Si buscan un ejemplo de los efectos que los anuncios del Gobierno pueden tener sobre un sector determinado sin necesidad de aprobar cambio normativo alguno, pueden echar un vistazo a lo que ha sucedido en los últimos meses en el mercado de las socimis. Nada más llegar al poder el Gobierno de Pedro Sánchez situó a las socimis, junto a las sicav, como objetivo prioritario de su ofensiva por la justicia fiscal y contra el tratamiento supuestamente favorable que reciben los grandes patrimonios en el sistema fiscal español. Ya en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, posteriormente rechazado por el Congreso, se incluyó una propuesta para establecer un gravamen adicional del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de sociedades, que a día de hoy tributan al 0% siempre que la sociedad cumpla una serie de requisitos entre los que destacan que cuente con un número mínimo de inversores - una veintena - y que distribuyan el 80% del beneficio obtenido por el negocio.
La frágil mayoría parlamentaria del Gobierno en minoría de Pedro Sánchez en primera instancia y de la coalición de gobierno con Podemos en segundo término han impedido hasta la fecha que la medida se implante de manera efectiva, pero la penalización fiscal a las socimi no ha desaparecido ni del relato gubernamental ni de la mayoría de los planteamientos oficiales sobre política fiscal que desde el entorno del Ejecutivo se han realizado en los últimos meses. Y la amenaza ha surtido efecto. Según los datos incluidos en un artículo difundido este martes por el Banco de España, la acusada tendencia a la acumulación de activos inmobiliarios en este tipo de sociedades de inversión vivienda entre 2013 y 2018 experimentó un brusco frenazo en 2019 entre el ruido de tambores de castigo fiscal emitido desde distintos ámbitos del Gobierno durante todo el ejercicio.
Desde la activación definitiva de la figura en el año 2013, pese a que fue creada por el Gobierno Zapatero en 2009, tanto la creación de socimis - sociedad de inversión inmobiliaria orientadas a la gestión de inmuebles destinados al alquiler- como la tenencia de activos inmobiliarios en estos instrumentos ha tenido un crecimiento exponencial. Sólo entre 2013 y 2018, las socimis han pasado de tener 1.000 millones en activos inmobiliarios a manejar una cartera de más de 45.000 millones de euros, convirtiéndose en uno de los principales actores del mercado inmobiliario y en el principal acto del mercado del alquiler, adormecido en España hasta la irrupción de estos vehículos de inversión. El despliegue de estos vehículos de inversión se detuvo en seco, sin embargo, en 2019, en el que tan sólo han incorporado a su cartera 1.200 millones de euros en activos, la cifra más baja desde su constitución en el año 2013.
Con todo, en 2019 empezaron a cotizar cerca de una veintena de socimis, pero este dato es engañoso ya que la norma permite a este tipo de sociedades operar durante un periodo de dos años antes de empezar a cotizar en los mercados por lo que el crecimiento de este ítem muestra más las condiciones del mercado en 2017 y 2018, que en 2019. Es cierto que la situación ha coincidido también con una cierta moderación de la actividad económica, pero su magnitud no parece explicar la repentina pérdida de atractivo del instrumento para los inversores inmobiliarios.
El Banco de España, en defensa de las socimis
Mientras el Gobierno continúa contemplando las socimis como un instrumento para la acumulación de riqueza de los grandes patrimonios, el Banco de España traslada una perspectiva bien diferente de su importancia para el mercado. "Hasta ahora las inversiones de las socimi se han concentrado en el segmento comercial, si bien en los últimos años se ha observado un aumento del peso del negocio residencial, especialmente en las grandes áreas metropolitanas", sostienen los analistas de la institución. "En caso de consolidarse, esta evolución podría favorecer un aumento de la oferta de vivienda", uno de los principales déficit que el Banco de España viene identificando en el mercado inmobiliario y desde su punto de vista también uno de los principales elementos que distorsionan el mercado.
Para el Banco de España, las socimi juegan también un papel relevante para facilitar el acceso a la inversión inmobiliaria de los ahorradores minoristas al cotizar en los mercados y permitir la entrada de pequeños inversores en su capital. La entidad entiende que las socimi han venido a ampliar el abanico de instrumentos de inversión del mercado español y "suponen una ventaja para los inversores minoristas frente a la inversión directa en inmuebles, en términos de diversificación de riesgos (por la posibilidad de invertir en carteras con distintos inmuebles), profesionalización de la gestión y escalabilidad".
El supervisor de los mercados financieros considera incluso que su existencia esconde ventajas para la estabilidad del sistema financiero, zarandeado duramente en el pasado por su exposición al mercado inmobiliario, ya que por la particular estructura de capital de estos instrumentos la exposición del sistema financiero a los mismos es reducida y no sólo eso sino que además su estructura patrimonial las hace "más sólidas frente a crisis bursátiles o inmobiliarias".
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