Yolanda Díaz retoma la iniciativa política para apuntalar su proyecto propio a las puertas del lanzamiento de su proceso de escucha. Lejos de considerar que ha cumplido con la aprobación de la reforma laboral, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social está preparando el terreno para desplegar una ambiciosa agenda en los próximos meses. Una batería de leyes laborales que van desde el Estatuto del Becario hasta la Ley de Participación Institucional de los Agentes Sociales y que pretende culminar con el alumbramiento del Estatuto del Trabajo del Siglo XXI, la joya de la corona de su cartera. Para ello, va a echar mano de expertos de multitud de ámbitos económicos, académicos y sociales en los que va a apoyarse durante su gira de seis meses por el territorio nacional.
La vicepresidenta quiere sentar unas bases sólidas para su proyecto estrella y por eso va a constituir un comité de expertos que estudiarán y determinarán el sentido de un nuevo marco legislativo laboral modernizado y evolucionado, que contemple todo el proceso de transición ecológica, transformación digital y social. La idea es que este grupo de sabios empiece a trabajar cuanto antes para que puedan entregar un informe en tiempo y forma para ser debatido con los agentes sociales y configurar ese nuevo Estatuto del Trabajo del Siglo XXI con la patronal y los sindicatos, que es a quienes compete la negociación de las reformas con el Gobierno. Es un modus operandi similar al seguido con la determinación de la senda de crecimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): primero hablan los expertos y después negocian los interlocutores sociales.
Díaz está haciendo especial hincapié en la importancia de escuchar a quienes saben de las materias y ese va a ser el espíritu de su proceso de escucha. Un proceso que, aunque sea de manera silenciosa, ya ha empezado. Recordemos que la vicepresidenta convocó a medio centenar de los mejores economistas del panorama nacional para recopilar recetas contra la crisis provocada por la guerra en Ucrania. La reunión dejó un buen sabor de boca generalizado, si bien algunos de los participantes prefirieron después no aparecer involucrados en el proyecto de Díaz, según revelaron desde el propio comité de expertos fuentes que interpretaron que el desmarque de varios de los presentes estaba relacionado con la vinculación personal y profesional que tenían con el PSOE y con Moncloa. Todo apunta a que esa es una de las dificultades con las que Díaz va a tener que bregar en los próximos meses.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo va a escuchar a los expertos, pero también va a potenciar el diálogo social con una Ley de Participación Institucional que tendrá varias patas: desde remunerar a la patronal y a los sindicatos por su participación como interlocutores sociales en las negociaciones de las reformas con el Gobierno -es un trabajo intenso por el que no cobran una cantidad específica, más allá de las subvenciones que perciben por mandato del Consejo de Ministros- hasta incorporar a los representantes de los trabajadores en los consejos de administración y órganos de toma de decisiones de las empresas. Este último asunto es espinoso, especialmente para la CEOE, pero incluso la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha mostrado a favor de abrir este debate.
En paralelo, la vicepresidenta Díaz tiene previsto convocar a los agentes sociales para abordar el fenómeno de la 'gran dimisión', que aunque en España no tiene un impacto tan importante como en otros países -véase el ejemplo de Estados Unidos, donde millones de trabajadores han dejado su empleo de forma voluntaria- empieza a generar una cierta inquietud en el ámbito empresarial respecto a las vacantes que difícilmente se cubren. España, con más de 3 millones de parados, tiene 109.000 vacantes para las que las empresas no encuentran trabajadores. El Ministerio hará un estudio pormenorizado sobre los sectores en los que hay problemas, con el objetivo de abordar medidas colectivamente con la patronal y los sindicatos, aunque la reunión para tratar este asunto no será una mesa de diálogo social como tal, sino más bien un encuentro para intercambiar impresiones.
Lo que ya se ha empezado a debatir con los agentes sociales en una mesa formal es el nuevo Estatuto del Becario, cuyo desarrollo estaba previsto en la reforma laboral. El objetivo del Ministerio de Trabajo, que lidera esta reforma en comandita con Seguridad Social y Universidades, es elaborar una norma que garantice la protección de los derechos de quienes realizan prácticas no laborales, tanto en empresas como en instituciones públicas, para acabar con la precariedad y atajar el fraude de los falsos becarios y los abusos en la contratación. En la primera propuesta oficial se han planteado medidas como la obligación de remunerar a los becarios, reconocer su derecho a vacaciones o limitar su número en función del tamaño de la empresa. Para esta reforma, Díaz también tiene previsto mantener encuentros con colectivos de jóvenes y del ámbito académico y universitario para escuchar sus aportaciones y recopilar sus demandas.
Otra negociación inminente es la de la reforma de la ley 30/2015 del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. De hecho, el Ministerio ya abrió una mesa para abordar este asunto con la patronal y los sindicatos, pero lleva meses paralizada. Trabajo tiene previsto citar a los agentes sociales en las próximas semanas para retomar esta reforma. Después se abordará la ley de usos del tiempo y racionalización de horarios, que es un compromiso de la coalición que busca impulsar la flexibilidad en las empresas, con el objetivo de que los trabajadores dispongan de herramientas que les permitan, en determinadas circunstancias, modificar sus horarios y organizar su jornada laboral, para lo cual se podría contemplar incluso la creación de una bolsa de horas. Y entre medias se llevará a cabo una reforma para atajar el fraude masivo de las falsas cooperativas, tal y como se adelantó en estas páginas.
Por último, pero no menos importante, Díaz tiene pendiente convocar a la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional -el comité de expertos designado por la vicepresidenta para determinar la senda de incremento que debe seguir el SMI para alcanzar el 60% del salario medio en el año 2023- para que revisen sus recomendaciones. La escalada de la inflación, que alcanzó el pico el pasado mes de marzo al calor de la guerra en Ucrania, pero que aún se va a mantener en niveles elevados durante una larga temporada, impacta de lleno en la actualización de las nóminas, por lo que esa referencia del 60% del sueldo medio va a tener que ser actualizada, previsiblemente, al alza. Estos trabajos serán clave para la negociación del SMI de 2023 con los agentes sociales, que no han sido capaces de cerrar una recomendación de subida salarial para la negociación colectiva este año.
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