Las empresas llevan la guerra del gas de la CNMC hasta el Ministerio de Economía

Imagen de archivo de una planta de gas. (Foto: EFE)
Imagen de archivo de una planta de gas. (Foto: EFE)

La guerra del gas se extiende. La propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para recortar 3.000 millones de ingresos a las empresas del sector entre 2021 y 2026 no solo afecta al organismo regulador, en el que hay abierta una batalla interna. El incendio llega también al Ministerio de Transición Ecológica, al Consejo de Estado, que tiene que dictaminar sobre las circulares de la CNMC y hasta el Ministerio de Economía. La patronal gasista Sedigas tiene previsto reunirse esta semana con la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, para exponer sus argumentos contra los recortes.

Preguntado por la reunión, Economía se limita a señalar que no informa sobre las reuniones de trabajo que mantienen sus responsables en asuntos técnicos y en curso como los que afectan al gas. El encuentro, no obstante, ha sido confirmado por fuentes conocedoras del proceso.

La reunión prevista con Economía no es un contacto más. La CNMC está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, pero no puede dirigirse directamente al Consejo de Estado para que este organismo consultivo del Gobierno dictamine sobre sus propuestas como es preceptivo. Esa tarea le corresponde a Economía, que debe acompañar con un informe propio las circulares de Competencia que remita al Consejo de Estado. De ahí el interés de las empresas por trasladar sus argumentos contra los recortes a la secretaria de Estado de Economía y  Apoyo a la Empresa. 

Para el Consejo de Estado, los informes de Economía pueden ser un buen un gatillo de seguridad. Hace un mes, el organismo que encabeza la exvicepresidenta del Gobierno Maria Teresa Fernández de la Vega, rechazó admitir a trámite la petición de la CNMC para que el Consejo de Estado emitiera un dictamen sobre las circulares que tenía más avanzadas. Dejó claro que la solicitud tenía hacerla el Gobierno. Para el Consejo, el informe de Economía sobre los recortes que propone la CNMC será útil para considerar posibles reclamaciones de las empresas y de los inversores afectados. 

Un plan radical

La patronal gasista Sedigas planteará ante Economía el análisis que ya hizo ante la CNMC, en el que calificaba el plan de recortes de "inesperado y radical". Según las empresas, el mero anuncio de las rebajas ya habría afectado "negativamente no solo a las empresas gestoras de infraestructuras y su cotización y valoración de las agencias de 'rating', sino también al empleo, la inversión y el crecimiento". 

Las empresas han encendido el piloto rojo. Naturgy fue la primera en anunciar la suspensión de 300 empleos en la distribuidora Nedgia, un 30% de la plantilla. Pero entre empleo directo afectado -500 trabajadores- e indirecto -otros 10.000 instaladores-, el sector gasista ha puesto sobre la mesa de negociación a tres bandas el futuro de un 10% de los trabajadores que emplea.

Las más afectadas por la propuesta de la CNMC, pendiente de aprobación, son las pequeñas compañías. Las distribuidoras de menor tamaño - Madrileña de Gas, Nortegas y Gas de Extremadura han planteado en sus alegaciones ante la CNMC y en los contactos con responsables de Competencia que si mantiene el tijeretazo, las empresas corren riesgo de desaparición.

La industria aplaude

En el otro extremo, compañías siderúrgicas, empresas fabricantes de vidrio, papeleras, petroleras, empresas de cerámicas, químicas y textiles apoyan al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada por atreverse a meter la tijera. Las grandes industrias no solo quieren recortes, sino que los quieren ya. Nada de graduar el tijeretazo en cinco años.

Hasta 11 asociaciones ha solicitado al Gobierno que adelante a 2021 el recorte retributivo. Las alegaciones que han planteado ante la CNMC sostienen que adelantar el recorte a 2021 y aplicarlo en su totalidad ahorraría a los consumidores en ayudas injustificadas unos 1.500 millones de euros entre 2021-2026. La sobrerretribución a las empresas de transporte y distribución de gas en el periodo 2014-2020 alcanza los 5.000 millones de euros, según los grandes consumidores.

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