El Ministerio de Trabajo y Economía Social, que encabeza Yolanda Díaz, no se conforma con implementar la jornada laboral de cuatro días, quiere ir un paso más allá e introducir elementos de flexibilidad en estas decisiones, de manera que el trabajador tenga la oportunidad de decidir cómo distribuye sus horas a lo largo de la semana y que esta no sea una decisión que tome el empleador unilateralmente. Esta iniciativa se enmarca en la ley de usos del tiempo en la que el gabinete trabaja desde hace más de dos años. Sin embargo, parece que el proyecto quedará en el tintero para una próxima legislatura, dada la escasez de meses con actividad en el Congreso restantes antes de que se produzca la convocatoria de elecciones generales.
La cartera de Empleo encomendó a un grupo de expertos la elaboración de un informe sobre la racionalización del tiempo, las jornadas de trabajo y la conciliación, con el objetivo de sacar conclusiones que pudiesen aportar a la elaboración del anteproyecto. Estaba previsto que se presentara en los primeros meses de 2023, sin embargo, todavía no se ha producido el acto y fuentes del Ministerio reconocen que no está entre los planes a medio plazo. La ministra sí presentó hace apenas unas semanas un informe en materia de salud mental junto al líder de Más País, Íñigo Errejón, con el que también ha mostrado una gran sintonía en materia de gestión de jornadas, por lo que no sería extraño que también colaborasen en la elaboración del anteproyecto de ley sobre los usos del tiempo.
En consecuencia, parece que esta tarea quedará entre los flecos pendientes que Díaz retomará al presentar el programa de su plataforma Sumar, una lista en la que también figura la revisión de las indemnizaciones por despido improcedentes. Esta cuestión no fue abordada en la mesa de negociación con los agentes sociales para la reforma laboral, a pesar de que UGT trató de incorporarla a la hoja de ruta de las sesiones. El Ministerio de Trabajo priorizó sacar adelante un texto que atajase la temporalidad del mercado de trabajo español y dejar para futuras conversaciones la compensación por despido injustificado, algo que recibió el firme rechazo de algunos de los socios parlamentarios habituales como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Cambios de paradigma
Precisamente estos grupos llevaron al Congreso una iniciativa para acabar con la última parte de la reforma laboral de 2012 llevada a cabo por el gobierno 'popular' de Mariano Rajoy. ERC registró primero una interpelación, que dio lugar después a una moción que recuperaba la materia, y que ofreció a la ministra de Trabajo la oportunidad de posicionarse a favor del denominado despido restaurativo. Es decir, no solo abogar por recuperar los 45 días de indemnización previos a la normativa actual, sino llevar a cabo un cambio de paradigma que tenga en cuenta la situación socioeconómica del trabajador y los daños causados por la suspensión del contrato para determinar la compensación.
Tanto la responsable de la cartera, como su número dos, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Reyes, han manifestado en diferentes ocasiones que replantear las indemnizaciones por despido es un deber democrático que tiene que ver con la justicia social. Incluso cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró estar satisfecho con el sistema de compensaciones vigente. De hecho, la opinión mayoritaria del Gobierno o la que reina en el ala socialista del Consejo de Ministros parece ser la defendida por Escrivá, dado que fue la posición adoptada por la Abogacía del Estado al dar respuesta a la reclamación presentada por UGT ante las instituciones europeas por esta misma cuestión. El Ejecutivo defendió que la indemnización actual es suficiente para que el despido resulte disuasorio y que cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea.
Si bien, es el propio Ministerio de Trabajo el que reconoce que, pese a la importancia de esta cuestión, el tiempo que queda de legislatura es limitado y el despido restaurativo no figura entre las prioridades a cerrar antes de que los españoles sean citados a las urnas a final de año. En su lugar, los equipos de la cartera encabezada con Díaz están centrados en ultimar el conocido como Estatuto del Becario, que atraviesa su fase final de negociación con los agentes sociales, en la que esperan sumar el respaldo de la patronal y preparar las iniciativas que el Ministerio quiere impulsar en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, como la Economía Social o la negociación colectiva verde.
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