"Si esto mismo pasara con la plantilla de Mercadona desde el Ministerio se estaría poniendo el grito en el cielo". La reflexión es de un miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo del Estado y expresa el sentir del colectivo después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya dado cauce mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado a un concurso de provisión de puestos de trabajo que, según la interpretación del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, fuerza 'de facto' a más de una treintena de inspectores a bajarse el sueldo si quieren aspirar a alguna de las plazas para cambiar de destino que el Ministerio de Yolanda Díaz acaba de sacar a concurso.
El núcleo del conflicto, que ha desencadenado una ola de indignación en las redes sociales y que ya ha provocado la queja formal del Sindicato de Inspectores, se deriva de la inclusión de 36 plazas de nivel 26 en el concurso para la cobertura de 96 puestos vacantes de inspectores en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Por qué es esto un problema? Por varias razones, como explica la presidenta del Sindicato de Inspectores, Ana Ercoreca. Entre otras, porque el colectivo lleva años peleando para que el Gobierno reconozca el nivel 27 como puerta de entrada a la Administración del Estado de los inspectores de trabajo, del mismo modo que ya lo es para otros cuerpos superiores; porque así se había reconocido de hecho en los últimos concursos convocados por las anteriores ministras, Magdalena Valerio o Fátima Báñez; o porque cuando no ha sido así los tribunales han acabado reconociendo el derecho de los miembros del colectivo a ser encuadrados en ese nivel.
No hablamos de una simple cuestión de estatus, también tiene una relevante dimensión salarial. Ese nivel 26 o 27 define la cuantía del complemento específico al que tendrá derecho el inspector de trabajo en su nuevo destino, dentro de la escala salarial de 30 niveles (donde 1 es el más bajo y 30 el más alto) que rige en la Administración y que de alguna manera configura la carrera profesional de los funcionarios. Según se refleja en la propia convocatoria, la diferencia entre encuadrarse en un nivel 27 o en un nivel 26 puede significar entre 2.200 euros y 3.500 euros anuales sólo en concepto de complemento específico. Los cálculos realizados por el sindicato de inspectores concluyen que si a esa brecha se le añade el efecto de las productividades y de otros deslizamientos salariales la diferencia puede llegar a alrededor de 300 euros al mes, unos 4.200 euros al año.
El tema es aún más enrevesado porque ese 'gap', además, no se sustenta en ningún motivo aparente, como admite el propio Ministerio de Trabajo en la convocatoria al reconocer "la uniformidad de las funciones de todos los puestos de Inspector/Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, niveles 26 y 27, dentro de la Inspección de Trabajo". Es decir que caer en una plaza o en otra tiene efectos sobre el salario, pero no sobre las funciones que tendrá el inspector, como denuncia también la presidenta del sindicato de inspectores: "Tienen que hacer guardias, tienen que hacer ERTE, tienen que encargarse de los accidentes mortales, no se libran de la parte más dura de este trabajo por tener un nivel inferior", asegura.
Una "precarización" de la Inspección de Trabajo
El asunto es particularmente delicado porque afecta a dos aspectos muy sensibles para el colectivo. Por una parte, la falta de oportunidades para retornar a sus territorios de origen que sufren los inspectores de Trabajo, que en los últimos años han visto como prácticamente desaparecían los concursos de traslados que les abren esa posibilidad. Por otra, el maltrato 'histórico' que perciben por parte de la Administración que no termina de reconocerles el mismo nivel salarial de entrada del que sí disfrutan otros cuerpos de élite del Estado como los inspectores de Hacienda, los abogados del Estado o los técnicos comerciales del Estado.
"El problema", subraya Ercoreca, "es que se trata de plazas muy cotizadas, por las que muchos compañeros llevan nueve o diez años esperando para poder volver a sus lugares de origen. Son inspectores e inspectoras que están en un nivel 27 o 28 y a los que ahora el Ministerio después de años de servicio les exige bajarse el sueldo a un nivel 26 para poder regresar a sus casas. Es como hacerles volver a la casilla de salida".
El Sindicato de Inspectores de Trabajo considera que la inclusión de plazas de nivel 26 en el concurso recientemente aprobado por el Ministerio es una "precarización de la situación laboral de la Inspección de Trabajo" sin precedentes, que se produce, además, en un contexto en el que hay una negociación abierta con el Ministerio de Trabajo para resolver precisamente este problema del nivel de acceso de los inspectores a la Administración.
Trabajo apunta a Función Pública
Y la indignación del colectivo quizá es también mayor porque se supone que había una negociación abierta con el Ministerio para resolver este "problema estructural", según se define desde el sindicato, y también porque se produce en un contexto en el que el Ministerio de Trabajo ha exigido un sobreesfuerzo a los profesionales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no sólo para controlar los dispositivos puestos en funcionamiento durante la pandemia, como los ERTE, sino también para estrechar el control sobre la temporalidad o los falsos autónomos.
Fuentes del Ministerio de Trabajo alegan que no han hecho más que cumplir con la normativa vigente. "Antes de incorporar a nuevos inspectores e inspectoras de Trabajo hay que hacer un concurso previo de traslados para los profesionales que ya llevan años en la Inspección", explican desde el Ministerio. "En ese concurso la mayoría de las plazas ofertadas son de nivel 27, aunque también existe un número reducido de plazas (en realidad, son más del 35% del total) creadas por el Ministerio de Función Pública y Política Territorial que por imperativo legal deben ser ofertadas y que corresponden al nivel 26, que actualmente es el nivel de acceso a la Inspección".
Trabajo no especifica que ley obliga a sacar plazas de nivel 26, pero en los precedentes inmediatos de los últimos concursos de provisión de plazas de inspectores convocados por Magdalena Valerio en 2019 (34 plazas) y Fátima Báñez en 2017 (62 plazas) todas las plazas convocadas salieron con nivel 27.
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