Un informe interno elaborado por la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos sugiere abrir a la gestión privada parte de la red de Correos como vía para mejorar la eficiencia del operador postal propiedad del Estado y reducir la factura que anualmente le cuesta a las arcas públicas la retribución del llamado Servicio Postal Universal (SPU), un conjunto de servicios postales que todos los ciudadanos del país tienen derecho a recibir según la Ley Postal, que Correos debe prestar según unos determinados estándares de calidad aún cuando su prestación pueda no ser rentable económicamente, y por el que el Presupuesto del Estado ha pagado en el periodo 2011-2020 una compensación anual de 128 millones de euros.
El dossier, fechado el 15 de julio de 2020, se incluye en la evaluación general que el Ministerio de Asuntos Económicos ha realizado a la propuesta de Plan de Prestación Postal redactada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y hace suyas varias de las propuestas planteadas en su día por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su 'spending review' sobre la gestión del SPU por parte de Correos, según han asegurado a La Información fuentes gubernamentales y del sector.
El departamento que dirige Nadia Calviño avala en líneas generales la propuesta de Plan de Prestación para el periodo 2021-2025 planteada desde el Ministerio dirigido por José Luis Ábalos, que debe regular las condiciones en que se prestará este servicio a lo largo de ese quinquenio y también la aportación que el Estado deberá realizar a la empresa estatal Correos por la ejecución efectiva del mismo, pero formula varias observaciones al mismo con el argumento de que existe margen para mejorar la eficiencia del funcionamiento del operador postal público y apoyándose en el informe que realizara la Airfef hace ya varios meses, según estas mismas fuentes.
En este sentido la Dirección General de Política Económica, entre cuyas atribuciones está "el análisis y propuesta de las directrices y orientaciones de la política económica, así como el estudio, elaboración y coordinación de propuestas normativas sobre reformas estructurales con impacto económico", invita a Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a sopesar medidas como la reducción de cinco a tres días del número de días de entrega de los envíos incluidos en el SPU - cartas y tarjetas postales de hasta dos kilos de peso y paquetes de menos de 20 kilos de peso -, una posible reducción de las oficinas y buzones actualmente operativos y también la ya mencionada externalización de una parte de la red postal como posibles vías para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de Correos.
Una "asignación ineficiente de recursos"
El informe de Economía entiende que la propuesta de Plan de Prestación no tiene en cuenta la caída en la utilización de la red postal a la hora de fijar los criterios de población y distancia que determinan la capacidad instalada necesaria para garantizar la prestación del servicio postal universal y, por ello, no proporciona el suficiente margen a Correos para "adaptarse a la evolución de la demanda de los ciudadanos"; y considera que establecer la densidad de la red postal sin tener en cuenta la evolución de la demanda "podía acabar asignando recursos de manera ineficiente".
Los criterios que regulan el SPU exigen que haya un buzón en todos lo núcleos de población donde haya más de 400 habitantes, en todos los municipios y en todos los puntos necesarios para que no haya que desplazarse más de 1,5 kilómetros, así como un buzón adicional por cada 3.500 habitantes. Asimismo también prevé la existencia de una oficina postal en todas las poblaciones de más de 2.500 habitantes. Tanto la Autoridad Fiscal como la CNMC consideran que ese despliegue puede resultar excesivo en vista del desplome del negocio postal en los últimos meses.
El planteamiento trasladado por la Vicepresidencia Económica reabre el debate sobre la privatización de la empresa postal del Estado, que en los últimos años ha sido tanteada por varios gobiernos - el gabinete de Mariano Rajoy incluso llegó a solicitar un informe al efecto a la consultora AT Kearney- y cuyas sombras los sindicatos han apreciado en los últimos meses tras algunos de los movimientos estratégicos realizados por la actual Dirección de Correos, que en su opinión esconden un 'desguace' progresivo del operador. La empresa ha rechazado sistemáticamente estas acusaciones.
Ajustar la compensación económica a Correos por el SPU
La persistencia de este debate se debe en buena medida a la delicada situación financiera de Correos, que se mueve en números rojos desde hace años y sobre la que pesa la sospecha de consumir más recursos públicos de los que realmente necesitaría para operar con normalidad. Una sospecha avalada por los expedientes abiertos por Bruselas, que hace tres años obligó al Estado a reintegrar a las arcas públicas 167 millones de euros pagados de más al operador postal público por la prestación del Servicio Postal Universal durante el periodo 2004-2010 y que hace apenas unos años forzó también un recorte en la retribución estatal al operador hasta dejarlo en los 128 millones de euros anuales antes mencionados, que servirán de referencia también para el Plan de Prestación propuesto por el equipo de José Luis Ábalos.
Esta sobrefinanciación ha sido también uno de los caballos de batalla de los competidores de Correos tanto en el mercado postal, organizados bajo la patronal Asempre, como en el del reparto de paquetería, asociados en UNO, que consideran que el Presupuesto del Estado ha estado sufragando una suerte de competencia desleal del operador estatal frente a los operadores privados con los que compite y ha permitido a la compañía de la cornamusa ofrecer descuentos a grandes clientes por debajo de mercado. El fenómeno está siendo investigado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ya ha llegado a los tribunales, por ejemplo en la causa abierta por la Administración Concursal de la ya desaparecida Unipost - el que fuera principal competidor privado de Correos - que reclama cerca de 300 millones de euros al operador público por este motivo.
El informe del Ministerio de Asuntos Económicos comparte el criterio de la Autoridad Fiscal de que el Servicio Postal Universal se puede prestar con unos estándares de calidad muy similares con una aportación sensiblemente más reducida por parte del Estado, limitando la compensación por la prestación de ese servicio obligatorio a la parte de la red postal de zonas rurales - menos de 5.000 habitantes - por su imposibilidad de aprovechar las economías de escala.
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