Calma tensa en el diálogo social. El Gobierno, la patronal y los sindicatos han terminado su particular 'agosto de reflexión' con algunas certezas y muchas dudas. Pero lo seguro es que ahora, a la vuelta de las vacaciones, tendrán que sentarse a negociar las reformas más complejas en los ámbitos laboral y de pensiones. El tiempo apremia y urge cumplir los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, según el calendario fijado. Lo incierto es el panorama económico de base sobre el que se debatirán estos asuntos, con una recuperación incipiente todavía sujeta a un elevado grado de incertidumbre. Los agentes sociales velan armas y preparan estrategias de cara a las negociaciones más duras y cruciales para los próximos años.
Las reformas serán pactadas o no serán. Es el mandato de Bruselas que, más que asumido, tiene interiorizado el Gobierno. Van once acuerdos fraguados en el diálogo social y la intención es seguir sumando. El problema es que las posturas de la patronal y los sindicatos están más que alejadas en algunos de los asuntos clave y limar las diferencias va a ser el gran reto del Ejecutivo en la nueva fase de la legislatura. Tras pactar un primer paquete de medidas en materia de pensiones, que ya ha aprobado el Gobierno, está pendiente de cerrar la segunda parte de la reforma, la más crítica. Por su parte, la mesa para la "modernización" del mercado laboral está atascada por la negativa de la CEOE a negociar el borrador planteado por el Ministerio de Trabajo. Queda mucho trecho.
Tras la última reunión de la mesa para la reforma laboral mantenida el día 28 de julio, las partes se emplazaron a un nuevo encuentro en septiembre. El 'no' de la CEOE al borrador de Trabajo (los últimos cambios en el texto los adelantó La Información en estas páginas) hizo imposible el acuerdo en los últimos meses y terminó forzando el desencuentro previo al parón de agosto. Lo cierto es que la patronal decidió -unilateralmente- que no entraría al trapo de la reforma laboral hasta después de las vacaciones. Aunque los empresarios nunca se han levantado de la mesa, la realidad es que siempre se han mostrado reticentes a negociar. Incluso, han llegado a posicionarse públicamente en contra de una reforma que consideran regresiva, intervencionista e inaceptable.
Se avecina un periodo de alta tensión en la mesa de diálogo social para la modernización del mercado de trabajo, pero también en otras mesas paralelas en las que se abordarán asuntos cruciales como la subida del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que hasta ahora se había mostrado reticente a subir el SMI este año por la gravedad de la crisis económica provocada por la pandemia, ha abierto la puerta a un incremento en septiembre para los últimos meses del año 2021. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado esa ventana de oportunidad y antes incluso de que acabe agosto ya ha convocado a las partes para limar los detalles técnicos y hace la subida lo antes posible. Todo dependerá de cómo respire el mercado laboral ahora, pues aunque las previsiones son optimistas no se puede descartar un impacto negativo en el empleo de la quinta ola de la Covid, especialmente por su afectación en el sector turístico.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha posicionado en contra de subir el SMI en incontables ocasiones en los últimos meses y la última esta misma semana, a la vista de las prisas de Yolanda Díaz. A su juicio, no es el momento de incrementar los costes a las empresas sino de recuperar el empleo perdido por el 'shock' de la pandemia y consolidarlo. Los sindicatos, en contra, defienden que el salario mínimo tiene que aumentar de manera urgente, en un contexto de escalada de los precios que está mermando considerablemente el poder adquisitivo de un millón y medio de trabajadores que se mueven en ese nivel. Yolanda Díaz está en este caso del lado sindical y lleva meses presionando en el seno del Gobierno para que el SMI suba cuanto antes.
Los agentes sociales también tendrán que sentarse con el Gobierno (en esta negociación también interviene el Ministerio de Seguridad Social) a valorar la situación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que el esquema actual caduca el 30 de septiembre, y si procede ampliarlos hasta finales de año, en función de la situación económica de los sectores más afectados por la persistencia de las restricciones sanitarias. En paralelo, tendrán que definir cómo va a ser el nuevo mecanismo de estabilidad del empleo que acompañará a los ERTE en el marco regulatorio como alternativa de flexibilidad interna en las empresas en situaciones de crisis.
Y no hay que olvidar que todavía hay que cerrar la segunda parte de la reforma de las pensiones. El primer Consejo de Ministros del verano ya ha aprobadoel proyecto de ley que garantiza la revalorización de las prestaciones con la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas e introduce una serie de medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación, que incluyen cambios en la penalización a la jubilación anticipada e incentivos a la demorada. En paralelo, se acuerda transferir el grueso de los gastos impropios de la Seguridad Social al Estado para paliar el déficit del sistema. Pero queda por negociar la parte más compleja, que es la relativa al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que vendrá a sustituir al Factor de Sostenibilidad introducido en 2013 para ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida y apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema.
El Gobierno planea introducir el nuevo mecanismo de ajuste a través de una enmienda a su propio proyecto de ley. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre este punto concreto en la mesa de diálogo social, el ministro José Luis Escrivá accedió a derogar el Factor de Sostenibilidad -como demandaban los sindicatos- fijando un plazo de cinco meses para definir el nuevo mecanismo. Se ha dado hasta el 15 de noviembre para convencer a los interlocutores de una 'fórmula mágica' o, de lo contrario, tomará una decisión unilateral. Pero no lo va a tener nada fácil en la cámara baja, según le hicieron saber los representantes de los distintos grupos de la oposición en el Pacto de Toledo, donde quedó patente la desconfianza generalizada hacia medidas que amenacen con recortar las pensiones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios