CNMC exige a Santander ser convidado de piedra en el pacto de fibra con Orange

Es un acuerdo pionero para afrontar los costosos despliegues de redes de fibra óptica en territorio español. La filial de Orange suscribió un pacto con Banco Santander para que éste financiara la construcción de esta infraestructura para 3 millones de hogares a través de un ‘leasing' financiero sin precedentes en este sector. Ahora, unos meses después de la rúbrica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que ejerce la vigilancia en el sector de las telecomunicaciones, ‘bendice’ esta modalidad nueva pero exige a la entidad financiera que limite su papel a mero arrendador para así evitar incurrir en actividades reguladas y convertirse ‘de facto’ en una operadora. Una especie de convidado de piedra económico.

La alianza se anunció el pasado verano tras el primer impacto de la pandemia global del coronavirus en las cuentas de las principales telecos. Santander asumiría durante los primeros cuatro años el desembolso de cerca de 400 millones de euros para el despliegue de esos 3 millones unidades inmobiliarias en España. El fin último: posponer el grueso del coste económico. El dueño durante ese tiempo de los activos es la entidad presidida por Ana Botín, que se la alquila al grupo galo con una opción de compra. La duración mínima de estos contratos es de 10 años. El plan de la operadora es finiquitarlo tras el despliegue -en 2023- y desembolsar el dinero para hacerse con esos activos y consolidarlos en su balance.

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Al ser una fórmula financiera especialmente novedosa, Orange consultó a la CNMC qué implicaciones regulatorias podría tener la modalidad, puesto que el dueño formal de esta infraestructura es Banco Santander. ¿Existe el riesgo de que la entidad financiera sea considerada un operador regulado? El organismo presidido por Cani Fernández ha bendecido esta transacción y ha confirmado en un escrito aprobado a finales del pasado mes de marzo, consultado por La Información. Pero siempre bajo una condición indispensable: la gestión directa sobre esas unidades inmobiliarias debe correr a cargo del grupo francés.

Esta “total separación” entre el arrendador financiero y el arrendatario es clave. El regulador insiste en que la red de fibra ha de ser controlada únicamente por Orange, que es el que tiene el derecho de explotarlo económicamente con la venta de la conectividad a familias y empresas a través de sus paquetes convergentes y diferentes productos. “La sociedad financiera (Santander) deberá sólo percibir los rendimientos económicos derivados de la actividad financiera, es decir, las cuotas del arrendamiento”, asegura. La teleco insiste en que esa gestión será suya “pudiendo hacer un uso propio o ponerla a disposición de terceros operadores, sin que eso requiera la intervención de la entidad financiera”.

De esta forma, será sólo Orange (y no Santander) quien deba cumplir con las obligaciones regulatorias que impone la Ley General de Telecomunicaciones y el resto del ordenamiento jurídico, incluyendo, entre otras, su comunicación al Registro de operadores en España. Sólo habría una excepción a esta regla: si el banco llevara a cabo actividades de mantenimiento y conservación de las redes, como por ejemplo hacen subcontratas o compañías como la española Cellnex. Sin embargo, esto no se incluye en el pacto de las dos compañías.

Una fase de inversión

Con este posicionamiento de la Comisión, establecido en la contestación a Orange, se le da el visto bueno a la modalidad y, sobre todo, se pone negro sobre blanco respecto al impacto de estos acuerdos. Es probable que otras compañías sigan los pasos de Orange especialmente para esta última fase de despliegues de fibra, cuya inversión llega en un momento de fuerte endeudamiento de las empresas y, sobre todo, de batalla comercial especialmente en el segmento de bajo coste.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Asuntos Económicos, la cobertura con redes de al menos 30 megas por segundo alcanzaba el 94% de la población española a finales de 2019. Las ultarrápidas de más de 100 megas llegaban al 84% de los habitantes. El objetivo que se han marcado las compañías y el Gobierno es llegar al 100% en 2025 gracias, en parte, a los fondos europeos. Las operadoras están trabajando también un pacto para una oferta coordinada para sumar más de 4.300 millones.

Hasta ahora, los pactos a los que habían llegado las diferentes operadoras para afrontar estas inversiones eran a través de 'joint ventures' creadas con socios financieros para nuevas construcciones, como ha hecho Telefónica en Chile, Alemania o Brasil con KKR, Allianz o el fondo canadiense CDPQ. En la primera, pierde el control sobre la infraestructura -pues el fondo estadounidense alcanza el 60% de las acciones- y en las otras dos el capital -y el esfuerzo inversor- se reparte a partes iguales. O en el caso de Másmóvil, una venta pura de casi un millón de hogares en España, procedentes de los 'remedios' recibidos tras la compra de Jazztel por Orange en 2016, a las gestoras Macquaire y Aberdeen.