El Consejo de Estado ha finalizado el informe sobre la circular de distribución de gas de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que tiene en pie de guerra a las empresas del sector. El órgano consultivo del Gobierno ha mezclado cuidadosamente cal y arena. En general, respalda la rebaja de recortes que la CNMC planteó en la segunda versión de la circular tras sufrir fuertes presiones del sector y del Ministerio de Transición Ecológica. Pero insta a recalcular el tijeretazo -estimado ahora en 239 millones de media anual durante seis años- con nuevos criterios metodológicos y valores actualizados antes de diciembre. La circular entra en vigor en enero de 2021.
El informe del Consejo de Estado se queda a medio camino de las demandas del sector gasista. No tumba la segunda redacción de la circular, que redujo el recorte a las empresas distribuidoras del 18% a la mitad, pero cuestiona la base de los cálculos, que insta a reconsiderar en los próximos meses. El informe, según las fuentes consultadas, se alinea con los planteamientos generales del Ministerio de Transición Ecológica y tiene en cuenta los votos particulares de la vicepresidenta de la CNMC María Fernández y del consejero Benigno Valdés, críticos con la propuesta de recortes al gas que defendieron hasta el último momento el presidente de la Comisión, José María Marín Quemada y el exdirector de Energía de la CNMC, Fernando Hernández.
El órgano consultivo del Gobierno pone en vías de solución lo que se había constituido como un auténtico quiste desde que la CNMC lanzó, el pasado verano, un plan para recortar los ingresos de las distribuidoras de gas. El presidente de Competencia, Marín Quemada, defendió el plan de recortes máximo con un cambio del modelo de retribución -para basarlo en los activos y no en el número de clientes de las compañías-.En julio pasado, las empresas cuantificaban el tijeretazo en cerca de 3.000 millones en cinco años.
Congelación de inversiones
La polémica llegó a tal punto que las compañías afectadas amenazaron con congelar inversiones, acudir a los tribunales y reducir plantillas. De hecho, Nedgia, la filial de distribución de gas de Naturgy, aplica desde octubre una suspensión temporal de empleo para 300 de sus empleados. Una forma de mantener la presión. Madrileña Red de Gas, por su parte, mantiene la intención de acudir a los tribunales. La compañía que preside Pedro Mielgo pidió al Consejo de Estado un paréntesis de al menos 10 años para aplicar los recortes que impulsa el regulador.
El informe del Consejo es el último trámite antes de la aprobación de la circular por el pleno de la CNMC. Ahora, según las fuentes consultadas, la Comisión tendrá que incorporar algunas de las modificaciones técnicas que sugiere el órgano consultivo del Gobierno, entre ellas un refuerzo de la memoria que acompaña la circular para detallar el impacto en el sector. El proceso para llevar la norma al Boletín Oficial del Estado (BOE) ocupará aún semanas.
Son los últimos coletazos de un debate muy enconado y que ha durado meses. El Consejo de Estado cierra el proceso planteando un nuevo vistazo a las bases de cálculo del recorte. Un paso -medido- en la dirección que ya planteó la asociación de empresas gasistas Sedigás. La asociación cuestionó a los técnicos de la Comisión porque a la hora de calcular ratios de rentabilidad de las compañías consideraron al sector como un todo, sin tener en cuenta que engloba no sólo la actividad de distribución de gas -la más afectada por el hachazo-, sino también otros combustibles gaseosos, desde el butano a los gases que emplean los aparatos de aire acondicionado. Todo ello habría llevado a la CNMC a utilizar datos "contaminados" con los de otros sectores.
Números antiguos
Los números, alegan las empresas, son además antiguos. Como ejemplo esgrimen los utilizados en el cálculo del ROE (Return of Equity) -rentabilidad financiera- por sectores. Según consta en sus alegaciones, la CNMC ha utilizado datos de la Associació Catalana de Comptabilitat y Direcció (ACCID) que no son comparables, según la propia asociación citada. Y todo, señalan fuentes de las empresas, aderezado con datos de Eurostat de 2016.
También los analistas del Banco Santander destacaron la fragilidad de los cálculos de la CNMC en la circular del gas. En su examen sobre el impacto de los recortes en Naturgy -la mayor compañía distribuidora- Santander calificó la propuesta final de recortes como de "dudosa ortodoxia regulatoria". El análisis cuestionó la metodología aplicada -"el recorte de 239 millones [media anual] no está suficientemente justificado"- y destacó también el marco en el que los inversores deberán tomar sus decisiones: "Alto riesgo regulatorio y falta de justificación metodológica para el recorte de ingresos".
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