El cambio de doctrina del Tribunal Supremo, que acaba de tumbar los contratos temporales ligados a las subcontratas, ha provocado un terremoto en la patronal. Fuentes de la CEOE explican a La Información que existe un temor fundado de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se respalde en el criterio del alto tribunal para precipitar la reforma laboral con la que pretende acabar con algunos de los principales aspectos de la legislación vigente, diseñada por el PP. Así ocurrió con el fallo que declaró que los repartidores de plataformas digitales, los conocidos como riders, son falsos autónomos, y los empresarios temen que esta nueva sentencia impulse los planes de la ministra en materia de subcontratación.
Hay que recordar que, en el Plan Anual Normativo, el Gobierno tenía previsto aprobar en 2020 la "Ley por la que se modifica la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial", con el objetivo de "reforzar la protección de las personas trabajadoras y recuperar el papel de los convenios colectivos, mediante la reforma de la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial". Pero la pandemia hizo trizas la agenda gubernamental y el asunto se trasladó a 2021.
Fuentes de la patronal explican que, en una eventual negociación, los aspectos relacionados con la negociación colectiva, como la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o la recuperación de la ultraactividad de los convenios, "se resolverían rápidamente". Se trata, no obstante, de asuntos que ya han sido tratados en la mesa del diálogo social y en los que los empresarios no han manifestado una especial oposición. Cuestión distinta es la limitación de la subcontratación a la actividad principal de la empresa, donde la CEOE sí muestra su rechazo rotundo. Los empresarios sostienen que esa reforma tendría un gran impacto en el modelo productivo, ya que muchas empresas verían peligrar su viabilidad, lo que arrastraría miles de puestos de trabajo.
La propia ministra Díaz se mostraba interesada por el cambio de criterio del alto tribunal -desde finales de los años 90, la jurisprudencia había venido admitiendo que el contrato para obra o servicio determinado pueda ajustar su duración a la de la contrata- en su cuenta de Twitter. A su juicio, la sentencia del Supremo "abre un horizonte de posibilidad en la reformulación y mejora de nuestras relaciones laborales y en la consecución de trabajo decente para todas y para todos". Fuentes de la CEOE interpretan este mensaje como una intención clara de emprender la reforma en el sentido de limitar las opciones de descentralización de la actividad de las empresas y auguran una "gran batalla" en la mesa de diálogo social por este asunto.
Muy atentas a esta sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy, que abre un horizonte de posibilidad en la reformulación y mejora de nuestras relaciones laborales y en la consecución de trabajo decente para todas y para todos. https://t.co/J6R6QtBAfQ
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 24, 2020
Los sindicatos, por su parte, en sintonía con la ministra de Trabajo, celebran el cambio de criterio del Supremo. Para CCOO supone "una gran noticia que debe de contribuir a poner freno a la contratación temporal e irregular". "Quienes trabajan a través de estas contratas o subcontratas realizan un trabajo estable y les corresponde un contrato estable e indefinido, y deberá funcionar la subrogación de los trabajadores y trabajadoras cuando se produzca un cambio de empresa en la contrata correspondiente", reivindica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical. Vicente precisa que el fallo del alto tribunal "nos reafirma en nuestros planteamientos en la mesa de dialogo social para la reforma laboral, en el sentido de que una contrata no puede justificar que se contrate a los trabajadores con carácter temporal".
La polémica está servida, pero el debate no se abrirá hasta que se resuelvan otros asuntos urgentes en la mesa del diálogo tripartito. Para empezar, el Gobierno debe abordar, tan pronto como este viernes, la negociación sobre la prórroga del esquema de protección de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que caduca el 31 de enero. La intención del Ministerio de Trabajo es finiquitar este asunto antes de mediados de mes, para dar certidumbre a empresas y trabajadores, pero no se descarta que las conversaciones se alarguen hasta el tiempo de descuento, como en anteriores ocasiones. Y entre tanto, sigue coleando la eventual revalorización del salario mínimo, que no se activó a finales de 2020 por el rechazo de la patronal y las diferencias internas en el Gobierno de coalición.
En paralelo, el departamento de Yolanda Díaz tiene pendiente la reanudación de la mesa que estudia la regulación de los riders. Esta negociación está atascada desde finales del año pasado. El Ministerio de Trabajo tiene claro que la prioridad es dar cumplimiento a la sentencia del Supremo que dictamina que el modelo laboral de plataformas como Glovo o Deliveroo se basa en falsos autónomos, pero rechaza ir más allá en la regulación de los trabajadores de todas las plataformas digitales, algo que reclaman los sindicatos. CCOO y UGT piden, además, que se cree un registro de plataformas, una idea que no gusta a los lobbies empresariales. El desenlace de esta mesa es una incógnita, aunque los sindicatos empiezan a asumir que el Gobierno se limitará a llevar al BOE la sentencia del Supremo.
Solo después se abordará la contrarreforma laboral, donde encaja la regulación de la subcontratación. Los empresarios lamentan que Díaz cuenta ahora con el respaldo de la justicia para llevar a cabo sus intenciones en esta materia y temen que la sentencia del Supremo acelere los planes de la ministra. Pero no solo eso, el Gobierno tiene pendiente la puesta en marcha de otra reforma por la que se pretende penalizar a las empresas que abusen de los contratos temporales, firmando bajas los viernes para volver a dar el alta en lunes, ahorrando así costes en cotizaciones sociales durante el fin de semana. Un cambio sustancial en el modelo de contratación por el que se auguran no pocos choques en la mesa de diálogo con patronal y sindicatos.
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