Ni siquiera la reestructuración bancaria iniciada en 2008 que derivó en la extinción de la mayoría de las cajas de ahorros llevó a una tensión similar a la que se está viviendo durante las últimas semanas en el sector bancario español. Los protagonistas están siendo CaixaBank y BBVA, si bien este último ya está muy cerca de alcanzar un acuerdo con los sindicatos, siempre y cuando la entidad ceda en un punto que consideran innegociable: la voluntariedad. Al contrario, las negociaciones de la entidad catalana están todavía "muy verdes", fundamentalmente en lo que respecta a los términos económicos. Actualmente la discrepancia asciende a una media de 263.000 euros de indemnización por trabajador. Incluso se ha tenido que adoptar una prórroga del periodo formal de un mes (hasta el 10 de junio) por tres semanas adicionales, hasta el 29 de junio.
La dirección de CaixaBank situaba en 7.605 el número de despidos (hoy los ha rebajado a 7.400) que quiere acometer (recordemos que el punto de partida fueron un total de 8.291 personas), aunque esta semana ha abierto la puerta a reducir las extinciones de contratos, sin dar todavía ninguna pista sobre hasta donde será capaz de consentir. Los sindicatos valoran en parte que la entidad estudie esta opción, pero critican que no ceda bajo ninguna circunstancia en la parte de las compensaciones económicas. El banco ha trasladado en la mesa negociadora que la oferta sindical implicaría un coste de unos 4.000 millones de euros, es decir, unos 526.000 euros de media por empleado. La suya, en cambio, estaría valorada en una horquilla de entre "1.000 ó 2.000 millones de euros", lo que respondería a unos 263.000 euros por trabajador teniendo en cuenta la cifra más alta, la mitad de la sindical.
CaixaBank alega que la propuesta de los trabajadores es inasumible e inviable conforme a la realidad del negocio bancario. La plantilla le reprocha una actitud inflexible y le pide mirar a su competidor BBVA. La principal diferencia entre ambos procesos es que el de CaixaBank casi triplica al otro en volumen, por lo que ajustar tanto de una vez y con colectivos tan distintos dificultad la oportunidad de dar pasos hacia un punto común. El del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, que viene derivado principalmente de su fusión con Bankia, integra dos entidades muy grandes, lo que ha dado lugar a la propuesta de recorte de empleo de mayor envergadura de la historia del sector.
La propuesta económica de los sindicatos es inasumible para CaixaBank, que pide un cambio de postura hacia una oferta adecuada a la realidad del negocio
Los sindicatos ven insuficiente el planteamiento de la empresa y solicitan que los empleados de 54 años puedan prejubilarse con el 69% del salario, que los nacidos en 1970, 1971 y 1972 salgan con el 64% de la retribución y convenio especial con la Seguridad Social y que el resto de bajas incentivadas perciban una indemnización de 45 días de salario por año trabajado, con un mínimo de 36 mensualidades. La entidad quiere que los trabajadores den su brazo a torcer y asuman que este planteamiento no tiene lógica.
Por el momento, CaixaBank ha mejorado en una ocasión los términos económicos de su oferta. Las condiciones que ofrece es que los trabajadores de 56 años o más perciban, hasta cumplir los 63, un pago fraccionado correspondiente al 54% de su salario fijo -cuatro puntos porcentuales más que inicialmente-, además del pago del convenio especial con la Seguridad Social. Asimismo, contempla aspectos específicos para las personas de 52 o 53 años, que recibirían una indemnización del 50% del salario regulador multiplicado por 5,5. Para el resto de trabajadores, la indemnización sería de 35 días de salario por año de servicio -cinco días más que en la anterior propuesta-, con un tope de 24 mensualidades.
En cualquier caso, lo que sí que mantiene CaixaBank es el límite máximo de empleados mayores de 52 años que pueden adscribirse al plan de extinciones de contrato, que sigue fijado en el 60%, alegando que ello es necesario para preservar el equilibrio generacional y evitar que todas las salidas se concentren en el mismo tramo de edad. El banco teme que su plantilla quede descapitalizada y aboga por mantener a personas con amplia experiencia en el sector.
