La nueva regulación para acotar los pisos turísticos no llegará este mes, ni tampoco este año. Se trata de una materia que las dos partes del Gobierno de España -PSOE y Sumar- incluyeron en el acuerdo de coalición, pero que el Ministerio de Vivienda no tiene prisa por cerrar en el primer año de legislatura. La responsable de la cartera, Isabel Rodríguez, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los problemas para acceder a la vivienda son una prioridad para el Ejecutivo, sin embargo, fuentes de su cartera trasladan que quieren darse margen para elaborar un texto que ataje la proliferación de apartamentos turísticos para que este tenga todas las garantías y no crear un clima de inseguridad jurídica para el sector.
Los pisos turísticos quedaron fuera del marco de la Ley de Vivienda aprobada el año pasado. Varias formaciones políticas de izquierdas -Más País, el Bloque Nacionalista Gallego, Compromís, Unidas Podemos y EH Bildu- plantearon diferentes enmiendas que tenían por objetivo limitarlos a un 2% de la población local, inspeccionar más las licencias que ya hubieran sido concedidas e instar a las autoridades competentes a impulsar políticas para ordenar el arrendamiento turístico de viviendas. Ninguna de ellas tuvo cabida en el texto definitivo por las resistencias del PSOE, según apuntaron entonces fuentes parlamentarias, por lo que la formación encabezada por Yolanda Díaz y en concreto, el sector de Compromís urgió a abordarlo en esta legislatura.
"En el caso de los pisos turísticos hay unanimidad, nadie discute los problemas que está generando la tensión de algunos mercados" señalaba Rodríguez este martes, incluyendo en este consenso a las "otras administraciones competentes", es decir, las comunidades autónomas y los ayuntamientos con los que el Estado comparte la competencia de vivienda. Este punto será clave, ya que como sucede con la norma ya aprobada, los gobiernos autonómicos tienen gran margen de actuación sobre las bases que puede fijar el Gobierno central en la norma marco, como ha demostrado la oposición frontal de los territorios gobernados por el PP a aplicar las limitaciones de precios del alquiler.
La distribución de las competencias entre los diferentes niveles de Gobierno fue el principal punto de tensión en las negociaciones con los grupos parlamentarios para aprobar la Ley de Vivienda y esta nueva norma no estaría exenta de estas trabas, sobre todo por el peso que tienen actualmente las fuerzas independentistas. Las comunidades autonomas han asumido la competencia exclusiva en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; tal y como les facultaba a hacer el artículo 148.1 de la Constitución. No obstante, señala al Estado como el único encargado de establecer las condiciones básicas para ejercer los derechos constitucionales. Y después, la ley 7/1985 reserva a los municipios ciertas competencias en materia de urbanismo dentro del marco de la ley autonómica.
Lo mismo ocurre con la competencia en materia de turismo, que recae en exclusiva sobre las regiones autonómicas, pero concede cierto margen a las entidades locales que les permite actuar para regular los alquileres turísticos. De hecho, actualmente todas las comunidades cuentan con una norma en vigor que regula específicamente el alquiler de apartamentos para uso turístico, lo que da lugar a diferentes criterios para la solicitud y la concesión de licencias. La más antigua es la de Navarra que data del 2011 y la más actual es la de Aragón, lanzada en 2023, por lo que las fuentes de la cartera de Vivienda aseguran que trabajarán a nivel interno con el Ministerio de Industria y Turismo.
En agosto de 2023 había un total de 340.424 viviendas turísticas en España, según el último registro del Instituto Nacional de Estadística (INE) que suponen un 1,29% del conjunto de viviendas censadas. No obstante, los alquileres destinados a este uso suponen casi un 5% de los inmuebles de provincias como Las Palmas o Girona, si bien las diferentes regulaciones dejan márgenes por los que se actúa sin licencia y por tanto, no se refleja en el mapa estadístico lo que explica que en Madrid sean menos de un 0,6% pese a la proliferación de este tipo de viviendas en el centro.
El Gobierno también mantiene el compromiso de regular los alquileres estacionales, los contratos que pueden llegar hasta 11 meses y que no están bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta diferencia implica que han quedado al margen de las limitaciones interpuestas por el Ejecutivo a las actualizaciones de precios del alquiler y que también, esquivan otras obligaciones contenidas en la ley que regula específicamente la relación entre inquilino y propietario, esto es, lo que se refiere a las condiciones en las que se tiene que encontrar la vivienda y la obligación de cada una de las partes.
Rodríguez ha explicado que esta es una de las líneas de trabajo de su departamento, pero que el Gobierno está a la espera de ver cuál es el resultado de los borradores que están siendo estudiados en el Parlamento Europeo en materia de alquiler temporal para, una vez se hayan extraído las conclusiones oportunas en el contexto europeo, poder tomar las medidas que sean necesarias en el contexto nacional. La materia tampoco fue incluida en la Ley de Vivienda, pero este texto sí previó la creación de un grupo de trabajo que abordase los usos de inmuebles para fines diferentes a la vivienda habitual.
