Las patronales integrantes de la CEOE que se abstuvieron en la votación de la reforma laboral en el seno de la confederación empresarial -a saber, la catalana Foment, la madrileña CEIM y las sectoriales Asaja (del campo) y Anfac (del automóvil)- están preparando una ofensiva contra la legislación firmada por la patronal, con Antonio Garamendi a la cabeza, los sindicatos CCOO y UGT y el Gobierno. En concreto, según adelantan a La Información fuentes conocedoras de esta maniobra, distintas organizaciones están a la espera de que concluya la vacatio legis de la normativa que entró en vigor el 31 de diciembre de 2021 y que concluye a finales del próximo mes de marzo para poner sobre la mesa una serie de informes que demuestren, con datos concretos, los efectos perniciosos de la nueva normativa para las empresas.
Tras el rechazo inicial a una reforma laboral que no solo cuestionaron por el contenido, sino también -e incluso con mayor dureza- por el hecho de que Garamendi optó por negociar de manera totalmente hermética para con los socios de la patronal, rodeado de un reducido núcleo duro de asesores, las patronales díscolas escenificaron un cierre de filas que, según apuntan fuentes de la patronal, no fue más que un "postureo conveniente" para "cuestión de semanas". De hecho, las mismas fuentes afirman que estas organizaciones territoriales y empresariales han puesto ya a trabajar a sus equipos técnicos y jurídicos para recopilar toda clase de datos del impacto de todo tipo de alcance que pudiera tener la reforma laboral sobre los distintos sectores y territorios en materia de creación de empleo y afectación a la actividad empresarial por el incremento de los costes laborales.
Las fuentes consultadas por este medio apuntan a que será a partir del 31 de marzo, cuando entre en vigor la reforma laboral al completo, cuando los "halcones" de la CEOE desatarán una campaña para evidenciar con datos, permanentemente actualizados, el "desastre" para las empresas que va a suponer la reforma laboral recién aprobada en el Congreso de los Diputados. "No solo las organizaciones que se abstuvieron en la votación, sino que incluso otros sectores están analizando la letra pequeña del real decreto y están empezando a darse cuenta de que votaron a ciegas, sin conocer el detalle de un texto que en realidad les perjudica", revelan estas fuentes que especifican que se trata de sectores relacionados con el turismo, como la hostelería o el comercio, y también la logística. "Votaron a favor de una reforma de la que no conocían la letra pequeña porque en la patronal nadie la detalló, incluido Garamendi", insisten.
El análisis minucioso del BOE no solo refleja la desaparición del contrato de obra y servicio o la restricción del periodo legal de temporalidad en el nuevo menú contractual que deja eventuales ampliaciones al albur de los convenios colectivos, sino que pone en evidencia que el peso que ganan los sindicatos en la negociación "no saldrá gratis a las empresas", apuntan fuentes conocedoras de los estudios que están realizando los equipos de las patronales disconformes con la reforma laboral. "Se están dando cuenta de la severa restricción que se impone a los contratos temporales en la práctica", denuncian. Además, están echando cuentas del "severísimo endurecimiento" del régimen sancionador, donde no solo suben las cantidades de las multas por contrataciones fraudulentas, sino que las multas se imponen a partir de ahora por cada contrato y no por expediente", añaden. Resumen el impacto con una suma sencilla: si las sanciones pueden alcanzar los 10.000 euros por contrato y, en el mejor de los casos, la Inspección las deja en 5.000 euros, en el momento en el que una empresa acumule 100 contratos en fraude de ley tendrá que abonar medio millón de euros. Es el precio a pagar por engañar a la Seguridad Social.
Se encarece el despido
Otro tema que ha pasado desapercibido hasta que los bufetes de postín han ido afinando la letra pequeña del decreto es el supuesto de fijeza del puesto. "Si te pillan, no solo tienes que hacer indefinido al trabajador, sino que te pueden sancionar", explican desde una de estas patronales. "Además, con el trasvase de contratos temporales a fijos discontinuos, en realidad lo que hace el Gobierno es encarecer el despido, tal y como vienen reclamando los sindicatos", apostillan desde uno de los sectores más afectados por este cambio normativo. "En vez de 12 días, ahora pagamos 20", concluyen, para añadir que, a parte, al incrementar el número de fijos aumenta la sindicalización de la empresa al contar con más trabajadores indefinidos, algo que, por motivos obvios, no gusta en ninguna organización empresarial.
Estas patronales se están dando cuenta de que el nuevo marco regulatorio podría derivar en "problemas tremendos" para sus negocios y están calentando el partido con datos de impacto sectorializados y territorializados. En paralelo, los sindicatos también se han dado cuenta de que el Gobierno les ha colado algunos "goles" en el decreto laboral, en particular en lo que se refiere a la subcontratación, donde el principal problema, el de la precariedad de las conocidas como kellys (las camareras de piso), no queda resuelto, porque ahora pueden ser contratadas como fijas discontinuas con el salario que no es el de la empresa principal, ni el del sector de la empresa principal, sino el de la actividad subcontratada, que suele ser inferior. "Se va a producir un incremento de la subcontratación que incurrirá fácilmente en cesión ilegal de los trabajadores, denuncian desde el flanco sindical a este periódico.
Los sindicatos tampoco están satisfechos con el resultado final de la negociación con el Gobierno y la patronal. Han conseguido que el convenio del sector marque el salario, pero el resto de las condiciones laborales siguen enmarcadas en el convenio de empresa. La ultraactividad, por otro lado, ya la tenían incorporada el 80% de los convenios, por lo que su recuperación en la reforma laboral tampoco supone un gran hito. Además, tanto en CCOO como en UGT asumen que la temporalidad se va a reducir en las estadísticas gracias a los cambios normativos aprobados y, en parte, al "maquillaje" que implica el trasvase de cientos de miles de contratos temporales a fijos discontinuos, pero la tasa seguirá siendo intensa y elevada en comparación con el entorno europeo. Y empiezan a percibir que el contrato específico de 90 días se puede convertir en un "comodín" para las empresas que provocará mucha rotación, al eliminarse las restricciones porcentuales respecto a las plantillas que se intentaron incorporar, sin éxito, al texto legal.
La prueba definitiva para los sindicatos del escaso alcance de la reforma laboral, que reconocen en privado, es que ningún partido de izquierdas fuera de los miembros del Gobierno votaron la reforma en el Congreso. Ni ERC, ni Bildu, por ejemplo, se sumaron al 'sí' a un real decreto que salió adelante gracias a los votos de Ciudadanos y por error de un diputado del PP. Todas estas sensaciones que se palpan tanto en el flanco sindical como en el empresarial empujan a los agentes sociales a cerrar cuanto antes un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en el que se maticen algunos de los aspectos más espinosos de la reforma laboral. CEOE busca paliar los impactos más duros para las empresas y las organizaciones sindicales quieren arrancar subidas salariales generosas que compensen la escalada de la inflación. En CEOE hay prisa, porque más allá de marzo se empezará a desatar la tormenta empresarial sobre los resultados reales de la reforma y esto supondrá complicaciones para cerrar un acuerdo en el seno de la patronal. Y los sindicatos urgen a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores con el IPC disparado e importantes riesgos en el horizonte derivados del conflicto bélico abierto por Rusia en Ucrania, que amenaza con tensionar aún más al alza los precios de la energía.
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