Los Presupuestos Generales del Estado para el año no dejan ninguna duda del guiño millonario que el Gobierno de Sánchez quiere hacer a los partidos soberanistas e independentistas, en busca de su apoyo en el Congreso para la aprobación definitiva. Las inversiones reales previstas para el territorio catalán alcanzan los 2.051 millones de euros, lo que marca un incremento del 51,8% sobre el montante del año anterior, en el que Cataluña ya había sido una de las comunidades más beneficiadas por la generosidad inversora del Estado. Si tenemos en cuenta la evolución de los dos últimos años, el aumento catalán es de casi mil millones de euros, más de lo que se invierte en total cada año en muchas otras autonomías.
Al incremento de inversiones en Cataluña se añaden otros 237 millones que se van a invertir en la mejora de la red de Cercanías y las infraestructuras ferroviarias de mediad distancia, como forma de compensar el déficit inversor en esta área que se había acumulado y que los partidos independentistas de la Generalitat reclamaban. De hecho, se reconoce que el objetivo es poner al día una competencia transferida a la comunidad autónoma hace más de ocho años. Si a la partida total de inversiones comprometidas se le añade esa compensación, la inversiñón total en Cataluña para este año crece en 937 millones, un 69% más sobre los 1.349 millones contemplados el año pasado.
El Gobierno ha intentando cumplir con el compromiso de alcanzar unas inversiones reales en Cataluña acordes con el 19% que su economía supone en el total nacional, de forma que los más de 2.000 millones comprometidos este año suponen el 16,8% de los 12.181 millones de inversión territorializada total contemplados. Si a esa cifra se añaden las compensaciones comprometidas a finales del ejercicio pasado y las partidas ferroviarias, se llega a ese nivel sin problemas y se cuenta con una baza importante para convencer a los independentistas catalanes para que den su apoyo a las cuentas.
Solo el caso de Andalucía tiene parangón con Cataluña. A pesar de haber perdido el Gobierno de Susana Díaz, desde Moncloa se hace una apuesta importante con 2.132 millones de inversión prevista, nada menos que un 43% más que lo estipulado para el año pasado y que casi duplica la cifra de 2017. En el caso andaluz, las inversiones suponen el 17,5% del total, pero no se corresponden con el ratio de PIB de la región, sino con el nivel de población sobre el total nacional.
Si se consideran Andalucía y Cataluña juntas, llegan a acaparar la tercera parte de toda la inversión pública territorializada del Estado, muy por delante de todas las demás autonomías. Son las únicas que pasan de 2.000 millones de euros y casi duplican a los casos de Madrid y Valencia, que son las siguientes en ese ranking.
Espaldarazo valenciano a Ximo Puig
Una vez perdido el Gobierno de Andalucía, las plazas de Madrid y Valencia son cruciales para el PSOE de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y eso se nota en el esfuerzo inversor del Estado. Valencia ha sido durante los últimos años una de las comunidades más beligerantes contra el Ejecutivo de Madrid, tanto del PP como del PSOE, por la falta de inversión en su territorio, si bien parece que sus plegarias han tenido su eco: Ximo Puig se lleva uno de los mayores incrementos porcentuales, con más de un 60% de subida, de forma que lo que hace un año eran compromisos reales por 742 millones van a ser 1.189 millones en 2019. Aparte de catalanes y andaluces, solo Madrid supera el dinero destinado a Valencia, con 1.249 millones, que aunque sea una partida significativa, supone una caída para la comunidad capitalina del 0,5%.
En contraste con lo ocurrido el año pasado, el reparto inversor para este año premia a Navarra, que tras ver recortar su dotación hace un año, prácticamente la duplica en 2019, con 108,5 millones de euros (un 90% más). El otro guiño importante dentro de los presupuestos de inversión menores está en el caso extremeño: sus demandas para el ferrocarril han sido aceptadas y, aunque sea un proceso lento, se prevé un aumento de la inversión real del Estado en las dos provincias del 27,3%, hasta 491 millones de euros, casi el doble que en 2017.
El País Vasco, aliado del Gobierno en materia presupuestaria y muy beneficiado hace un año, se va a quedar en esta ocasión en el lado de los territorios que menos inversión real van a recibir, con 469 millones de euros, un 10,5% menos. En el capítulo de los recortes resulta chocante el caso de La Rioja, que cede en inversión por segundo año consecutivo, nada menos que un 40% y se queda casi en la mitad que en 2017. Junto con Ceuta, Galicia, Cantabria y las Islas Baleares, es la comunidad menos favorecida en el reparto de inversión.
Si hacemos caso a los datos totales de la inversión real del Estado para el año que viene, llega a los 12.181 millones de euros en la parte que se puede determinar en proyectos concretos por territorios, un 18% más que hace un año. A esa cantidad se le añaden los 4.728 millones previstos de inversión no regionalizable, lo que sitúa la partida total de inversión pública en 16.947 millones, un 13% más que en las cuentas pasadas.
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