El tirón de la economía española, que creció cinco veces más que la media de la Eurozona con un avance del 2,5%, la resiliencia del mercado de trabajo y el efecto de la inflación elevaron los ingresos tributarios un 6,4% el año pasado hasta los 271.935 millones de euros. Esta cifra, que supone un nuevo récord de recaudación, se pudo obtener pese al despliegue de las medidas anticrisis que sí se tradujo en un menor tirón de lo recabado por IVA, ante las rebajas aplicadas a la energía y los alimentos. El estirón de los ingresos permitió reducir el déficit público hasta los 53.556 millones de euros, el equivalente al 3,66% del PIB, según ha explicado este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.
María Jesús Montero ha comparecido para dar a conocer el avance de los datos de ejecución presupuestaria de 2023, después de que el presidente Pedro Sánchez anunciase en el Congreso de los Diputados el miércoles que el déficit cerró el año pasado en el entorno del 3,7% del PIB. Este nivel se sitúa dos décimas por debajo del objetivo que el Gobierno había comprometido con Bruselas, pese a que las reglas fiscales a nivel europeo han permanecido suspendidas hasta el pasado mes de enero, y supone el cuarto año consecutivo en que España bate las previsiones de los organismos nacionales e internacionales.
El agujero de las cuentas públicas se habría reducido 6,46 puntos desde el máximo que se registró en 2020, en el peor momento de la pandemia, esto es, en más de 60.000 millones de euros en apenas tres años. El departamento que encabeza Montero calcula que sin el coste fiscal de 17.000 millones de euros que supuso el despliegue del conocido como 'escudo social' el año pasado, el déficit se habría situado en el 2,5% del PIB.
Las CCAA superaron su tope de déficit en tres décimas
Ese desfase del 3,66% en las cuentas públicas se debe a que el Estado tuvo que hacer frente a unos gastos no financieros de 320.314 millones de euros -se incrementaron un 0,4% en relación al ejercicio previo-, frente a unos ingresos no financieros que se elevaron un 4,1% hasta los 289.486 millones, esto es, en 11.530 millones de euros. Los datos que ha dado a conocer Montero confirman que el mayor esfuerzo en la reducción de su desequilibrio lo ha hecho el Estado, que ha rebajado su agujero en unos 10.348 millones (alrededor de 0,95 puntos porcentuales) hasta el 2,11% del PIB.
No sucedió lo mismo con las comunidades autónomas, cuyo desequilibrio se situó por encima del 0,6% que se les había fijado como referencia. Se redujo hasta el 0,91% del PIB a los 13.254 millones, gracias a los ingresos históricos que las autonomías percibieron del sistema de financiación y al efecto positivo por la liquidación del año 2021. Con todo, cinco regiones lograron despedir el ejercicio en superávit (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria y Navarra).
En lo que respecta a las entidades locales, el desfase entre sus ingresos y sus gastos fue de 1.263 millones, apenas el 0,09% del PIB, cuando tenían que haber despedido el año con superávit. Por último, la Seguridad Social elevó su déficit en 8.211 millones, pero despidió en línea prácticamente con la meta que se le había marcado. Su agujero equivale al 0,56% del PIB y tenía un límite del 0,5%.
La inflación explica un tercio del alza de la recaudación fiscal
Según Montero alrededor de un tercio del aumento de la recaudación que se ha logrado vía impuestos obedece a la inflación, que se situó de media en el 3,4% el pasado ejercicio. Por figuras impositivas, el mayor estirón lo han registrado los ingresos por IRPF, en un contexto en el que el mercado laboral ha resistido el embate de la subida de los tipos de interés, de la incertidumbre geopolítica o de la debilidad de nuestros principales socios comerciales. Los recursos recabados por esta vía se han incrementado un 9,9% hasta los 120.280 millones.
Sube también con fuerza la recaudación del impuesto sobre Sociedades, un 9% hasta los 35.060 millones, en un contexto en el que los beneficios de las empresas han crecido en general con fuerza y estas han podido seguir mejorando sus márgenes tras el golpe asestado por la pandemia. Por el contrario, los ingresos por IVA apenas avanzan un 1,6% (a los 83.909 millones) ante la rebaja de tipos aplicada en la luz, el gas y la alimentación para contrarrestar los efectos de la crisis energética e inflacionaria en el bolsillo de las familias y en las empresas. En lo que respecta a los Impuestos Especiales se incrementaron un 2,6% hasta los 20.757 millones.
Un paquete fiscal para la
La 'número dos' del Ejecutivo ha confirmado que prevén sacar adelante a lo largo del año un nuevo paquete fiscal que incluirá la modificación legal del IRPF para adecuarlo a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 15.876 euros anuales. También se incorporarán las deducciones que el Gobierno se comprometió a dar luz verde en el impuesto a las empresas energéticas para los proyectos de inversión y la descarbonización.
Hacienda tenía previsto incorporar estas dos medias al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024, al que finalmente ha renunció tras el adelanto de las elecciones en Cataluña anunciado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la pasada semana. Esa misma norma podría incorporar los cambios en la estructura de los gravámenes a la banca y las energéticas para poder hacerlos permanentes, como los socialistas se comprometieron en el pacto de gobierno firmado con Sumar. El objetivo, según ha especificado Montero, es contar con unos impuestos "que realmente puedan ser sostenibles en el futuro". Con todo, la vicepresidenta ha dejado claro que "no hay prisa" para aprobar este paquete fiscal, dado que ambas figuras no se liquidarán hasta bien entrado el año que viene.
