Los hermanos Ortigüela apenas aparecieron en la guerra del taxi. Son prácticamente unos desconocidos, pero durante años amasaron una fortuna. Se convirtieron en los reyes de las licencias VTC con Ares Capital, solicitando varios miles de ellas ante los tribunales después de detectar un agujero en la normativa tras la aprobación de la llamada 'Ley Ómnibus'. Ahora, tres años después de vender todas sus participaciones en su empresa por decenas de millones de euros, Hacienda la hace pasar por caja por primera vez. En total, casi medio millón de euros en dos inspecciones, correspondientes a los años previos a su salida. Ambas han sido abonadas en conformidad.
En concreto, según queda reflejado en la memoria anual referida al ejercicio 2018 recién presentada en el Registro Mercantil y consultada por La Información, los inspectores pusieron la lupa en el IVA el Impuesto de Sociedades de los años 2015 y 2016. Entre ambas investigaciones, la empresa tuvo que pagar a mediados de 2019 un total de 496.000 euros entre cuotas no abonadas a las arcas públicas, intereses de demora y sanción. Ambas actas levantadas son aceptadas y firmadas en conformidad por la dirección, dependiente en última instancia del 'hedge fund' King Street.
Esta es la primera sanción significativa que impone Hacienda a este grupo, conformado por más de un centenar de sociedades que fueron constituidas por los fundadores para ir alojando en cada una de ellas las licencias reclamadas por vía judicial y con las que operan en el sector VTC (a través de plataformas como Uber y Cabify). Al menos, es la primera vez en la última década que lo precisa en su memoria anual. Hay que tener en cuenta que quedan abiertos a inspección el resto de ejercicios, que ya son posteriores a la venta de los hermanos Ortigüela.
Ares Capital forma parte de todo un entramado societario tras la venta en los primeros meses de 2018. En aquel momento fue un fondo, King Street Capital, quien entró en escena en la compra de todos estos activos -casi 4.000 licencias entre las concedidas y las solicitadas ante los tribunales-. Pero no es el único accionista (ni los únicos que aparecen en el consejo de administración). En la lista completa hay algunos viejos conocidos en España como el empresario del sector de medios y presidente del banco Lazard, Jaime Castellanos, o Pedro del Corro García-Lomas, director general de Torreal y mano derecha de Juan Abelló.
El entramado empieza en España. Ares Capital 'cuelga' de una sociedad llamada Siargao Directorship, que tiene un consejo de administración prácticamente calcado y que también es el dueño de Moove Cars, la gestora de toda la flota, tanto de Ares como del resto de empresas adquiridas en este tiempo, y en la que también está como inversor Jon Riberas, copropietario de Gestamp. Siargao, a su vez, depende de otra llamada Garment Investment SL que, al final, tiene un dueño: Stone Peak Plum, con sede en Luxemburgo, cuyo 100% depende de otra firma en las Islas Vírgenes.
La venta al grupo de inversores liderado por el 'hedge fund' King Street fue a tres bandas. Uber, el gigante del transporte estadounidense, también tuvo un papel destacado, pues promovió el acuerdo con el objetivo de lograr un socio de largo plazo para el mercado español. De esta forma, la compañía se aseguraba hasta 4.000 licencias para operarlas en su plataforma y mucha más estabilidad. Por primera vez, Ares Capital desvela lo que facturó de la compañía norteamericana, para la que trabaja en exclusiva: 15,9 de los 18,5 millones de euros ingresados por servicios de transporte durante el año 2018. Es decir, menos del 20% procedía de servicios al margen de la plataforma. Debido a los márgenes estrechos y al crecimiento, perdió algo más de 5 millones.
Esa dependencia también generó problemas para Ares y para el grupo Moove Cars durante los primeros meses de 2019. ¿La razón? Uber decidió salir de Barcelona, después de que la Generalitat de Cataluña aprobara un decreto ley con el que se introducían restricciones importantes a la actividad. Principalmente, obligaba a un periodo de 15 minutos desde que se contratara hasta que se hiciera efectivo el servicio, algo que chocaba con la inmediatez que explotan plataformas como la de la estadounidense o la de la española Cabify. Pese a que, como reconoce en la memoria, sus estimaciones iniciales se centraban en una reapertura "en el corto plazo", esto aún no se ha producido.
Impacto del coronavirus
Ese impacto se circunscribiría a 2019. En 2020 ha habido un golpe mucho mayor para el sector: la pandemia global del coronavirus. Las restricciones a la movilidad han hundido por encima del 80% los servicios de las dos grandes plataformas y, por tanto, de sus gestores de flotas como Moove Cars y de los dueños de las VTC. Esta última presentó varios ERTE, algunos de los cuales no fueron aprobados por la autoridad laboral en Madrid. No fue la única, pues otras compañías del sector como Auro (del exjefe del taxi José Antonio Parrondo) o la propia Cabify (tras haber comprado las 2.000 licencias de Vector, antes en manos de Rosauro Varo) hicieron lo mismo.
La propia Uber también ha ejecutado importantes recortes para tratar de recortar las pérdidas. La compañía ha anunciado en dos paquetes un total de 6.700 despidos en todo el mundo. De ellos, una parte serán en España, donde hay una plantilla propia de apenas 100 empleados. Según confirmó la empresa en un correo interno, se inicia ahora un periodo de consultas para un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
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