Desde el año 2008 y sólo en el sector de la banca más de 90.000 trabajadores y trabajadoras mayores de 50 años han perdido su puesto de trabajo bajo el compromiso de sus empresas de seguir abonándoles una parte del salario hasta el momento de la jubilación y también con la expectativa en muchos casos de tener asegurada la pensión máxima en el momento de la jubilación por las cotizaciones abonadas durante su carrera laboral. El anuncio realizado por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su última comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, en orden a corregir la "distorsión", según sus propias palabras, de que haya personas que se jubilen antes de la edad legal y aún así perciban la pensión máxima ha actuado como un torpedo sobre esas expectativas y ha puesto en guardia a decenas de miles de trabajadores que salieron de sus empresas en los ERE que siguieron a la Gran Crisis de hace una década y que ahora temen que el Gobierno meta la tijera en su futura pensión.
"El problema es el principio del 'hecho causante' que rige en el sistema de Seguridad Social", explica una ex alta funcionaria de la Secretaría de Estado. "Los prejubilados de la banca y del resto de los sectores no van a ver calculada su pensión por el régimen legal que existía cuando se acogieron al esquema de retiro anticipado que les planteó la empresa, por mucho que éste se sostuviera por unas determinadas expectativas de derecho, sino por el que exista en el momento en que lleguen a la edad de jubilación". Es decir, que si al Gobierno le diera por reformar la regulación de la jubilación anticipada de manera inmediata, como es su intención según se recoge en el Plan Anual Normativo, y ya en 2021 se modificara esa 'distorsión' que impide que trabajadores con rentas altas se vean penalizados en su pensión por el juego de los coeficientes reductores, decenas de miles de afectados por ERE de la crisis que aún no han alcanzado la edad de jubilación verían recortada de forma significativa la pensión que esperaban recibir, según confirman fuentes de los agentes sociales y del ámbito de la Seguridad Social.
Los sindicatos no están dispuestos a permitirlo. Tanto UGT como CCOO comparten el diagnóstico del Ministerio sobre la necesidad de reordenar el juego de penalizaciones e incentivos a la jubilación anticipada y a la prolongación de la edad de jubilación que existe en la norma y el objetivo de aproximar la edad real de jubilación a la edad legal, pero albergan serias dudas sobre la iniciativa concreta que deslizó el ministro Escrivá en relación a la necesidad de penalizar las situaciones en las que trabajadores con rentas altas no ven afectada en absoluto o de forma muy leve su prestación por la operativa de los coeficientes reductores.
"La elevada incidencia de las jubilaciones anticipadas en España es un problema del mercado de trabajo, más que de la regulación del sistema de pensiones", explica Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. "Desde la reforma laboral se ha permitido a las empresas despedir masivamente a trabajadores y trabajadoras mayores de 50 años que después de eso ya nunca vuelven a trabajar. Son jubilaciones aparentemente voluntarias, pero en realidad están forzadas por el mercado de trabajo. No nos parece mal que se busquen fórmulas para evitar que los trabajadores con rentas altas no se vean penalizados por anticipar su jubilación, pero esa penalización no debería aplicarse a los trabajadores que son expulsados del mercado laboral".
El Pacto de Toledo tampoco lo ve claro
Barrera entiende también que cualquier iniciativa que se plantee desde el Gobierno debería respetar las condiciones de los trabajadores que ya se han acogido a un esquema de prejubilación porque lo contrario "equivaldría a cambiarles las reglas del juego con carácter retroactivo". Una opinión compartida por el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, cuya posición es aún más crítica sobre la posibilidad de penalizar las prestaciones de los trabajadores con bases de cotización más altas. "Lo que olvida el planteamiento trasladado por el ministro en la Comisión del Pacto de Toledo es que esos trabajadores a los que se refiere han cotizado en muchos casos por la base máxima del sistema y que la prestación que reciben ya es más baja de la que les correspondería según lo que han cotizado".
La distorsión que ha observado el equipo de Escrivá hace referencia a que las personas que cotizan en el entorno de la base máxima de cotización no sufren ningún tipo de penalización en su prestación futura si deciden adelantar su jubilación respecto de la edad legal. Esto es así porque la base máxima de cotización, después de sucesivas subidas por parte de los gobiernos, se sitúa ya cerca de los 50.000 euros, en tanto que la pensión máxima anual ronda los 37.000 euros. Como la reducción se aplica sobre la base de cálculo de la pensión, se da la circunstancia de que una vez aplicados los coeficientes reductores - que pueden llegar al 8% anual - siguen teniendo derecho a la pensión más alta del sistema.
"Pero la mayoría de las personas que están en esa situación no se han jubilado voluntariamente, se han jubilado porque no les ha quedado más remedio. Han sido expulsados del mercado laboral", explica Carlos Bravo. "No hay más que echar un vistazo a los datos del mercado laboral y a la tasa de actividad entre los mayores de 55 años". El portavoz de CCOO va más allá y asegura que en contra de lo deslizado por el ministro la jubilación anticipada no le cuesta dinero al sistema. "En realidad hay una sobrepenalización a personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo y que se encuentran con bajas fortísimas en su pensión. El punto de equilibrio para que los coeficientes reductores fueran justos sería una reducción anual del 4,7% de la pensión, en nuestro sistema esa penalización llega al 8%. Habría que cambiarlo, sí, pero para resolver esto".
En el Pacto de Toledo tampoco terminan de ver con buenos ojos la 'reforma Escrivá'. Varias fuentes consultadas coinciden en que existe consenso a la hora de modular la jubilación anticipada y los incentivos a la prolongación de la vida laboral para aproximar la edad real de jubilación a la legal, pero no comparten que deba actuarse sobre los coeficientes reductores. "Es un asunto complejo y no hay que perder de vista el principio de contributividad. La política redistributiva no se puede hacer con las prestaciones, para eso está la política fiscal. Si uno ha generado una pensión determinada por lo que ha cotizado, el Gobierno no puede negarle ese derecho", asegura el portavoz de una de las fuerzas políticas que apoyó la investidura de Sánchez.
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