El Plan Anual Normativo del Gobierno, el vademécum que fija la hoja de ruta del Ejecutivo para este año y que acaba de convalidar el Consejo de Ministros, incluye la aprobación de dos reales decretos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2022 y 2023, pero incorpora una cláusula que condiciona la futura senda de crecimiento de esta referencia salarial a la evolución de la situación económica. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que se trata de una "errata" en el texto, que es de carácter oficial y cuya elaboración ha coordinado el Ministerio de la Presidencia, sin embargo, fuentes de Moncloa consultadas por La Información afirman que esta medida está siempre ligada a su impacto sobre la economía y que ese es un criterio que se seguirá teniendo en cuenta en futuras decisiones.
Concretamente, el Plan contempla la aprobación de un real decreto por el que se fija el SMI para 2022 -recordemos que este indicador ha empezado el año congelado, a la espera de que el Gobierno abra la mesa de diálogo con los agentes sociales tras la maratón de negociaciones a finales de 2021 por la reforma laboral- y otro para 2023. Si bien en este último se matiza que la medida está "sujeta a evaluación", extremo que se justifica por el artículo 3.1.e) del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, que establece que "el Plan Anual Normativo identificará las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación", atendiendo al "impacto sobre la economía en su conjunto o sobre sectores destacados de la misma".
Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que se trata de una "errata" en el texto que no contenían versiones primigenias del mismo y que ha sido introducida por Moncloa en el documento final por un "error en el traspaso", ya que la limitación estaría haciendo referencia a un apartado anterior sobre el contrato de formación dual universitaria. Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguran que la subida del SMI sí está condicionada a un análisis sobre su impacto en la economía y que, en todo caso, podría haber una errata en la redacción (por incluir, efectivamente, una referencia al apartado previo del documento), pero que tanto en 2022 como en 2023 se examinará la situación económica antes de abordar la decisión.
Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz insisten en defender que la limitación "no se aplica, en ningún caso, ni al SMI de 2022 ni al de 2023", pero Moncloa es tajante: la subida del salario mínimo siempre va de la mano de un exhaustivo análisis sobre su impacto económico y no se va a hacer ninguna excepción. De hecho, es habitual que en los planes anuales normativos el Gobierno remate el apartado del real decreto por el que se fija el SMI con una cláusula que indica "norma sujeta a evaluación". Es el caso, por ejemplo, del pasado año 2021, cuando se puso negro sobre blanco: "Norma sujeta a evaluación. Justificación: Criterio e), Impacto sobre la economía en su conjunto o sobre sectores destacados de la misma". En aquella ocasión, la crisis económica y la división en el seno del Gobierno finalmente postergaron la decisión hasta el mes de septiembre.
Economía: "Es del todo coherente"
En el Ministerio de Asuntos Económicos también lo tienen claro: "Tanto el año pasado como este se hace la misma referencia, que en definitiva indica que la decisión está sujeta a la evolución de la economía". Fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño explican que esta condición, como es lógico, opera tanto en esta como en otras muchas iniciativas gubernamentales que tienen impacto sobre la actividad económica y defienden que se trata de una cláusula "del todo coherente". Además, abundan en el hecho de que el propio Estatuto de los Trabajadores establece que "el Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general".
Es más, la memoria del análisis de impacto normativo del real decreto que fijó el SMI de 2021 -prorrogado en 2022-, que la ministra de Trabajo firmó hace solo 4 meses, puso negro sobre blanco que la fijación del SMI "no es el resultado de una operación matemática, sino que debe realizarse a través de una valoración global de un conjunto de indicadores", a lo que añadió que "algunos, como la evolución del IPC o la participación de la remuneración de los trabajadores en la renta nacional están bien delimitados y se dispone de datos muy recientes, pero se podrán tomar distintos indicadores en relación a la evolución de la productividad". "Sobre la valoración de la situación económica se debe atender a consideraciones que van más allá de las puramente cuantitativas. Por tanto, la fijación de la revalorización no responde a un cálculo matemático ni atiende a medidas puramente objetivas", concluye el documento elaborado por los técnicos de Trabajo.
Para más inri, el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, que constituyó el Gobierno para fijar la senda de crecimiento que debería seguir esta referencia salarial para adecuarse a los estándares europeos, dejó por escrito que "las circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos derivadas de la crisis de la Covid y su impacto sobre el PIB, el empleo, la desigualdad y la pobreza, junto con la incertidumbre acerca de la pauta temporal e intensidad de la recuperación, hacen difícil proponer una cronología de convergencia" para que el SMI alcance el 60% del sueldo medio al que se ha comprometido el Gobierno para el final de la legislatura. En ese contexto, acordó proponer una "senda orientativa", ya que, "a pesar de que todavía no se ha resuelto la incertidumbre sobre la situación económica y social en la que se encuentra España, la evolución reciente de la pandemia y las previsiones sobre el crecimiento macroeconómico han permitido establecer unos escenarios posibles para que el Gobierno, en el marco del diálogo social, determine cuál es la mejor opción".
Choque Díaz-Calviño
La normativa que regula el SMI es cristalina y por eso tanto en Moncloa como en el área económica del Gobierno sorprende que el Ministerio de Trabajo considere que se trata de una errata en el Plan Normativo y sostenga que la decisión de subir el SMI no va a ir aparejada de una evaluación de la situación económica y de su eventual impacto sobre la actividad y el empleo. Sobre todo cuando España todavía se encuentra en una fase de recuperación incipiente y condicionada por un contexto de elevada incertidumbre. El choque entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño persiste y prueba de ello es que la vicepresidenta económica ha advertido en numerosas ocasiones de que las subidas del SMI deben realizarse en contextos que minimicen los riesgos para la creación de empleo y, más recientemente, ha insistido en la necesidad de evitar que las subidas salariales conviertan la inflación en estructural (una advertencia, la de evitar los 'efectos de segunda ronda', que ha lanzado el Banco de España y ha respaldado el propio Pedro Sánchez).
En cualquier caso, la decisión de subir el salario mínimo en este 2022 está todavía en stand by. Tras un nuevo choque en el seno de la coalición entre socialistas (partidarios de retrasarla, especialmente los ministerios económicos) y morados (decididos a aprobarla cuanto antes) a finales del año pasado, y con el diálogo social saturado por la maratoniana negociación de la reforma laboral, Sánchez impuso la congelación hasta nuevo aviso. En el Ministerio de Trabajo insisten en que la mesa con la patronal y los sindicatos se abrirá en breve, pero los agentes sociales empiezan a sospechar que eso no va a suceder hasta que el Gobierno convalide la reforma laboral pactada en el Congreso de los Diputados. A la patronal le viene bien la tregua, pero los sindicatos ya están elevando el tono para reclamar subidas salariales en un contexto inflacionista que está mermando la capacidad adquisitiva de numerosos colectivos, especialmente los más vulnerables.
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