La crisis sanitaria y económica generada por la Covid ha provocado la paralización de gran parte de las actividades empresariales. Por este motivo, muchos autónomos y propietarios de negocios han reclamado mayores ayudas para paliar la situación.
El Gobierno anunció que darían apoyo a estos sectores para minimizar los daños ocasionados por la pandemia. Finalmente, tras varias idas y venidas en el seno del Gobierno, el paquete de ayudas ha sido aprobado este mismo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. Se invertirá, así, un total de 11.000 millones de euros.
Estos fondos se componen de tres tipos de ayudas, una de 7.000 millones de euros para pymes y autónomos, otra de 3.000 millones de euros para la reestructuración de las deudas y una última de 1.000 euros para la recapitalización de medianas empresas.
Los solicitantes deben tener en cuenta que estas prestaciones están sujetas a unos requisitos básicos que validen la situación de los negocios, es por ello que será imprescindible acogerse a los mismos.
Limitaciones de las ayudas
Existen dos causas imprescindibles por las que el Gobierno podría restringir el acceso de los autónomos o empresarios a estos fondos. Además, la Agencia Tributaria y las administraciones correspondientes a las Comunidades Autónomas estarán atentas del cumplimiento de las condiciones.
En primer lugar, las empresas tienen la obligación de que no repartir dividendos ni aumentar los salarios de la cúpula directiva en un periodo de hasta dos años.
Mientras que el segundo caso se refiere a la apertura de los negocios, por tanto todas las empresas que accedan a estos fondos deberán garantizar su actividad hasta junio de 2022, por tanto, se impedirá su cese.
Otras circunstancias
Con el objetivo de facilitar la solvencia al máximo número de sectores posibles, estos fondos también proporcionarán apoyo a quienes tengan ERTE ampliados.
Por otro lado, quienes no hayan solicitado préstamos ICO con anterioridad también podrán acceder a las mismas. Ya que el Gobierno ha accedido a no limitar el respaldo público a la reestructuración de deudas empresariales.
