La Audiencia Nacional ha respaldado a Telefónica en la revisión salarial histórica ejecutada y pactada con los principales sindicatos en España a principios de 2023. La Sala de lo Contencioso ha tumbado el recurso presentado por dos organizaciones sociales minoritarias que habían exigido más desembolso por parte de la operadora. En total se elevó un 7,8% de media, con un impacto en tablas salariales del 7,15%. Los magistrados no acogen los argumentos de AST y Sumados, que habían planteado un procedimiento de conflicto colectivo.
Esta subida salarial era especialmente temida por la operadora española por los efectos de la inflación. En el convenio colectivo se incluyó una cláusula que implicaba la revisión del IPC entre los ejercicios 2019 y 2022 para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Después de semanas de negociación con el comité se pactó ese 7,8% de subida, que incluía tanto el incremento correspondiente al último ejercicio como a esa compensación. Esto suponía un sobrecoste para el grupo en el capítulo de gastos de personal de alrededor de 100 millones de euros.
El sindicato AST, y posteriormente se unió Sumados, presentó una demanda el pasado mes de diciembre por conflicto colectivo. No estaba de acuerdo con el pacto al que se llegó en la Comisión de Interpretación y Vigilancia y las cifras fijadas. Entiende que no se toma en cuenta el IPC acumulado sino el sumatorio de los IPC de cada año, lo que habría acarreado una compensación mayor. Además entiende que no se han descontando una cantidad en concepto de impacto de pluses consolidables o no se han abonado retrasos.
Telefónica se opuso a la demanda, al igual que CCOO y UGT que se sumaron. Y su equipo legal durante el juicio que tuvo lugar el pasado mes de febrero defendió que la interpretación que hacía el sindicato demandante no se ajusta a las previsiones del artículo 14 del convenio colectivo para las tres filiales en España (Telefónica España, Móviles y Soluciones). Insiste en que ese precepto no implica que automáticamente se incremente la masa salarial en el IPC acumulado como se pretende; además apunta a que los deslizamientos y los pluses consolidables deben ser tenidos en cuenta pues inciden en la masa salarial.
Los magistrados señalan dos errores de concepto planteados por los demandantes. El primero es que pretenden trasladar el incremento de la masa salarial pactado automáticamente a las tablas salariales. Insiste en que la masa es la cantidad que anualmente las empresas han de abonar a los empleados con arreglo a las tablas salariales -que es donde se fija el importe del sueldo base y de los complementos a los que tiene derecho un trabajador en función de su clasificación profesional y las circunstancias personales o de su trabajo-. En este contexto, en base a la jurisprudencia pasada, le da poder completo a la Comisión Paritaria para interpretar esa traslación.
El segundo de los errores que señalan es que no existe mención expresa en el texto del convenio del que se deduzca que la revisión que se haga de las tablas salariales en el año 2022 -en caso de que el IPC real acumulado fuera superior a los incrementos pactados de la masa salarial- deban incrementarse en la misma proporción que el IPC, “existiendo únicamente un compromiso de revisión en orden a garantizar el poder adquisitivo”. También tumba la intención de dotar de efectos retroactivos a los años 2021 y 2022 lo pactado. En el mismo texto del documento regulador de Telefónica se insiste en que esta revisión se producirá con efectos de 1 de enero de 2023, “lo que excluye cualquier tipo de retroactividad”.
Nuevo convenio
El convenio en el que se basaba esta subida salarial ya no está vigente después de varias prórrogas. El nuevo está en vigor desde principios de este año y fue firmado con las organizaciones sindicales tras una negociación que se vivió en paralelo al periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 3.421 empleados de las tres principales filiales. Ese nuevo texto regulador, que tendrá una vigencia de tres años, incluye precisamente esa cláusula de revisión salarial que permitirá hacer cuentas a final del periodo en caso de que el impacto del IPC sea superior a las subidas incluidas.
En ese texto se contemplaba una subida del 3,2% para este año 2024 -un 1,5% de masa salarial, junto con la cláusula de revisión con subida del 1,5% y un plus de convenio consolidable de 150 euros-. Esto afectará a los menos de 13.000 empleados que formarán parte de la plantilla tras el ERE. Este despido colectivo ha implicado la salida de algo más de 3.000 a finales del pasado mes de febrero, quedando unos 350 ‘rezagados’ que irán saliendo de manera progresiva al estar insertos en áreas o proyectos críticos, como avanzó La Información.
