"El Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo será preferente frente a las extinciones por causa económica, técnica, organizativa o de producción, debiendo la empresa motivar suficientemente en el caso de extinción por estas causas que el mecanismo del presente precepto es inviable para resolver de modo proporcionado y razonable la situación en la que se encuentra la empresa". Con ese párrafo, en anteriores versiones el borrador de la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo pretendía blindar las plantillas en las empresas en situaciones de crisis, haciendo preferente la opción de la reducción de jornada (a través del nuevo MSE que vendrá a complementar a los ERTE en el marco legislativo) frente al despido. El planteamiento ha sido eliminado en la última propuesta del Ministerio, a la que ha tenido acceso La Información, para intentar atraer a la CEOE al pacto.
En el último borrador que han puesto los técnicos de Trabajo sobre la mesa de negociación desaparece el carácter preferente de este mecanismo -que permitirá a las empresas reducir la jornada de los trabajadores cuando, por razones imprevisibles, ajenas a la voluntad empresarial, vean impedido o limitado el desarrollo normalizado de su actividad- frente a las extinciones de contratos por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción). Aunque sí se mantiene la cláusula que exigirá a las compañías que recurran a esta herramienta de flexibilidad interna un compromiso de mantenimiento del empleo (similar al que opera en los actuales ERTE), con este giro el Ministerio elimina rigidez a su propuesta en aras de acercar posturas con una patronal que se ha mostrado reacia a negociar estos y otros planteamientos que, consideran, van en contra de la adaptabilidad que necesitan las empresas en la actual coyuntura de crisis.
No es el único cambio de calado en el nuevo borrador. En anteriores versiones, el departamento ministerial que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz había puesto negro sobre blanco algunos aspectos relativos al nuevo menú de contratos de trabajo que también se han visto forzados a modificar en el transcurso de las negociaciones. Por ejemplo, se ha eliminado la obligatoriedad de hacer fijos a los trabajadores que sustituyan a otros empleados con derecho a reserva del puesto de trabajo cuando transcurran veinticuatro meses sin que se haya producido la reincorporación de la persona sustituida. Los empresarios habían criticado que el Ministerio estaba alterando "las reglas de salida, en un ejercicio de cinismo que debilita la capacidad de adaptación del sector privado frente a las soluciones otorgadas al sector público", donde se ha alcanzado un acuerdo para limitar a un máximo de tres años las plazas ocupadas por trabajadores interinos.
Trabajo mantiene, en cualquier caso, el esquema planteado desde el inicio de las negociaciones para las modalidades contractuales: el contrato de trabajo se presupone concertado por tiempo indefinido y solo podrán celebrarse contratos de duración determinada por razones productivas (ante incrementos ocasionales e imprevisibles de la actividad empresarial) y organizativas (la modalidad antes mencionada, para cubrir bajas de trabajadores con derecho a reserva del puesto). Apoyados en la justicia europea, se enrocan así en la eliminación del contrato de obra o servicio (incluido el específico de la construcción) para acomodarlo en el esquema de los indefinidos y reformulan la modalidad de fijo-discontinuo.
En este último punto también hay algunas novedades. La reformulación del fijo discontinuo es clave para el Ministerio, para que se utilice en lugar del temporal en los casos de actividades que suelen sufrir variaciones de la demanda dependiendo de la época del año, como la agricultura, la hostelería o el turismo. En un principio, Trabajo había planteado que el contrato de trabajo fijo-discontinuo debería reflejar el orden de llamamiento, punto que desaparece en el nuevo borrador. Asimismo, se ha eliminado la obligatoriedad para las empresas de elaborar un censo anual de personal fijo-discontinuo y en la última versión del documento esta cuestión se relega a la negociación colectiva sectorial. También ha desaparecido el derecho preferente de estos trabajadores a ocupar vacantes de contratos fijos y ahora se limita a fijar que la empresa deberá informar de estas vacantes para que los trabajadores puedan formular solicitudes de conversión.
El nuevo borrador también le da un 'meneo' al contrato formativo, estableciendo una sola modalidad que engloba los actuales de prácticas y aprendizaje, con una serie de normas comunes, como por ejemplo: un periodo de prueba máximo de dos meses que no puede volverse a concertar si la persona se queda en la empresa al término del contrato. Respecto al contrato para la formación dual, mantiene que el tiempo de trabajo no puede ser superior al 75% durante el primer año o al 85% en el segundo y tercer año de la jornada máxima prevista en convenio, pero modifica un aspecto sustancial y es que fija que la retribución será la establecida en convenio o grupo profesional, en función al tiempo de trabajo, pero ya no dice que no pueda ser inferior al salario mínimo (SMI). De este modo, mantiene la duración máxima actual del contrato de formación y aprendizaje en tres años (en una versión anterior de la propuesta lo había reducido a dos años) y establece que el contrato en prácticas podrá tener una duración máxima de solo un año, en una o varias empresas, frente a los dos años actuales.
El resto del borrador se mantiene prácticamente intacto en lo que se refiere a los cambios en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores sobre modificaciones de las condiciones sustanciales de las condiciones de trabajo, limitando los cambios unilaterales por parte de la empresa y otorgando más poder a los sindicatos; o en relación al artículo 42, donde se busca limitar la subcontratación de servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa para evitar abusos. También sigue igual la parte relativa al artículo 84, que recupera la prioridad aplicativa del convenio sectorial en aspectos como la cuantía del salario; y la que hace referencia al artículo 86, sobre la vigencia del convenio, para recuperar la ultraactividad y en los casos en los que no haya acuerdo se prorrogue de año en año.
Tras todos los cambios introducidos en la última reunión mantenida este miércoles, el sindicato UGT denunció que la patronal está consiguiendo paralizar la negociación y que el Gobierno parece haber olvidado la derogación de la reforma del PP, al no manifestar intención alguna de legislar sobre más materias. El Ministerio de Trabajo ha atendido algunas de las demandas de la CEOE y ese movimiento (natural en toda negociación) no ha sentado nada bien en las centrales sindicales. Los empresarios, en público, guardan silencio, pero en privado sí expresan su satisfacción por los avances conseguidos en el último borrador, aunque insisten en que son insuficientes para alcanzar un acuerdo. Las partes se han emplazado a una nueva reunión en 15 días, pero con las posturas aún alejadas y con el necesario parón de agosto a la vuelta de la esquina empieza a oler a que las negociaciones se retomarán en septiembre.
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