Arranca el mes de febrero y con él las negociaciones que el Gobierno Central iniciará con las comunidades autónomas sobre la posible condonación de parte de su deuda, en el marco del pacto que el PSOE firmó con ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Según fuentes del ministerio de Hacienda, será un equipo de técnicos del departamento que capitanea la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el que dé comienzo a la ronda de conversaciones bilaterales con las consejerías del ramo, sin que se haya establecido, de momento, un orden determinado para esas reuniones.
El formato elegido por el ejecutivo de Pedro Sánchez para abordar este asunto no termina de convencer a todas las autonomías, pese a que en Hacienda lo consideran un buen punto de partida para contrastar datos con las regiones. Entre quienes han alzado la voz por ello se encuentra Andalucía. El Gobierno de la Junta aceptará una quita de parte de su deuda únicamente si esta se aplica a "todas" las comunidades autónomas. Si bien, su consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la popular Carolina España, ha reclamado que este tema se aborde en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -y no mediante encuentros bilaterales-, en una entrevista a Canal Sur Televisión.
Sobre el contenido de las conversaciones y las posibilidades que Hacienda plantea a la hora de aplicar esta medida, la propia Montero aseguró que el acuerdo de investidura con ERC, por el que Cataluña opta a la condonación de un 20% de la deuda contraída con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), se extrapolaría al resto de territorios con el mismo criterio, esto es, dependiendo de la "infrafinanciación" que tuvieron que soportar a causa de la crisis financiera de 2008 (en el caso catalán ese porcentaje equivaldría a unos 15.000 millones).
Este aspecto también ha generado suspicacias en el caso de autonomías que, como la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía se ven discriminadas por el actual modelo de financiación, que caducó en 2014 y cuya reforma Hacienda pretende abordar también a lo largo de la legislatura. La Generalitat Valenciana, sin ir más lejos, ha venido reclamando una condonación de la deuda que se ha generado por la diferencia de financiación respecto a la media de autonomías de régimen común.
Infrafinanciadas... pero con récord de recursos
Mientras se diseña el nuevo sistema de reparto y se aborda la posible quita, desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apuestan por crear un fondo transitorio de nivelación para complementar los recursos de esas cuatro regiones infrafinanciadas por el modelo vigente. El instrumento, que tendría un coste de 3.277 millones de euros que debería asumir íntegramente el Estado.
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los objetivos de su departamento de cara a la actual legislatura, María Jesús Montero cargó contra el discurso "absolutamente hipócrita" de aquellos responsables políticos que hablan de infrafinanciación sin tener en cuenta el aumento de los recursos que el Estado destina a las comunidades. Sólo a lo largo de este ejercicio los gobiernos autonómicos recibirán 154.467 millones de euros del sistema de reparto, un importe histórico que es un 14,9% superior al de 2023.
Está por ver cuál es la posición final del PP en el tema de la quita, si es que los barones del partido no decidieran romper filas. Desde la dirección nacional se ha venido incidiendo en que la reforma de la financiación o cualquier mecanismo para aliviar la carga de la deuda debe negociarse a través del Consejo de Política Fiscal y tras haber convocado previamente a la Conferencia de Presidentes. Esa negociación conjunta favorecería a los de Alberto Núñez-Feijóo, dado que los populares ostentan el gobierno de la mayoría de comunidades autónomas tras las elecciones del pasado mes de mayo.
