Los tribunales corrigen la mitad de las sanciones de Hacienda a las empresas

"Nos han metido en un cuadrilátero". Así ilustraba hace meses el responsable del Área Fiscal de una de las principales empresas del Ibex 35 la sensación extendida entre las grandes empresas respecto al trato desabrido que desde hace ya unos cuantos años reciben de la Administración Fiscal española, tanto por las sospechas permanentes que se difunden respecto a la supuesta escasa proporcionalidad de su contribución fiscal - el famoso debate sobre los impuestos que pagan en España sobre sus beneficios mundiales - como por la agresividad de las actuaciones inspectoras que, desde la perspectiva empresarial, convierten en acta sancionadora cualquier discrepancia sobre la aplicación de las normas fiscales.

Por lo visto no se trata únicamente de una percepción. La última Memoria de los Tribunales Económico-Administrativos correspondiente al ejercicio de 2019 confirma una tendencia que ya se venía apuntando en los últimos años (ver gráfico) y que señala que cada vez son más las actuaciones de la Inspección de Hacienda contra empresas que son enmendadas en la instancia económico-administrativa de manera parcial o total. Los datos del ejercicio de 2019 revelan los tribunales económico-administrativos estimaron más del 45% de los recursos presentados por las empresas o sus representantes legales contra actuaciones sancionadoras incoadas por la Agencia Tributaria.

En total, en dicha instancia se estimaron el año pasado 4.563 recursos presentados por las empresas, una cifra sin precedentes en la serie histórica más reciente. Por poner un término de comparación, en el año 2012, en el que los tribunales económico-administrativos tramitaron un volumen de recursos muy similar al de 2019, el número de recursos estimados por los tribunales económico-administrativos apenas superaron los 3.000, menos de un tercio del total de recursos presentados.

El fenómeno ha sido denunciado en numerosas ocasiones por la asociación de asesores fiscales Aedaf, que observa estas cifras como la prueba del nueve del rigor excesivo con el que la Administración Tributaria se emplea en muchos casos con los contribuyentes y que ha dejado algún ejemplo particularmente palmario como la célebre sanción a Telefónica que los tribunales echaron atrás y que obligó al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver cerca de 1.000 millones de euros a la 'teleco'.

Un vistazo a los últimos años revela que los 'patinazos' de la Agencia Tributaria, o el mayor éxito en los recursos presentados por las empresas, ha aumentado en los últimos años, en los que la ofensiva de las autoridades tributarias contra los impuestos pagados por las empresas se ha intensificado también al calor de la necesidad de más recursos fiscales. Las principales empresas del país han manifestado de forma directa su preocupación a las autoridades fiscales en el seno del Foro de Grandes Empresas, pero admiten que sus demandas han servido para poco y que los informes de transparencia que muchas de ellas han comenzado a hacer tampoco han servido para tener una relación más pacífica con la Agencia.

Una 'sangría' en las inspecciones a las herencias

Con todo, no es el Impuesto de Sociedades el eslabón más débil de las actuaciones tributarias. Los tribunales económico-administrativos enmendaron en 2019 más de la mitad de las actuaciones de la Agencia Tributaria en el IRPF, el Impuesto de Patrimonio, el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y los de Sucesiones y Donaciones.

El caso es especialmente sangrante en el Impuesto de Sucesiones y el de Donaciones, donde los tribunales corrigieron tres de cada cuatro actuaciones realizadas por las Administraciones Tributarias, tanto por la Agencia Estatal como por las autonómicas. Fuentes del ámbito de la asesoría fiscal señalan que la mayoría de estas discrepancias tienen relación con la valoración que el Ministerio de Hacienda o las comunidades autónomas realizan de los inmuebles objeto de donación en vida o de herencia.

El Ministerio de Hacienda pretende resolver este problema con el proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra al Fraude Fiscal y con la puesta en marcha de un nuevo índice de referencia de valores inmobiliarios, elaborado por el Catastro, que aspira a convertirse en referente único para determinar el valor fiscal de los inmuebles objeto de transmisión de cualquier tipo.