Miles de hectáreas de superficie, millones de placas y poco empleo. Un grupo de expertos de Extremadura, la región que va a acoger las plantas de generación fotovoltaica más grandes de la UE, han denunciado la desproporción entre el despliegue energético que realizan las grandes compañías en la comunidad, especialmente Iberdrola y Endesa, y la creación de puestos de trabajo. El informe elaborado por catedráticos, ejecutivos e ingenieros, agrupados en el Club Sénior, detalla que el auge del negocio energético en la zona sólo ha supuesto la creación de 1.690 empleos estables.
El documento detalla que la mitad de la riqueza industrial de Extremadura corresponde a la producción eléctrica. Pero sólo supone un 5% del empleo industrial. La comunidad es la primera en energía fotovoltaica, segunda en nuclear, segunda en termosolar y tercera en potencia hidráulica instalada. De los 21.030 GW que produce, sólo consume 4.959 GW. El resto se destina a otras regiones. La región, en resumen realizado por la eléctrica Endesa "bulle" de proyectos, con 12 parques fotovoltaicos en construcción y 61 más en tramitación. Endesa (Enel Green Power) desarrolla proyectos en Cáceres, pero la compañía más implicada en el desarrollo energético en la Comunidad es Iberdrola.
La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán posee seis centrales hidroeléctricas (2.000 MW) en Extremadura, participa con mayoría en la central de Almaraz y es titular de los dos proyectos fotovoltaicos más grandes de Europa: la planta Francisco Pizarro (590 MW) en Torrecilla de la Tiesa (Cáceres) y la Núñez de Balboa (500 MW) en Usagre (Badajoz), finalizada en 2019. Tal capacidad productiva supone el 30% de todos los recursos industriales extremeños. El problema, según el documento que pide más implicación a la eléctrica y a las autoridades autonómicas en el desarrollo regional, es que la contribución directa de la gran compañía es "desequilibrada": 1.200 empleos.
Desolación, despoblación
El cooordinador del informe del Club Sénior Extremadura, Julián Barriga, resume el problema de la desproporción entre macroplantas y creación de puestos de trabajo. "Los grandes proyectos generan empleo mientras se instalan. Luego llega la desolación en las localidades y la despoblación" asegura. El análisis de los expertos (Luis Felipe de la Morena, Ricardo Hernández, José Jerez, Fernando J. López, Manuel Martín, Marcelo Muriel, José Ignacio Sánchez y Antonio Téllez) se alinea con los realizados por organizaciones de pequeños productores como la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).
La organización de productores ha solicitado a las administraciones locales y autonómicas que articulen, con carácter de urgencia, todas las medidas que sean necesarias para limitar la dimensión de los nuevos proyectos fotovoltaicos y ordenar la distribución territorial de los proyectos. Todo para avanzar en la implantación de generación fotovoltaica de forma más equilibrada. Se trata, afirman, de contener una explosión de riesgo: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establecía el objetivo de incorporar 26.134 MW de fotovoltaica en nuestro país entre 2021 y 2030; a día de hoy existe una potencia de acceso solicitada de 96.000 MW, 70.641 MW más de todo lo esperado.
La precupación es generalizada. La asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en España, UNEF, con una representatividad de más de 500 empresas -el 90% de la actividad del sector en España- ha adoptado medidas. La asociación pone voz a la práctica totalidad de la industria y ha aprobado por consenso adoptar medidas para asegurar la calidad "verde" en los planes de sus asociados.
Una iniciativa clave
Es una iniciativa clave en un momento crucial. España cuenta ya con el macroparque fotovoltaico más grande de Europa, con 495 MW, 200 MW más grande que su inmediato seguidor -en Francia- y cuenta con los tres parques en construcción con mayor potencia de cuantos se están instalando en el viejo continente, con 500 MW, 300 MW y 300 MW respectivamente. En breve, España tendrá cuatro de los cinco parques más grandes de Europa.
UNEF trata de anticiparse a los problemas. Por eso ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica y a las Comunidades Autónomas la puesta en marcha de Certificados de Excelencia en la Sostenibilidad Ambiental que tratan de garantizar la idoneidad de los proyectos, el mínimo impacto en el entorno y el mayor beneficio social en las zonas en las que se instalen. El certificado de garantía, perfilado durante un año en un grupo de trabajo en el que han participado los grandes del sector, contempla desde la prohibición de productos fitiosanitarios para controlar la vegetación hasta medios para garantizar el paso de la fauna. Prevé también la prohibición de construir en parques naturales, reservas o zonas protegidas y la obligación de prescindir del hormigón como plataforma para los paneles.
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