"No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid". Después de varios días de tiras y aflojas a cuenta del futuro del Impuesto de Patrimonio el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido dejar claro por escrito al Ministerio de Hacienda dónde sitúa la frontera entre el legítimo debate político y lo que empezaría a considerar como una invasión desleal e inconstitucional de su esfera competencial. El consejero de Hacienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda para advertirle de que la Comunidad de Madrid acudirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno concreta su acuerdo con ERC y constituye una comisión bilateral para analizar a dos bandas el futuro de la regulación del Impuesto de Patrimonio.
Lasquetty recuerda a Montero en la misiva, fechada el pasado 30 de noviembre, que negociar la imposición que debe tener el Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid con la formación soberanista catalana "no sólo es un desprecio flagrante hacia los madrileños, sino que no tiene precedentes ni, desde luego, cabida en el orden constitucional". Y advierte de que si el Ministerio de Hacienda abre ese foro bilateral de negociación la Comunidad de Madrid presentará en primera instancia un requerimiento de incompetencia y si fuera necesario un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional.
La historia es conocida. El Grupo Republicano en el Congreso de los Diputados presentó una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 planteando una recentralización parcial del Impuesto de Patrimonio en orden a recuperar una cuota estatal sobre el 50% del gravamen al objeto de garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio nacional. El ajuste tenía como claro destinatario a la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno tiene bonificada al 100% la cuota del impuesto desde hace años. El asunto genera recurrentes quejas de buena parte del resto de los territorios que observan como sus grandes patrimonios deciden hacer las maletas con destino a la Comunidad de Madrid en busca de un entorno fiscal más 'friendly' y consideran esa maniobra como un caso de competencia fiscal desleal por parte del Gobierno madrileño.
La polémica saltó cuando los dos partidos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se avinieron a negociar la enmienda de ERC, lo que desde la Comunidad de Madrid se vio como un ataque a su esfera competencial. El encontronazo ha vuelto a poner en el foco la agresiva política de rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid y ha permitido al Gobierno reiterar su posición a favor de la fijación de mínimos de tributación en los impuestos estatales cedidos al 100% a las comunidades autónomas: el Impuesto de Patrimonio y los impuestos de Sucesiones y Donaciones, sobre los que Madrid también ha operado para bajar su carga fiscal a los contribuyentes.
El Gobierno aprovechó la enmienda de ERC para fijar en los Presupuestos su compromiso de crear un grupo de trabajo - que ya existe desde hace meses como publicó La Información - para analizar la reforma del Impuesto de Patrimonio y concedió a ERC el privilegio de constituir un foro bilateral de negociación sobre el asunto. Los compromisos gubernamentales con ERC para garantizarse su apoyo al proyecto presupuestario han causado un profundo malestar en el Gobierno regional, como subraya el consejero de Hacienda en la carta dirigida a la ministra de Hacienda, ya que desde su punto de vista se ha hecho con "el expreso objetivo de invadir deslealmente la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, imponiendo subidas de impuestos sin nuestro consentimiento".
Lasquetty recuerda a María Jesús Montero que ella misma dijo en una entrevista reciente que no se podía hablar de 'dumping fiscal' en la Comunidad de Madrid y recalca en este sentido "no puede existir 'dumping fiscal' ni competencia desleal cuando las reglas del juego con idénticas para todos", en relación a la ordenación regulatoria de las comunidades autónomas de régimen común que reserva competencias normativas a éstas sobre los impuestos cedidos por el Estado, como es el caso del de Patrimonio.
"Lo que ustedes han declarado públicamente", remacha la misiva, "constituiría una inaceptable e inconstitucional abolición de la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid para desarrollar la política fiscal que considera más conveniente y beneficiosa para los intereses de los madrileños, conforme a las disposiciones legales presentadas ante la Asamblea de Madrid y aprobadas por esta".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios