzar otros objetivos políticos clave".
Según avanzó 'El Periódico', sobre la mesa ya existirían varias propuestas que el Banco de España ha hecho llegar al Ejecutivo para eliminar los aspectos del gravamen que más perjudicarían a las entidades, como cambiar la base imponible para que el tributo deje de penalizar a los bancos más centrados en conceder créditos a las pymes, lo que estaría en línea con lo deslizado por el propio Cuerpo el lunes.
Fuentes financieras consultadas por este diario precisan a este respecto que los intereses de las entidades pueden variar en función de su negocio, de modo que a unas les compensará que el alivio en el diseño del impuesto beneficie a quienes conceden más crédito hipotecario, a otras que este priorice la financiación sostenible y las habrá que prefieran que, efectivamente, se suavice para quienes centran su actividad en los préstamos a las pequeñas y medianas empresas.
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, advirtió la pasada semana de que convertir en permanente el gravamen pondrá a las entidades nacionales en una situación de desventaja frente a sus principales competidores europeos. Así, consideró que "no es una conversación que haya que tener en este momento", marcado por un contexto de elevados riesgos geopolíticos (Oriente Medio, Ucrania...) y por la expectativas de varias bajada de los tipos de interés de aquí a final de año.
La próxima reunión sobre el Código de Buenas Prácticas, clave
Gobierno y banca acordaron a finales del año pasado ampliar el Código de Buenas Prácticas, tanto el que está en vigor desde 2012 y el mecanismo adicional que se lanzó en 2022 para apoyar a las familias afectadas por la subida de los tipos de interés. Así, se elevó el umbral de renta máximo con el que las familias podían acogerse a esta hasta los 37.800 euros. También se prorrogó la gratuidad de las comisiones por amortización anticipada o por la conversión de hipotecas de tipo fijo a tipo variable y a tipo mixto.
Ahora está pendiente de fecha la próxima reunión con las entidades para abordar la marcha de estas medidas -a la última, donde se aprobó su ampliación- había acudido la entonces vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Su sucesor se reunió a finales de enero con los presidentes de las principales entidades del país para una 'primera toma de contacto' al poco de tomar posesión de su cargo.
