Las pensiones de jubilación sufrirán un recorte importante de materializarse la propuesta de reforma del sistema que se ha plasmado en documentos internos elaborados por el flanco más liberal del Gobierno y que ha generado nuevos roces en la coalición progresista. En concreto, según aproximan algunos estudios, la prestaciones públicas experimentarían un 'tajo' de hasta el 12% con la ampliación de la base de cálculo a 35 años que ha planteado en un borrador el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Esto implica, en dinero contante y sonante, una rebaja en la cuantía de la pensión, respecto a los niveles actuales, de 168 euros mensuales o, lo que es lo mismo, pero expresado en 14 pagas, de hasta 2.352 euros al año.
La propuesta de Escrivá ha provocado el enésimo choque de trenes en el Gobierno de coalición, precisamente, porque el área de Unidas Podemos rechaza cualquier iniciativa de reforma que implique, de facto, una rebaja de las pensiones públicas, como es el caso. La referencia más reciente para poner cifras a esta afirmación genérica se encuentra en un informe que encargó la propia Seguridad Social a la consultora Labour Asociados en el año 2007. Tras proyectar distintos escenarios de ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora, los técnicos concluyeron que, grosso modo, se da una reducción en la cuantía de la pensión de un punto porcentual por cada año de ampliación. Esto implica que pasar de los 23 años actuales a los 35 que plantea Escrivá supondría un recorte del 12%.
Teniendo en cuenta que las nuevas altas de jubilación registradas en el sistema -se toma esta referencia por ser el colectivo más representativo en cuanto a la afectación de la eventual reforma- sitúan la pensión media en 1.400 euros, una rebaja del 12% dejaría la prestación en 1.232 euros mensuales, con lo que la nómina anual se vería menguada desde los 19.600 hasta los 17.248 euros. El informe de la Seguridad Social, que partía de un escenario de 15 años de cómputo, cifraba en un 17% la caída de la pensión media en caso de aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora hasta los 35 años y veía como "muy probable" que ese valor marcase el rango inferior del recorte, "siendo de esperar una reducción todavía mayor".
El debate sobre la ampliación del periodo de cómputo ya estaba sobre la mesa en el año 2006 y, de hecho, ha sido una de las medidas más recurridas en las sucesivas reformas del sistema de las pensiones. La última, de 2011, estableció un avance desde los 15 hasta los 25 años entre 2013 y 2022. Ahora, por sorpresa y a espaldas del Pacto de Toledo y del diálogo social, el ministro Escrivá ha introducido una iniciativa en las conversaciones en el seno del Gobierno para ampliar el periodo hasta los 35 años. La medida, que persigue una mayor contributividad del sistema, supone en la práctica un recorte de las pensiones, porque los trabajadores suelen cobrar sueldos más bajos en sus primeros años de vida laboral, aunque podría beneficiar a los expulsados del mercado de trabajo en sus últimos años de carrera profesional.
Impacto en las pensiones más altas
El dossier de Seguridad Social, encargado a la citada consultora por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, artífice de la reforma de 2011, apuntaba, pese a las lagunas estadísticas sobre bases de cotización anteriores a 1985, a que de mantenerse la tendencia en años anteriores, el incremento del periodo de cálculo hasta los 35 años "daría lugar a una caída considerable de la pensión". Añadía, además, que esta ampliación no afectaría a todos los pensionistas por igual, teniendo un mayor efecto sobre las pensiones más altas. En paralelo, los efectos sobre las mujeres serían ligeramente inferiores frente a los hombres, lo que se explicaría básicamente por la menor cuantía que cobran ellas cuando se jubilan.
En cualquier caso, la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, incluso a toda la vida laboral, ha sido defendida incluso desde el Banco de España. Para José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía y subdirector de Fedea, aumentar la base reguladora de 25 a 35 años sería "una medida positiva". "Avanza en la contributividad del sistema, que debería desembocar en toda la vida laboral", indica. De este modo, a su juicio, "una vez se tenga en cuenta toda la vida laboral, estaríamos prácticamente a un paso de convertir nuestro sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales". Así, en opinión de este experto, "un sistema de cuentas nocionales bien diseñado sería la mejor forma de hacer compatible la suficiencia y la sostenibilidad", zanja en conversación con La Información.
Una idea de la AIReF de Escrivá
Aunque se desconoce el alcance de la medida planteada ahora por el ministro de Seguridad Social, lo cierto es que, como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Escrivá calculó que elevar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión desde los 25 años hasta los 35 años en 2027 contendría el gasto en pensiones en 0,5 puntos de PIB en 2048. "La evidencia internacional muestra que existe recorrido en el aumento de la carrera de cotización, comparativamente baja", señalaba en un informe en el que indicaba que "la tasa de cobertura se reduciría en 2 puntos respecto al escenario central".
Esta medida, según indicaba en su informe la AIReF en 2019, "reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida laboral", algo que "resulta especialmente relevante cuando existe margen para decidir la base de cotización como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos". Si bien el documento no incluyó un escenario de impacto sobre la cuantía de las pensiones porque, según argumenta la Autoridad Fiscal, "el cálculo del efecto de ampliar la carrera de cotización a toda la vida laboral exigiría utilizar datos que a día de hoy solo están a disposición de las Administraciones de la Seguridad Social, por lo que el efecto de esta medida no ha podido ser simulado".
En la misma línea, un paper más reciente de la institución que ahora preside Cristina Herrero, publicado en septiembre de 2020, indica que "a largo plazo, siguen vigentes las propuestas de profundización de la reforma paramétrica de 2011" y realiza una estimación sobre algunos supuestos. En concreto, calcula que el incremento de la carrera de cotización considerada para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años en 2027 controlaría el gasto en 0,6 puntos. El informe insiste en que "existe margen para el aumento" en la comparativa internacional y en que la medida "reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida", aunque la tasa de cobertura se reduciría en 2,1 puntos respecto al escenario inicial.
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