El Gobierno de Pedro Sánchez se convertirá en actor principal de la posible operación de adquisición de Air Europa por el Grupo IAG (Iberia), hasta el punto de poder vetar la operación, si finalmente el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas - más conocido como Fondo Sepi - decide implicarse en la estabilización de la situación financiera de la aerolínea de los Hidalgo y acepta negociar un plan de rescate sobre la propuesta de inyección de recursos públicos por una cuantía de 400 millones de euros que le acaba de presentar la compañía para asegurar su continuidad.
Según fuentes jurídicas, la cláusula que otorga a la Administración "derechos especiales sobre determinadas decisiones estratégicas (de las empresas beneficiarias del mecanismo) para asegurar el buen fin y adecuada asignación de las aportaciones a cargo del Fondo" no limita su radio de acción a la gestión propia de la empresa en cuestión, sino que llegado el caso podría condicionar las eventuales operaciones de toma de control por parte de un tercero, hasta el punto, aseguran estas mismas fuentes, de otorgar una suerte de 'derecho de veto' sobre las mismas. La norma reguladora del Fondo establece que será la Comisión Gestora del fondo, en la que participan el presidente y un alto ejecutivo del hólding público SEPI y representantes de cuatro ministerios (Asuntos Económicos, Transición Ecológica, Industria y Hacienda), la que ostente la representación del Estado en las empresas y que en concreto será el presidente de la SEPI su representante.
Estas mismas fuentes atribuyen esta cautela normativa excepcional al estricto mandato de uno de los imperativos establecidos por la Comisión Europa a la hora de poner en marcha este tipo de mecanismos de apoyo al sector privado: la necesidad de garantizar la recuperación en las mejores condiciones posibles de los fondos públicos empeñados en el rescate de empresas privadas.
El amplísimo radio de acción de esta cláusula cobra una nueva dimensión a la luz del conocido interés de IAG por la adquisición de Air Europa, que hace apenas unos días solicitó 400 millones de euros a este fondo de rescate. La utilización de recursos públicos para taponar la vía de agua que la Covid-19 ha abierto en el balance de la aerolínea española condicionaría de manera significativa la operación, ya que pondría en manos del Gobierno de Pedro Sánchez la llave para autorizar o no el cierre de la operación, según subrayan las fuentes consultadas.
El asunto no tiene porqué suponer un problema. El Gobierno no ve en absoluto con malos ojos la adquisición de Air Europa por parte de IAG, a la que se considera a todos los efectos una empresa española. Pero el rescate de Air Europa le colocaría con un poder de decisión que puede resultar crítico a la hora de 'gobernar' el proceso, bien para garantizar que la operación no se traduce en un recorte de rutas estratégicas para los intereses de España o bien para modular las pérdidas de empleo que podría generar el mismo. Las fuentes jurídicas consultadas avisan de que el marco normativo que sostiene el Fondo Sepi no establece ninguna restricción de partida a que las empresas 'rescatadas' puedan realizar ajustes de plantilla, pero con el Gobierno en la sala de decisiones de la empresa se hace difícil pensar que se puedan adoptar decisiones demasiado drásticas en materia de empleo.
El Gobierno no utilizará el instrumento para nacionalizar empresas, como se prometió desde Moncloa ante la presión desde el área de gobierno de Unidas Podemos y las sospechas en el sector empresarial, pero no va a renunciar a intervenir e incluso determinar las principales decisiones de gestión de las empresas a las que preste asistencia financiera. De otro modo, Moncloa no pretende quedarse con la propiedad de las empresas, pero sí tiene herramientas para mandar en tanto permanezca en su capital.
La norma reguladora del Fondo Sepi de hecho garantiza el derecho de la Administración a intervenir en las decisiones estratégicas de la compañía tanto si entra en el capital de la misma a través de la adquisición de acciones como si se opta por participar a través de los otros mecanismos financieros previstos, como los préstamos participativos. Esa intervención debe quedar regulada en el Acuerdo de Accionistas, si se entrara en la empresa con una participación accionaria, o en el Acuerdo de Gestión de la Compañía, donde se deben determinar los aspectos críticos de la gestión de la compañía en los que la Administración requiere tener voz y voto. Las fuentes consultadas advierten también de que el Ejecutivo podría desentenderse de adoptar una posición en según qué temas, pero consideran improbable que deje de hacerlo en asuntos que puede afectar de forma directa a la recuperación de los fondos inyectados en la empresa, como podría ser una fusión.
El riesgo de terminar quedándose con las empresas
Las cautelas impuestas por Bruselas para impedir en la medida de lo posible que los países tengan la tentación de utilizar estos mecanismos para mejorar la competitividad de sus empresas frente a los del resto de países de la Unión esconden un envés tenebroso. La Comisión Europea ha diseñado el marco regulatorio al que se tienen que ajustar todos los instrumentos de rescate público a empresas que se pongan en pie en la Unión de modo que para éstas lo más rentable sea estabilizar su situación financiera en el corto plazo y prescindir de la asistencia pública lo antes posible.
Las fuentes consultadas aseguran que se trata de un mecanismo caro para las empresas que lo soliciten, cuya carestía se incrementa exponencialmente a medida que se prolonga la permanencia del sector público en su capital. La fórmula, en efecto, inhibe cualquier posible aspiración de sacar partido a la participación del Estado en el capital de la empresa, pero también esconde un problema para los estados. Bruselas ha obligado a los países a regular que en el caso de que las empresas no puedan devolver según el calendario de pagos previsto los fondos públicos recibidos la participación estatal en las mismas se incremente. Un problema para los socios privados de la compañía...y un problema también para los socios públicos que en los casos en que las empresas no puedan levantar cabeza se condenan a quedarse con la propiedad de proyectos empresariales de dudosa viabilidad.
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