La ministra de Trabajo podría no terminar el año tan bien como lo empezó. Si Yolanda Díaz, recién aterrizada en el puesto, podía presumir en enero de haber alcanzado un acuerdo con los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional hasta 950 euros en 2020, en estos momentos, cuando acumula seis grandes pactos en el diálogo social, la negativa de la patronal a abordar un nuevo incremento del SMI para 2021 augura el primer fiasco de la ministra de Unidas Podemos en la mesa de negociación.
Los empresarios no están por la labor de apoyar una nueva subida del salario mínimo. Así lo ha manifestado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tanto en declaraciones públicas como en privado, a sus socios, en el Comité Ejecutivo celebrado este miércoles. El argumento esgrimido entre los suyos, según fuentes de la organización empresarial, es que "no es el momento" de elevar el SMI, tanto por la situación crítica que atraviesa gran parte del tejido productivo, en especial el más expuesto a la pandemia, como por indicadores macroeconómicos como la inflación, en estos momentos en negativo.
En una entrevista radiofónica, el líder de los empresarios dejaba entrever ayer el resultado final de la mesa de negociación que acaba de abrir el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del SMI para 2021: su organización no la apoyará. "Es una competencia del Gobierno y será responsabilidad suya lo que tenga que hacer", pero en este momento "no toca", afirmaba tajante Garamendi. Hay que recordar que la competencia en esta materia es, en última instancia, del Ejecutivo, por lo que la consulta a los agentes sociales supone un mero trámite preceptivo.
En cualquier caso, el Gobierno, a través de Trabajo, ha querido involucrar a la patronal y los sindicatos a través de una negociación, porque la intención y prioridad absoluta de la ministra Díaz sigue siendo cerrar acuerdos en el marco del diálogo social. No obstante, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ya ha advertido de que "la falta de respaldo por parte de alguna de las partes de la mesa no puede impedir que el Gobierno siga cumpliendo con sus iniciativas, ni tampoco puede evitar que ante la dificultad de encontrar un respaldo unánime pueda explorar soluciones distintas, por ejemplo, un acuerdo con alguno de sus integrantes", es decir, sólo con los sindicatos y dejando de lado a la patronal.
A Garamendi le "sorprende" que el Gobierno no congele el SMI "con la que está cayendo", según expresaba este miércoles en Onda Cero. Según sus cálculos, la subida de este indicador afectaría especialmente a los trabajadores más vulnerables y las pequeñas y medianas empresas y autónomos, en definitiva, a las familias. El presidente de la CEOE también recordaba que no existirá una pérdida de poder adquisitivo porque el IPC se encuentra en el -0,8% en noviembre y cerrará el año previsiblemente en el -0.9%. Sin embargo, los Presupuestos de 2021 prevén una inflación positiva del 0,9% en 2021, por eso recogen una subida de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos en la misma proporción.
Díaz pide "empatía"
Díaz respondía a Garamendi horas después desde Lisboa, durante una rueda de prensa junto a su homóloga portuguesa. La ministra calificaba de "incoherencia" y "contradicción" la congelación del salario mínimo y pedía a la patronal "empatía con su pueblo". Con un mensaje firme, acusaba a la "derecha económica" y a los empresarios de hablar solo "de bajar impuestos, cotizaciones y salarios" y recordaba a estos últimos que "mientras los trabajadores acogidos al ERTE ven reducidas sus retribuciones en un 30%, ellos en muchísimos casos están siendo exonerados en las cotizaciones sociales en el 100%, en el 90% y en el 80%.
La ministra de Trabajo también ha insistido en numerosas ocasiones en que el único Gobierno que se atrevió a congelar el SMI fue el de Mariano Rajoy. Argumento de sobra potente para alejarse de ese posicionamiento. Otros miembros de la coalición, sin embargo, se han mostrado más prudentes al respecto de una nueva subida. Es el caso de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha reconocido que el Consejo de Ministros debe tomar una decisión "responsable", teniendo en cuenta las circunstancias actuales, o de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha pedido "prudencia" ante una eventual subida, que a su juicio debe ir acompasada a la situación económica porque "estamos en mitad de una pandemia sanitaria".
División en el Gobierno, por tanto, y en el diálogo social. En la reunión del martes, los sindicatos pidieron una nueva subida del SMI, hasta los 1.000 euros en el caso de UGT (algo más de un 5%) y hasta rozar los 970 euros en el caso de CCOO (en torno al 1,8%). El Ministerio de Trabajo, que no presentó una cifra concreta a los interlocutores sociales, recogió estas aportaciones sindicales, pero no pudo tomar nota de la propuesta patronal porque los empresarios se enconaron en el 'no'. La CEOE ya había debatido el asunto a nivel interno y quedó constancia del rechazo de los sectores productivos de menor valor añadido y más intensivos en capital humano porque sus márgenes, estrechados ya por la pandemia, no pueden sostener un alza de los costes laborales en medio de una crisis.
Se desconoce si la patronal llevará una propuesta a la próxima reunión, que se celebra el lunes. Pero, de momento, todo apunta a que se mantendrán en su postura de rechazo al alza del SMI en plena crisis y con la inflación en negativo. Los empresarios también sostienen, como ha manifestado en numerosas ocasiones el Banco de España, que la subida del salario mínimo destruye empleo. Sin embargo, en estos momentos no pueden poner cifras al desastre económico porque el informe sobre el asunto comprometido por el BdE no llegará hasta el primer trimestre de 2021. Sí hay otras estimaciones, de la Autoridad Fiscal, que este verano aseguró que el impulso del SMI a 900 euros destruyó entre 19.000 y 33.000 empleos en 2019.
Primer viaje a Bruselas
En cualquier caso, la ministra de Trabajo no va a cejar en su empeño de lograr el séptimo acuerdo en el diálogo social (u octavo, si se llega a buen puerto en la negociación sobre los riders, aunque se antoja complicado). Precisamente, Díaz viaja este jueves a Bruselas, acompañada de Pérez Rey y del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Se trata del primer viaje de dirigentes de Unidas Podemos a la capital europea, donde mantendrán reuniones con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni; el comisario para Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Smith; y el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Uno de los asuntos que van a promover es el impulso a un SMI y a un Ingreso Mínimo Vital europeo, según fuentes de Trabajo y Vicepresidencia Segunda.
