El SEPE se guarda las espaldas y tira de Defensa para luchar contra el colapso

El pasado mes de diciembre, el Defensor del Pueblo advertía en un amplio informe de las enormes carencias de medios materiales y personales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que afronta una voluminosa carga de trabajo adicional derivada de las consecuencias económicas de la pandemia, trámites complejos como la gestión de los ERTEs y un aluvión de nuevos subsidios y ayudas extraordinarias diseñadas para evitar la pobreza.

El documento, que era fruto de una comparecencia previa de Francisco Fernández Marugán en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, alertaba de la falta de plantilla, que está previsto ampliar, pero que un momento como el actual resulta urgente, con apenas 8.500 empleados que gestionan 3,6 millones de prestaciones y ayudas. Los sindicatos creen necesario contratar 4.000 personas, un 50% más que la plantilla actual, que tiene de media 50 años.

Pero el problema más grave, que es evidente desde hace tiempo, pero que el ciberataque contra la web del organismo que paga el desempleo dejó más patente, es la falta de medios informáticos y de monitorizaciones frecuentes, con ordenadores con más de 30 años y con recursos que imposibilitan, entre otras cosas, el teletrabajo de los empleados. La falta de medios materiales y humanos tiene como consecuencia retrasos importantes en las gestiones y los pagos, errores en las prestaciones y un aumento de trabajo y horas extra entre los funcionarios.

Los contratos del SEPE

Para poner freno a estas graves deficiencias, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha tirado de importantes licitaciones para actualizar los sistemas del SEPE y combatir la precariedad informática mediante las compra de nuevos terminales. El último contrato millonario ha recaído en Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa, y que se presenta como el mejor aliado de las administraciones para "dar soluciones a los principales retos nacionales e internacionales a través de su ingeniería, consultoría y servicios de asistencia técnica y proyectos llave en mano".

El valor del contrato supera los 11,1 millones de euros y tiene como objeto hacer más eficaces los servicios a los ciudadanos que se prestan desde las oficinas de Empleo Público. La Isdefe prestará recursos de ingeniería, calidad y seguridad a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, "para mejorar y modernizar de los sistemas de información, procesos y los servicios de TIC", se asegura en el contrato.

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Licitaciones pendientes

Además del contrato adjudicado al Ministerio de Defensa, mediante procedimiento restringido y recogido por la Plataforma de Contratación del Sector Público, está en marcha la licitación de un contrato millonario para el mantenimiento de sistemas y equipos informáticos -'hardware' y 'software' de base- en todas las sedes del SEPE y que, además, duplica al suscrito con anterioridad, que no se ha renovado. 

El presupuesto base de licitación -sin impuestos- es de casi 8,4 millones de euros -para tres años- y el valor estimado del contrato es de más de 9,2 millones euros y responde a la urgencia de renovar equipos y actualizar el 'software' ante las demandas constantes de los trabajadores por la falta de medios y la evidencia de la antigüedad de los ordenadores. La licitación apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a mediados de febrero, por lo que no tiene que ver con el ataque informático, pero evitará, en cierta medida, que otras 'agresiones' similares afecten con tanta intensidad a los sistemas del organismo.

Los trabajadores del SEPE, 3.000 menos que hace una década, gestionan casi 2,4 millones de prestaciones, ayudas y subsidios, de los que 1.148.603 son contributivas, y el pago a cerca de 900.000 trabajadores afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE). Los trámites, papeleos y gestiones se han visto muy afectados por la carencia de medios y el colapso, agravado por el cibertaque, genera retrasos excesivos en asignar fecha en los casos de solicitud de cita previa virtual, que es una de las principales quejas de los ciudadanos.