Arranca una particular cuesta de enero en el diálogo social. Y viene empinada. Tras un final de año estrepitoso, en el que los interlocutores fueron incapaces de ponerse de acuerdo en asuntos capitales como la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) o la regulación de las relaciones laborales en las plataformas digitales, el Gobierno, la patronal y los sindicatos encaran un mes de infarto. Está previsto que después de Reyes se abra la mesa de negociación y las posturas se mantienen en la distancia con la que cerró 2020. Es el preámbulo de una meta que aún está por definir, pero que para el Ministerio de Trabajo pasa por cumplir con su principal objetivo, hasta ahora fallido: desmontar la reforma laboral del PP.
Todos velan armas. Tras un ejercicio, el 2020, marcado por la pandemia, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los primeros espadas de las organizaciones empresariales y sindicales, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva (por CEOE y Cepyme) y Unai Sordo y Pepe Álvarez (por CCOO y UGT, respectivamente) ultiman estos días sus posicionamientos de cara a la mesa que se inaugurará el día 8 de enero. Son muchas las tareas pendientes para un calendario ajustado, después de que las fechas marcadas por Trabajo saltaran por los aires no solo por las reticencias de los agentes sociales para alcanzar acuerdos, sino también, y no menos importante, por las diferencias no disimuladas en el seno del Gobierno de coalición ante medidas clave como la subida del SMI o la regulación de los riders.
Son varios los frentes abiertos para los próximos días. Para empezar, la mesa tripartita debe abordar la eventual prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con condiciones ventajosas para empresas y trabajadores. El esquema actual, fruto del último pacto sellado a finales de septiembre -el sexto en el marco del diálogo social, todo un hito-, caduca el día 31 de enero. La patronal pretende arrancar al Ejecutivo más descuentos en las cotizaciones sociales y una ampliación en los sectores protegidos, entre otros asuntos, mientras los sindicatos velan por el mantenimiento de la salvaguarda contra el despido que los empresarios quieren eliminar.
Según los datos de la Seguridad Social, departamento que también interviene en esta negociación bajo la batuta de José Luis Escrivá, el año 2020 cerró con unos 750.000 trabajadores en ERTE -a la espera de que el próximo martes, día 5, se conozcan los datos oficiales-, cifra muy inferior a los 3,6 millones de ocupados que llegaron a estar protegidos por este instrumento en el pico de la emergencia sanitaria. Las partes coinciden en la necesidad de prorrogar la herramienta, pero la disputa está en las condiciones. La intención de la ministra Díaz es lograr cerrar un nuevo acuerdo social antes del día 15, para dar certidumbre a empresas y trabajadores, pero los interlocutores acostumbran a llevar las negociaciones hasta el último momento. Todo dependerá, una vez más, de cómo se desarrolle ese equilibrio de fuerzas.
La negociación de los ERTE, por tanto, podría no fructificar hasta el tiempo de descuento. Y mientras tanto, el Ministerio de Trabajo pretende abordar el asunto del salario mínimo. La cuantía de esta referencia salarial básica ha empezado 2021 congelada en los 950 euros del año pasado, gracias a una prórroga que Díaz logró arrancar al área económica del Consejo de Ministros, capitaneada por Nadia Calviño, partidaria de congelar el SMI para todo el ejercicio o, al menos, hasta poder evaluar la situación epidemiológica y económica a mediados de 2021, una vez se haya levantado el estado de alarma y la campaña de vacunación esté avanzada. Esta postura es compartida por la CEOE, mientras los sindicatos, en sintonía con Trabajo, quieren que la revalorización se negocie y aplique cuanto antes.
No dejaremos a nadie atrás.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 30, 2020
Seguiremos negociando una subida del SMI, hay más de un millón y medio de trabajadores/as pendientes.
Estamos hablando de 0.30€ al día. Una medida que debería ser de sentido común para dar cobertura a quienes no tienen convenio colectivo. pic.twitter.com/EjAvi9qZiv
Díaz calentaba el debate el pasado día 30 de diciembre, cuando en una entrevista radiofónica aseguraba sentir "tristeza" por no haber logrado alcanzar un nuevo acuerdo en este ámbito del diálogo social. "Creo que las empresas pueden soportar un incremento de 30 céntimos al día", apuntaba la ministra, en referencia a un eventual incremento del SMI del 0,9%, en línea con el alza aplicada a las pensiones y a los sueldos de los funcionarios. Los sindicatos van a dar la batalla para que ese porcentaje, al menos, se duplique, mientras la patronal no quiere ni oír hablar de más costes laborales. Aunque la decisión final en este asunto es del Ejecutivo, Díaz se ha encargado de blindar por decreto la participación activa de los agentes sociales en la fijación de la cuantía de este suelo salarial de referencia.
Más allá de los ERTE y el SMI, el Ministerio de Trabajo no quiere dejar mucho más tiempo aparcada la mesa que busca regular las relaciones laborales de los repartidores de plataformas digitales, los conocidos como riders. En la última reunión, la CEOE pidió trasladar las negociaciones a principios de 2021, coincidiendo con el periodo para tratar los ERTE. Los sindicatos interpretan este movimiento de la patronal como un intento de arrancar mejoras en negociaciones paralelas y acusan a los empresarios de "someterse a la presión de los lobbies de poder que tiene dentro de su organización, que lo único que buscan es huir del derecho del trabajo y sacar amplios beneficios a costa de la explotación de la parte más débil de la cadena de valor, y de generalizar la precarización absoluta del trabajo".
Solo después de cerrar la mesa de los riders se abrirá el melón de la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. El Gobierno reconoció en el documento de balance de año que presentó el presidente Pedro Sánchez tras el último Consejo de Ministros que todavía no ha cumplido este compromiso capital del acuerdo de investidura. Hay que recordar que en el Plan Anual Normativo estaba previsto aprobar en 2020 la "Ley por la que se modifica la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial", con el objetivo de "reforzar la protección de las personas trabajadoras y recuperar el papel de los convenios colectivos, mediante la reforma de la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial".
Pero la pandemia hizo trizas la agenda gubernamental, especialmente en los asuntos que deben ser tratados en el marco del diálogo social. Así lo asume el Gobierno. La derogación de parte del marco laboral diseñado por el PP es, sin duda, uno de los grandes objetivos del Gobierno de coalición y el que más está costando alcanzar. En un contexto de crisis como el actual, cualquier retoque al mercado de trabajo ha de ser medido con especial precisión y así lo ha entendido parte del Ejecutivo. Además, la hecatombe laboral provocada por la pandemia ha obligado a focalizar los esfuerzos en instrumentos como los ERTE o las prestaciones y subsidios extraordinarios. Asimismo, entre medias se han colado aspectos urgentes como la regulación del teletrabajo. Todo esto ha tenido muy ocupados a los agentes sociales, que encaran no solo un mes, sino todo un año de intensas negociaciones.
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