No ha habido acuerdo. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, acudirá a declarar el próximo 10 de marzo, fecha fijada para el juicio que le enfrenta a Andrea Orcel por su fichaje fallido como consejero delegado del grupo. El que pudo ser uno de los mayores contratos profesionales de la banca española terminará así en un juicio que acaparará los focos del sector financiero europeo dentro de apenas seis meses.
La defensa del italiano ha pedido la testifical de Roberto di Bernardini, entonces director de recursos humanos del banco y Axel Weber y Mark Shelton, ambos de la antigua entidad del banquero, UBS. La representación legal de Santander ha entendido que no hay discrepancias a la hora de aceptar la declaración de los directivos y el juez ha accedido. No ha sucedido lo mismo con la otra petición que ha llevado la parte demandante, la testifical de la mujer del propio Orcel, Clara Batalim, que ha sido rechazada.
En la vista previa celebrada este lunes en el juzgado de primera instancia número 46 de Madrid, la defensa de Banco Santander ha solicitado la comparecencia en el futuro juicio de Jaime Pérez Renovales, secretario del Consejo de la entidad financiera. En cambio, ha decidido no pedir la testifical de Andrea Orcel, al considerar que se trata de un procedimiento que debe versar únicamente sobre cuestiones jurídicas.
En concreto, se trata de discernir si hubo una contratación efectiva, como dice la defensa del banquero italiano, o si la carta-oferta presentada por Santander no tenía validez a efectos de contratación, versión del banco. La defensa de Orcel ha aportado nueva documentación a la causa, entre la que destacan correos entre el banquero y la propia Botín, tweets de esta sobre la contratación y documentación del banco.
Ambas partes han mantenido la línea argumental que sostenían en los inicios del conflicto, en enero de 2019, cuando se comunicó la no contratación de Orcel como segundo espada de Ana Botín y, tal y como estaba previsto, llegarán al juicio sin un acuerdo. Orcel, al entender que existía el ontrato, pide la reincorporación o una indemnización de 112 millones de euros, en los que estarían incluídos 10 millones por daños morales.
Santander se opone a tal compensación al entender que la contratación de Orcel debía ser aprobada por el consejo de administración del banco, recibir la evaluación de idoneidad por parte del Banco Central Europeo (BCE) y cumplir con el plazo de preaviso establecido por UBS, entidad a la que el italiano seguía ligado en ese momento. Ninguna de ellas se llevó a cabo, por lo que señalan que la carta-oferta no es más que eso y que no conlleva ninguna vinculación legal.
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