Enaire, la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que controla el 51% del capital de Aena, ha decidido llevar a la Audiencia Nacional el recorte del 1,44% en las tarifas que Aena cobra a las líneas aéreas por la prestación de determinados servicios aeroportuarios decretado para este año 2020 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado mes de diciembre. La CNMC, a quien corresponde evaluar en última instancia si las tasas propuestas se ajustan a la normativa, decidió ir más allá de la propuesta realizada por Aena, que planteaba una rebaja más moderada del 1,17%, sobre la base de unas previsiones de evolución del tráfico aéreo sensiblemente más optimistas que las estimadas por el gestor aeroportuario y sobre el hecho poco cuestionable de que la empresa dirigida por Maurici Lucena obtiene un excedente anual de unos 260 millones de euros por la explotación de las actividades reguladas que justifican las existencia de esas tarifas.
La nota publicada en su día por la CNMC argumentaba esa enmienda de totalidad a la propuesta de tasas aprobada por el Consejo de Aena por dos factores fundamentales. En primer lugar, consideraba que la expectativa de crecimiento del tráfico de pasajeros descontada por Aena, del 1,3%, era demasiado conservadora, como ya ha ocurrido en otros ejercicios, y se alejaba de un escenario central de incremento que la CNMC situó en el 2,7%. Por otra parte, el supervisor de la competencia en los mercados entendió por el contrario que el índice de actualización del precio de los servicios -conocido técnicamente como 'índice P' y que en principio sirve para ajustar las tarifas a los factores externos que encarecen las prestación de esos servicios- previsto por el gestor para 2020, del 1%, era demasiado elevado y correspondía ajustarlo a un nivel más bajo del 0,8%.
Enaire considera que los criterios que se han seguido en las resoluciones de la CNMC "son contrarios a los intereses de Aena", según se recoge en su informe de cuentas anuales correspondiente al ejercicio de 2019, y ha procedido a recurrirlos ante la Audiencia Nacional. En realidad, la empresa estatal que presidente el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, ha presentado dos recursos. Una contra la resolución de la CNMC que establece el recorte del 1,44% en las tasas que Aena cobra a las aerolíneas, por encima de la propuesta presentada por Aena, y otro contra otra resolución adoptada por Competencia ese mismo día en relación a los conflictos planteados por las patronales IATA, ALA y Aceta y la línea aérea Norwegian contra el acuerdo del Consejo de Administración de Aena que planteó una rebaja de tasas del 1,17%.
No es la primera vez que la empresa pública propietaria del 51% de Aena acude a la Audiencia Nacional para defender sus intereses ante los supuestos 'ataques' de Competencia. En 2016, tanto Enaire como su principal socio privado en el capital de Aena, TCI (The Children Investment Fund), presentaron sendos recursos contra la resolución de la CNMC de aplicar un recorte del 1,9% sobre las tasas aeroportuarias que el gestor podía cobrar a las aerolíneas ese ejercicio. El asunto derivó en una pelea jurídica sin precedentes que la Audiencia resolvió hace un año dando la razón a la Comisión Nacional de Competencia y poniendo patas arriba todo el sistema de fijación de tarifas en España.
Las sentencias de la Audiencia Nacional vinieron a apuntalar el papel crítico de la CNMC en el proceso de fijación de tarifas aeroportuarias y a diluir el del Gobierno, en línea por otra parte con la exigencia de Bruselas que llegó a abrir un expediente sancionador a España en 2017 por este motivo. Las consecuencias han empezado a verse en las tarifas de 2020 y condicionan también la negociación ya abierta para el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) del periodo 2022-2026, donde se fijará el marco de relaciones entre Aena y las aerolíneas para ese periodo.
Un conflicto sin resolver
La fijación de esas tasas que Aena, como gestor de la red nacional de aeropuertos, cobra a las aerolíneas por la prestación de determinados servicios aeroportuarios como el control de aproximación, el control de aterrizaje, las pasarelas, el estacionamiento de las naves o el 'handling' hace años que dejó de ser pacífico. Las aerolíneas denuncian desde hace tiempo el excedente estructural que la prestación de estos servicios proporciona a Aena -en 2018, último año del que existen datos oficiales, se acercó a los 260 millones de euros- y acusan al gestor controlado por el Estado de alimentar los beneficios de su negocio a costa de los operadores aéreos en este segmento regulado de su actividad.
La posición de las líneas aéreas y de sus organizaciones representativas se ha endurecido además en los últimos meses después de que Aena diera a conocer el potentísimo plan de inversiones que prevé afrontar en los próximos años en sus aeropuertos más emblemáticos, como el Adolfo Suárez-Madrid Barajas o el Josep Tarradellas-El Prat. Se ha extendido el temor de que Aena pretende sufragar parte de esa factura con un incremento de las tasas que cobra a las líneas áereas por la eventual mejora de los servicios que acarrearán esas inversiones y las aerolíneas no están dispuestas a 'tragar'.
En ese pulso cuentan con la complicidad de la CNMC que tras meter tijera en la retribución que perciben las eléctricas y las gasistas apunta como ya se ha visto este año a las tasas aeroportuarias que Aena ha venido cobrando a las líneas aéreas por los servicios que presa con la complicidad del Gobierno. La respuesta, a la vuelta de la esquina, en cuanto se defina el DORA 2022-2026.
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