Orange asume un duro ajuste fiscal por el temor a una larga crisis en España

Más de un año con trimestres consecutivos en rojo en el negocio... y Orange no tiene buenas perspectivas para el mercado español. El segundo operador de telecomunicaciones en el país tras Telefónica ha ejecutado un ajuste fiscal de 50 millones de euros en su matriz francesa bajo la premisa de que las entradas de dinero en caja por la venta de sus productos serán menores y, por tanto, la tendencia seguirá siendo a la baja. Las razones: la crisis económica local; la fuerte pelea con sus rivales en el sector, especialmente en el segmento 'low cost', y, en menor medida, los efectos negativos en el terreno comercial de la crisis sanitaria de la Covid-19.

La compañía gala protagonizó un particular 'rally' durante la primera parte de la pasada década. Un crecimiento que le llevó a un sorpasso histórico a Vodafone, convirtiéndose en el segundo operador español por ingresos en el país. Pero esa buena marcha se vio truncada a mediados del año pasado cuando rebajó por primera vez sus ventas, acusando la llamada 'guerra del fútbol' y los fuertes descuentos desatados en el mercado tras la decisión de los británicos de no renovar la compra del fútbol un año antes. Desde esa fecha ha encadenado cinco trimestres consecutivos a la baja. El último es el que acabó en junio, caracterizado por la paralización de la actividad comercial ante el freno a las portabilidades y el confinamiento. Todos los operadores pasaron por dificultades. Y también Orange que se dejó casi un 7% (1.216 millones) y cifró en 70 millones de euros el impacto directo de la crisis sanitaria.

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Orange adelanta que los próximos meses tampoco van a ser buenos, algo que choca con la visión más optimista de Telefónica, que preveía 'brotes verdes' y una recuperación en la segunda parte del año. La matriz francesa explica en su informe semestral, recientemente presentado ante el regulador del país, que hace un ajuste fiscal después de revisar las proyecciones de negocio (flujos de caja). En concreto, hace un cargo de 50 millones de euros de impuestos diferidos, ante la menor visibilidad de poder ser compensados con ganancias próximas. A cierre de 2018, últimas cuentas presentadas en España, la filial contaba con 693 millones de euros en forma de activos por impuestos diferidos que corresponden a pérdidas (bases imponibles negativas) y otros ajustes (diferencias temporarias). "Se reconocen siempre que resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación", apuntaba.

En ese informe semestral del grupo se asegura que este cargo se reconoce para reflejar mejor, por un lado, el valor 'recobrable' de esos créditos fiscales. Pero no se queda ahí y alude a otros tres factores más. Uno es el "negativo impacto del contexto económico local" y, en menor medida, los efectos de la crisis sanitaria -lo más grave fue el confinamiento entre los meses de marzo y junio con la prohibición de la portabilidad y el cierre de las tiendas más allá de necesidades esenciales de los clientes-. En este sentido, el ya exCEO de la compañía, Laurent Paillassot, aseguraba tras los resultados del segundo trimestre que la crisis económica estaba pasando mucha factura a las pequeñas y medianas empresas. 

El otro gran factor es la pelea comercial con el resto de rivales. Se refiere a ello como la "competición en ofertas a clientes", pero no menciona al giro hacia el 'low cost' que preocupa a la operadora. "No nos va a ayudar a mantener el valor en el mercado cuando cada vez hay más presión en ese segmento", aseguraba Paillassot en julio. Y esa es la clave. Bien es cierto que las portabilidades sólo reflejan las pérdidas (o ganancias) de líneas móviles y fijas pero que no tienen una traducción lineal al negocio -se puede captar contratos a muy bajo precio precisamente por la presión comercial-. Pero sí que es un termómetro que ayuda a medir. Y aquí, los franceses han tenido a Másmóvil como su particular bestia negra. El cuarto operador, al que alquila su red desde hace varios años con un contrato mayorista, se ha convertido en una particular 'pesadilla': le robó la mitad de sus 295.000 líneas móviles perdidas durante los seis primeros meses del año. A esto han respondido con la incorporación de ofertas convergentes (fibra y móvil) para dos de sus tres marcas de bajo coste para tratar de competir ahí.

Sin ajustes de valoración

Pese a este ajuste en el lado fiscal, la compañía descarta sacar la tijera en el valor de su filial española, como si hiciera Vodafone en dos ocasiones en los últimos años. Según queda reflejado, llevó a cabo una revisión de todos los parámetros financieros y descartan hacer ningún tipo de recorte, aunque aseguran que seguirán vigilándolo de cerca aunque estiman que no hay un "nuevo riesgo significativo de deterioro a 30 de junio". En el caso de los británicos ejecutaron dos rebajas: 840 millones de euros en el primer trimestre del año y 2.900 millones a finales de 2018. La razón: "las difíciles condiciones comerciales y económicas en España".

Para tratar de dar la vuelta a esta situación, Orange ha nombrado a Jean-François Fallacher como nuevo consejero delegado. Se ha incorporado a su puesto a principios de este mes de septiembre, después de un periodo de transición junto a su antecesor, Laurent Paillassot. Proviene de la división de la teleco en Polonia, donde ha logrado darle la vuelta a la cuenta de resultados y recuperar tanto los ingresos como la rentabilidad. Tendrá el reto de navegar en un momento especialmente delicado para el sector de las telecos y con una ola de consolidación en el horizonte.

El resto de sus competidores, a excepción de Másmóvil, no pasan precisamente por un buen momento. El mercado se ha polarizado, con un segmento premium especialmente copado por Telefónica y un 'low cost' donde todos se pelean por tratar de ganar su puesto pese a unos márgenes mucho más estrechos. Tanto Orange, como el resto han vivido meses especialmente duros en bolsa, con caídas significativas y malas previsiones de los analistas.