El Gobierno quiere aprobar un Real Decreto en el que se regulen las condiciones de suministro y contratación de energía eléctrica y dar así más protección al consumidor. El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado la consulta pública previa a la elaboración del texto y, según la cartera que dirige Teresa Ribera, "la experiencia obtenida a lo largo de estos últimos años ha permitido detectar una serie de elementos normativos en materia de protección del consumidor de energía eléctrica que es necesario abordar".
En concreto, apunta a aspectos como la regulación en materia de cambio de suministrador, la regulación del marco de reclamaciones para el consumidor de energía eléctrica, o elementos vinculados al marco general de contratación. "Necesitan adaptarse a las necesidades del sector, de tal forma que se asegure un adecuado equilibrio entre la consecución de los objetivos de política energética y la necesaria protección del consumidor de energía eléctrica", subraya.
No obstante, desde Transición Ecológica indican que otros puntos importantes podrían ser el desarrollo de procedimientos de detección y facturación del fraude, el desarrollo de la regulación relativa a los suministros esenciales, o la regulación de la unificación de los peajes de acceso y cargos (actualmente denominado tarifa única de acceso). Una de las preguntas que recoge el texto, adelantado por El Periódico de la Energía, es sobre cómo se puede "mejorar y agilizar" las relaciones contractuales entre consumidores y el resto de sujetos "sin que ello resulte en una merma de los derechos del consumidor y su protección".
"El actual marco normativo en materia de suministro y contratación debe adaptarse para dar respuesta a los distintos desafíos y objetivos de política energética definidos tanto a nivel nacional como europeo e internacional en los últimos años. Por ello, es necesario, en primer lugar, acometer la reforma de dicha regulación a través de un Real Decreto que refunde, consolide y actualice dicha materia", argumenta en la exposición de motivos.
"Mayor empoderamiento al consumidor"
El Ejecutivo pone así el foco en proteger a los consumidores que más están sufriendo la crisis energética. En octubre del año pasado, bajo el plan Más Seguridad Energética (+SE), ya reforzó la protección de los consumidores de gas natural, limitando la penalización máxima que las comercializadoras pueden fijar si un cliente rescinde el contrato de suministro en el primer año de vigencia del mismo. Además, estableció la obligatoriedad de que la empresa dé por finalizados los servicios adicionales que tuviera contratados el cliente -salvo que este indique lo contrario-.
Por otro lado, y con la misma idea de otorgar un "mayor empoderamiento" al consumidor, Transición Ecológica lanzó una consulta pública para modificar la tarifa regulada, pero quedó en suspenso hasta que la Comisión Europea (CE) impuso a España una revisión del PVPC como condición para aprobar la excepción ibérica.
La tarifa regulada actual fue introducida por la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y se regula por Real Decreto 216/2014. Los consumidores tienen contrato con comercializadoras de referencia (COR), designadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, y una potencia contratada no superior a los diez kilovatios (kW). También es la tarifa que permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social eléctrico.
Bajo el actual contexto de crisis energética, agravado por la invasión de Rusia a Ucrania, el Ejecutivo se ha dispuesto a reformular el cálculo del coste de producción de energía eléctrica para dotar al PVPC de una "mayor estabilidad" a la vez que se preservan las señales de precios del mercado (horarias) y a medio plazo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que tal y como plantea Transición Ecológica la nueva tarifa regulada de la luz tendría poco efecto en su objetivo de reducir la volatilidad de precios.
En la misma línea, y tras la puesta en marcha la excepción ibérica, Ribera viene peleando para que quede claro que son las eléctricas las que deciden trasladar al consumidor el coste del mecanismo. Tienen la obligación de introducir en en el recibo "de forma clara e inequívoca", en un apartado independiente dentro de la factura de electricidad, la siguiente redacción: "Las comercializadoras en mercado libre pueden elegir voluntariamente repercutir el importe de la energía asociada a la compensación del mecanismo ibérico regulado por el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, dentro de sus costes de aprovisionamiento, o bien trasladarlo de forma diferenciada a sus consumidores. En este caso, su comercializadora ha optado por esta última opción".
Además, deben incluir una nomenclatura estandarizada y transparente sobre el precio medio de ajuste. También deben incluir un enlace y código QR al comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como recomendaciones de ahorro y eficiencia energética.
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