El Gobierno ha puesto sobre la mesa la hoja de ruta que pretende seguir para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones: endurecer la jubilación anticipada, especialmente entre las rentas más altas, e incentivar la jubilación demorada. Así lo señaló este miércoles el ministro ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Escrivá destacó la jubilación demorada como el modelo a potenciar. Para ello pretenden incrementar los incentivos para prolongar la vida laboral hasta los 67 años o más. Según sus palabras este modelo de jubilación "puede resultar atractiva a todas las partes" porque "genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones".
El resultado de la jubilación demorada es mayor periodo de cotización y, por tanto, mayor pensión. Pero, además, hoy en día la opción de prolongar la vida laboral ya está incentivada. Quienes opten por la jubilación demorada pueden ver incrementada su pensión hasta un 4% por cada año que se prolongue su actividad. Sin embargo, los trabajadores que se acogen a estas jubilaciones son pocos, entre otras razones porque la cuantía final no podrá ser superior, en ningún caso, al límite máximo establecido para las pensiones contributivas. En 2020 la pensión máxima está fijada en 2.683,34 euros mensuales o 37.566,76 euros anuales. Este límite convierte en menos atractiva la opción de retrasar la jubilación entre los trabajadores con bases de cotización más altas, quienes, pese a trabajar más allá de la edad legal, obtendrán el mismo importe.
Ante esa situación el objetivo es mejorar los incentivos a la prolongación de la vida laboral, lo que permitiría retrasar la edad real a la que se jubilan los españoles sin llevar a cabos medidas más drásticas como elevar más allá de los 67 años la edad legal. Actualmente la edad legal está fijada en los 65 años y 10 meses, o en los 65 años para quienes acrediten un periodo de cotización igual o superior a 37 años. No obstante se trata de una norma en transición con el objetivo de que a partir de 2027 la edad de jubilación sea 67 años y solo podrán hacerlo a los 65 quienes tengan cotizados más de 38 años y 6 meses. Pese a estas medidas para retrasar la edad de jubilación, la edad real en la actualidad está establecida en los 64 años y 5 meses por las modalidades que permiten retirarse antes de tiempo.
Frente al incentivo a la jubilación demorada, Escrivá centra su crítica en las jubilaciones anticipadas voluntarias, especialmente entre las rentas más altas, una modalidad que, según su opinión, debe desincentivarse para contener el gasto y aumentar los ingresos. Al acceder a esta jubilación el trabajador deja de aportar al Estado, a través de las cotizaciones, antes de tiempo para convertirse en pensionista, incrementando el gasto. En una entrevista este jueves en Onda Cero, el ministro ha afirmado que "en España hay demasiadas jubilaciones anticipadas" y cree que "hay margen" para que haya menos si se ajustan los coeficientes.
En la actualidad el sistema ya penaliza la jubilación anticipada a través de los coeficientes reductores, aunque entre los trabajadores con las bases de cotización máximas la penalización es menor por "elementos distorsionantes". ¿Por qué se produce esta distinción en la jubilación anticipada de las rentas más altas? Los coeficientes reductores, de hasta el 8% por año de anticipo, se aplican sobre la base reguladora. Entre los trabajadores con mayores salarios esa base supera la pensión máxima que se fija cada año incluso después de aplicar el coeficiente reductor y el importe al que tienen derecho es el mismo que si no se hubiera aplicado la penalización.
La norma corrige esta situación con una penalización adicional del 2%. En concreto, señala que una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50% por cada trimestre de anticipación, 2% por cada año de anticipo, lo que es "un desincentivo bajo", según afirmó el ministro. El objetivo es "corregir los elementos distorsionantes de la regulación de las jubilaciones anticipadas", señaló en la entrevista, de manera que el coste de jubilarse antes de la edad legal sea siempre una penalización del 8% por cada año que se adelante.
La Comisión del Pacto de Toledo busca acordar una solución para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. La reforma es necesaria pero falta por ver cuáles serán los cambios que finalmente se aplicarán, por eso la comparecencia del ministro este miércoles se esperaba con expectación. El Banco de España también se pronunció recientemente sobre esta cuestión y también puso el foco sobre las jubilaciones anticipadas. Según un informe del regulador bancario español sobre la rentabilidad de la prestaciones por jubilación, el funcionamiento actual del sistema incentiva a los trabajadores con bases de cotización más altas a jubilarse antes de los 65 años porque de esa manera obtienen una mayor rentabilidad de sus aportaciones.
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