Estas posturas tan alejadas hacían descontar a los sindicatos que el periodo de negociación se ampliaría, puesto que legalmente debían de alcanzar un preacuerdo no más tarde del próximo jueves 10 de junio y las perspectivas no eran buenas. Aunque algunas agrupaciones veían suficiente una prolongación de solo quince días, valoran positivamente que la dirección haya decidido que se sigan produciendo reuniones durante tres semanas más. La representación de los trabajadores cree que esta prórroga se ha producido por la presión ejercida el lunes por la plantilla a través de un paro de una hora de duración, cuyo seguimiento habría ascendido al 86,7%, según sus datos. De hecho, se ha decidido desconvocar la huelga general de 24 horas que estaba previsto que se celebrase el próximo miércoles 9 de junio.
En BBVA quieren ser prudentes, pero no esconden su ventaja
El caso de la entidad presidida por Carlos Torres es diferente, aunque también requirió de la ampliación del periodo de negociación formal más allá del establecido legalmente. El acuerdo entre las partes debía de haber llegado el pasado viernes 4 de junio, pero se dieron unos días para valorar la última propuesta. A lo largo de este martes, BBVA y los sindicatos podrían llegar a firmar el texto, aunque reconocen que aún queda ajustar algunas cuestiones económicas y, sobre todo, que finalmente el banco acceda a la voluntariedad total. Este segundo aspecto es fundamental para los trabajadores del banco con sede en La Vela, ya que admiten que ya habrían firmado si no fuera por dicho obstáculo.
BBVA se ha plantado en un despido colectivo de hasta 2.935 trabajadores, frente a la 3.798 extinciones de un principio. También rebajó hasta 50 años el umbral a partir del cual los empleados adheridos al ajuste pueden prejubilarse y disminuyó de 15 a 10 años la antigüedad que tendrá en cuenta para las indemnizaciones. Sus términos económicos son: A aquellos entre 50 y 54 años les ofrece cuatro veces el 65% del salario, hasta un máximo de 250.000 euros, y un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 61 años, así como una prima de 2.000 euros por cada tres años de antigüedad y una prima de voluntariedad de 10.000 euros brutos (entre 10 y 15 años) o de 15.000 euros brutos (más de 15 años).
Los empleados de entre 55 y 62 años con más de 10 años de antigüedad podrán dejar el banco con el 70% del salario y un convenio especial hasta los 63 años, con una revalorización del 1%, descontada la prestación por desempleo y, en su caso, subsidio. La propuesta para los empleados de 63 años o más se mantuvo en el pago de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, mientras que mejoró la de los menores de 50 años y las personas con menos de 10 años de antigüedad a 33 días por año trabajado (con un tope de 20 mensualidades), prima de 2.000 euros por cada tres años de antigüedad y primas de voluntariedad de 5.000 euros brutos (entre 5 y 10 años), 10.000 euros brutos (entre 10 y 15 años) o 15.000 euros brutos (más de 15 años de antigüedad).
Manifestaciones y presión política
Las dos entidades han tenido que enfrentarse durante semanas a una plantilla enfadada con temor a que se aplicaran medidas unilaterales. Este clima ha llevado a los trabajadores a salir a la calle en decenas de paros parciales y huelgas generales pocas veces vistas en el sector. Pero además de las concentraciones en las calles, CaixaBank y BBVA han tenido que responder ante el propio Gobierno, que en numerosas ocasiones ha salido a la palestra creando un debate en torno a la necesidad de ser más flexibles. El Ministerio de Trabajo llegó a intervenir enviando dos escritos de advertencia.
El Ejecutivo, tal y como también ha expresado por escrito en el Congreso de los Diputados recientemente, ha exigido a las entidades la necesidad de actuar con responsabilidad y tratar de buscar todas las alternativas posibles que minimicen el impacto negativo sobre el empleo. Como consecuencia de sus mensajes, asegura que ha apreciado un cambio de actitud por parte de los líderes de estos bancos, habiéndose mostrado proclives a negociar con los representantes de los trabajadores.
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