Cellnex ha reservado en sus cuentas el coste del último plan de reestructuración de la plantilla en España que fue pactado el pasado mes de mayo. La gestora de infraestructuras de telecomunicaciones plantea una provisión de 22,5 millones de euros de pagos a corto y largo plazo para los hasta 55 empleados que saldrán en los próximos meses, a través de despidos y prejubilaciones para los mayores de 57 años. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pactado con la representación de la plantilla en el mes de mayo, está ligado a la nueva fase de mayor eficiencia financiera, para reducir deuda y mejorar el ‘rating’, y un crecimiento orgánico sin grandes operaciones de adquisición de activos.
La compañía dirigida ahora por Marco Patuano pactó con los representantes sindicales un ERE en las oficinas centrales de Barcelona y Madrid. En un primer momento se planteó una afección de 60 trabajadores, que finalmente se redujo a 55. Consistía en un plan de prejubilación para empleados más veteranos durante el periodo 2023-2026 -una cobertura equivalente al 75% de su retribución fija y variable anual hasta los 65 años-. Y, por otro lado, en un plan de bajas incentivadas, que tendrán una indemnización de entre 33 y 45 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades y un complemento en función de la antigüedad.
La compañía ha reservado en sus cuentas un total de 22,5 millones de euros que es el coste que estiman que podría implicar esta medida de recorte de la plantilla en España, según queda reflejado en sus cuentas semestrales presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según esa documentación, durante los seis primeros meses de este año no se había producido ninguna salida, pues se espera que éstas se lleven a cabo a partir del segundo semestre de 2023. En total se ha planteado el pago de 9,9 millones de euros a corto plazo y 12,6 millones a largo plazo (éste último previsiblemente vinculado al plan de prejubilaciones).
El plan, tal y como explica la compañía, está ligado a la estrategia anunciada por la firma en noviembre de 2022, planteada tras el cambio de la situación macroeconómica y que estará centrada en el crecimiento orgánico y basada en focalizarse en el ‘negocio core’ de los servicios de gestión de infraestructuras de telecomunicaciones sin ejecutar adquisiciones nuevas, adaptando la estructura “a la agrupación de países más pequeños para los que menos se necesitará recursos a nivel corporativo”, priorizándose los servicios compartidos. Espera que las eficiencias en los gastos operativos (conocidos por sus siglas en inglés ‘Opex’) de este ERE se empiecen a percibir a partir del ejercicio 2026.
El objetivo del plan de ajuste no es otro que tratar de reducir el endeudamiento para poder recuperar el grado de inversión en el rating de la agencia de calificación S&P (debe refinanciar 2.000 millones de euros en el año 2024). “Estamos haciendo que nuestra estructura sea más lineal”, aseguró a finales de julio ante los analistas el nuevo consejero delegado, Marco Patuano. “El coste de personal no es el principal factor de optimización, pero genera muchas complejidades”, apuntó el ejecutivo, que insistió en que van a poner en marcha un “proceso interno” de evaluación comparativa, pues la empresa “no siempre tiene el mismo nivel de eficiencia en todo el grupo y vamos a trabajar en ello”.
A finales del año 2021 se acordó también con los sindicatos de las filiales Retevisión, Tradia Telecom y On Tower un ERE para extinguir 208 contratos hasta 2025. Las modalidades eran las mismas: prejubilaciones y despidos incentivados. Se provisionaron 81 millones de euros para afrontar el coste. Y el objetivo era la priorización del negocio de la Infraestructura de Telecomunicaciones (TIS) frente a la radiodifusión que hasta hace unos años era la fuente de ingresos principal. Este recorte se suma al pactado en 2018 que supuso la salida de 175 trabajadores. Pese a todo, la evolución de la plantilla implica un crecimiento debido a las últimas operaciones de adquisición y la integración de las mismas. A cierre de 30 de junio se superaron los 3.000 puestos de trabajo frente a 2.900 de un año antes.
Las cifras hasta junio
Los números de esos primeros seis meses del año reflejan ese cambio progresivo en el modelo de crecimiento. La torrera cerró ese periodo con una subida de un 17% en las ventas -superando la barrera de los 2.000 millones de euros-, lo que supone un ritmo sensiblemente inferior a ejercicios anteriores marcados por las grandes compras de activos. El crecimiento orgánico, que es el que se genera con los activos existentes, sigue ganando algo de tracción. Las pérdidas se incrementaron hasta los 193 millones por las amortizaciones. Desde la compañía mantienen el objetivo de generar flujo de caja libre positivo a finales de este año.
La empresa afronta ahora esta etapa con una cúpula renovada. No sólo se ha completado la salida del consejero delegado y ‘alma mater’ del proyecto, Tobías Martínez, sino también se ha producido la dimisión del responsable financiero, José Manuel Aisa, con efectos desde el próximo 31 de octubre. También ha habido cambios en el accionariado. El grupo inversor Edizione, de la familia Benetton, ha querido dar un golpe sobre la mesa, insistiendo en que en esta nueva etapa la gestora española es un activo estratégico. Alcanzó un 9,9% superando por medio punto porcentual a TCI, el vehículo liderado por el inversor activista Chris Hohn.
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