138 académicos firman por despolitizar las instituciones para 'reiniciar' España

Despolitizar las instituciones, abordar las reformas que necesita el país y orientar los fondos europeos allí donde pueden proporcionar mayor impulso a la actividad para conseguir el objetivo de conducir la economía española "hacia una economía moderna, más eficiente y con una mayor cohesión social".  Un grupo de 138 académicos del entorno universitario entre los que se cuentan algunos de los profesionales más prestigiosos y reconocibles del panorama nacional como José Ignacio Conde Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, subdirector del think tank Fedea y un habitual de los grupos de expertos constituidos por los diferentes gobiernos de España,   o Juan Francisco Jimeno, profesor de la Universidad de Alcalá y analista jefe de macro del Banco de España, han puesto su firma a un informe con más de un centenar de propuestas de actuación para la reconstrucción del tejido productivo tras el impacto de la Covid-19 y en el marco del 'superfondo' europeo para la reconstrucción de las economías de la UE.

Los firmantes aseguran lanzar este documento con el objetivo de suscitar "un enriquecedor debate público sobre las estrategias más idóneas para transformar la economía española" y para ello plantean reformas estructurales, actuaciones gubernamentales y políticas de gasto en determinados sectores y actividades económicas en torno a ocho grandes ejes: Ciencia, Innovación y Transferencia Tecnológica; Energía, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Transportes; Fiscalidad y Reforma de la Administración Pública; Sanidad y Servicios Sociales; Educación; Industria y Turismo; Mercado Laboral; y la Economía del Mundo Rural.

El documento plantea canalizar los fondos procedentes de Europa de forma prioritaria hacia actuaciones relacionadas con la digitalización de la economía y la transición ecológica, como programas para el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica, la informática de alto rendimiento o las comunicaciones 5G o en otro orden de cosas la financiación de planes de eficiencia energética en edificios industriales y residenciales, despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos o la transición del transporte público urbano hacia un modelo íntegramente eléctrico o de hidrógeno, pero también apunta hacia las reformas que el Gobierno debe abordar para contribuir a la modernización de la economía y ahí es donde se subraya de forma más firme la necesidad de despolitización.

La tecnocracia, por delante de la politización

El documento rubricado por los 138 profesionales de la Universidad aboga, por ejemplo, por la creación de una Agencia Nacional Independiente de Salud Pública, al estilo del Robert Koch Institute alemán, que se encargue de identificar las principales amenazas sanitarias para la población y "pueda ofrecer soluciones basadas en evidencias científicas", sacando esa gestión del ámbito de la política. Y no es la única medida que se plantea en ese sentido, el documento se inclina a favor de hacer descansar ámbitos críticos de la gestión pública en el modelo de agencia independiente, con presupuesto propio, margen de maniobra para configurar sus plantillas y sobre todo autonomía de actuación respecto al poder ejecutivo, como por ejemplo el seguimiento y evaluación de los centros educativos, la evaluación general de las políticas públicas, la investigación (lo que hoy sería el CSIC) o incluso lo que denominan como innovación disruptiva, al estilo de las agencias que ya existen en Estados Unidos o Reino Unido.

El informe académico va más allá. Aboga por la despolitizacion de la judicatura y por instaurar un nuevo sistema de selección de directivos públicos "por competencia y capacidad", en lugar de la libre designación a placer del política de turno que lleva instaurada desde hace años en la Administración, y cuyos mandatos estarían al margen del ciclo político.

Cambios profundos en Sanidad y Educación

Los 138 académicos firmantes del informe abogan también por una profunda reestructuración de los dos servicios públicos que más recursos consumen de la Administración y que más se valoran desde la ciudadanía: la sanidad y la educación. En Sanidad, las propuestas de los académicos parten de la base de poner la gestión de la Salud Pública en manos de los profesionales y de reconstruir el sistema sanitario para trasladar el eje principal del sistema hacia la Atención Primaria, que se convertiría en la puerta de entrada al sistema sanitario público. Desde ahí los pacientes llegarían a la atención especializada, la hospitalaria o a los servicios socio-sanitarios - que se integrarían en la oferta sanitaria pública - en función de sus necesidades.

Los expertos entienden que la mejora del sistema sanitario público pasa por accionar también otras palancas, como la evaluación económica de las decisiones de financiación pública de según qué prestaciones sanitarias, la evaluación independiente de la utilización de los recursos sanitarios y del gasto farmacéutico o la orientación de las infraestructuras sanitarias al nuevo perfil de paciente: crónicos y pluripatológicos.

Los académicos también plantean una reforma profunda del sistema educativo. Entienden que se debe reforzar la autonomía de los centros docentes para configurar su propio modelo educativo, poblar las escuelas de orientadores y reforzar la figura del profesor como tutor, replantearse el actual currículum educativo para abrir la puerta a disciplinas más vinculadas con el pensamiento crítico, el compromiso cívico o la resiliencia; e introducir como principio la rendición de cuentas de los centros escolares, apoyado en la revolucionaria publicación de un ranking de centros escolares basado en criterios objetivos, corregidos por entorno socioeconómico, del que se encargaría una agencia de evaluación independiente de centros educativos.

Renovación hotelera, simplificar el pago de impuestos...

Entre las más de cien propuestas para la modernización de la economía española que este grupo de académicos ha puesto encima de la mesa aparecen también el impulso de un plan de renovación integral y sostenible de los destinos turísticos pioneros cuya oferta turística ha podido quedar obsoleta y cuya renovación se puede afrontar aprovechando los fondos europeos; el fomento de un tejido industrial de componentes para la transición energética (baterías, equipos de alta eficiencia, vehículos eléctricos...); la creación de programas de apoyo económico y fiscal para nuevos pobladores en la España vaciada; o el impulso de planes de colaboración público privada.

En materia de impuestos, el informe aboga por la simplificación del sistema fiscal, la equiparación de la fiscalidad ambiental con la media europea, la mejora de la fiscalidad a la innovación y la recuperación de la escala progresiva en el IRPF para las rentas del capital. El informe no entra en el polémico debate sobre las pensiones, pero sí plantea una vinculación más estrecha entre los servicios públicos de empleo y las empresas para acompasar la oferta y la demanda del mercado de trabajo.