La gran fusión de las operadoras de telecomunicaciones en España llega a la meta. Casi dos años desde que se firmara el primer acuerdo de negociación, Orange y Másmóvil culminan el periplo en Bruselas con la autorización esperada pero con un peaje relevante en concesiones. El foco se coloca a partir de marzo, cuando se obtengan los últimos flecos regulatorios, en los ajustes de estructura que se tendrán que abordar en los próximos meses, en primer término en los equipos directivos. En la plantilla sigue habiendo una preocupación creciente ante potenciales despidos.
Las medidas correctoras han pasado el duro filtro de Bruselas. La Comisión Europea ha autorizado la unión en una joint venture al 50% gracias a que se han puesto sobre la mesa dos acuerdos -uno de venta de espectro y otro de acceso de red móvil- que dan fuerza a Digi como cuarto operador. Ahora sólo quedan trámites menores con el Gobierno: la autorización por la Secretaría de Estado del cambio de manos del espectro y la comunicación al Banco de España por la entidad conjunta de Másmóvil con Cetelem. Por último debe pasar el tamiz del Consejo de Ministros en base al llamado 'escudo antiopas'.
El plan pasa por funcionar como una única empresa cuando se consigan esos trámites, que deberían estar finiquitados a lo largo del mes de marzo, según la planificación sobre la mesa en ambas cúpulas. Por tanto, lo previsible es que esa operación conjunta arranque el día 1 de abril. Esto implicará la unión más o menos 'dura' de las dos estructuras, pese a que sea una sociedad conjunta al 50%. Ya en los últimos meses se han ido completando los primeros pasos, como avanzó La Información, con la creación de la sociedad limitada conjunta por parte de los fondos dueños de la mayoría de Másmóvil.
Hay dos nombramientos que ya están decididos desde hace un tiempo: el consejero delegado de la fusionada será Meinrad Spenger, cofundador y actual líder de Másmóvil, mientras que el responsable financiero será Ludovic Pech, actual CEO de Orange España. El consejo de administración será paritario y estará presidido por Jean François Fallacher por parte de Orange. El hoy cuarto operador tendrá más peso ejecutivo en esta primera fase de la 'joint venture', con el incentivo de los fondos de hacer más grande la empresa para hacer más relevantes las plusvalías en el previsible caso de salida a partir del año 2026, cuando los galos tomen el control.
Más allá de las elecciones del nuevo comité de dirección y la segunda 'capa' directiva, lo que ha quedado patente es que habrá ajustes significativos en los equipos directivos por los solapamientos y duplicidades que se generarán con la unión. La propia CEO global de Orange insistió en que habrá sinergias relevantes, no sólo en el gasto operativo (Opex) sino en la inversión (Capex). También habrá ahorros en el área de marketing y ventas. Habrá recortes en posiciones ejecutivas. En las próximas semanas se irán desvelando planes en este sentido.
En la plantilla sigue habiendo un temor creciente a potenciales despidos -el grupo nace con una deuda significativa-. Hay que tener en cuenta que el equipo conjunto sumaría más de 7.500 puestos de trabajo directos -al margen de las subcontratas-. También es cierto que los clientes conjuntos se dispararán y se convertirán en la operadora con la cifra más alta en este aspecto. Los sindicatos ya exigieron a la Comisión -en un movimiento con poca eficacia real pero sintomático de la preocupación- que planteara condiciones vinculadas al empleo para autorizar la transacción, con el fin de blindar los puestos de trabajo.
Ante esa inquietud en la plantilla, el único posicionamiento público desde los equipos directivos ha sido el que ha pronunciado en las últimas presentaciones de resultados de Ludovic Pech. Preguntado por potenciales despidos se ha limitado a asegurar que las sinergias que se han planteado -450 millones a partir del 2028- se limitan sólo al ámbito industrial con los ahorros por establecer una sola red móvil y fija como uno de los ejemplos más relevantes. Aún así, desde la plantilla siguen existiendo muchas dudas, según apuntan fuentes internas en ambos lados, pues entienden que en ningún momento, por ninguna de las partes, se ha descartado por completo un recorte laboral.
Todas las grandes compras y fusiones en el sector en España han desembocado en expedientes de regulación de empleo (ERE) relevantes excepto el caso de Euskaltel con Másmóvil -este sólo implicó algunos cambios en el equipo directivo y salidas puntuales-. La compra de Jazztel y la de ONO por Orange y Vodafone acabó en dos recortes de 496 y 1.59 trabajadores, respectivamente. Al margen de las uniones, Telefónica ha llevado a cabo tres planes de bajas y un ERE en los últimos ocho años.
Reorganización de marcas
Otro de los trabajos que tendrán por delante en los próximos meses es la reorganización de las marcas. Másmóvil incorpora a la 'joint venture' hasta once enseñas: Másmóvil, Yoigo, Llamaya, Lebara, Pepephone, Lycamobile, Guuk, Virgin, Euskaltel, R y Telecable. Orange aportará otras tres: la principal, Jazztel y Simyo. El propio Spenger ha dejado caer ante analistas en los últimos meses la posibilidad de fusionar alguna firma del 'low cost' aunque aún no se ha movido ficha. Lo previsible es que haya una reducción de este portfolio, precisamente para lograr esas sinergias comerciales que se esperan. Deberá haberla también en el terreno de los acuerdos comerciales de distribución de seguros, después de que la propia Másmóvil engordara el 'sudoku' de alianzas después de firmar una con Mapfre.
Los efectos de la fusión en el mercado se verán con el tiempo. Los analistas insisten en su gran mayoría que no habrá cambios relevantes en la competencia -con Digi asumiendo más protagonismo, más inversión y más activos-. Todas las telecos llegarán a la pugna 'post-fusiones' con deudas elevadas. Lo que queda claro es que Telefónica pierde el cetro de la operadora con mayor número de clientes, lo que podría llevar a una desregulación aún más significativa del mercado. Pero eso llegará después de los ajustes de estructuras que se vivirán en el corto plazo.
